La exdiputada provincial quedó detenida por 60 días en la causa que investiga presuntas irregularidades en el Molino Fénix y la Casa de la Música de Villa Mercedes. Su defensa propuso una caución millonaria y restricciones para que continuara en libertad, pero la Justicia consideró que esas medidas no alcanzaban para garantizar el proceso.
La causa Molino Fénix sumó un nuevo capítulo de fuerte repercusión en Villa Mercedes y San Luis. El juez de Garantía Nº 4, Santiago Ortiz, dispuso este lunes 24 de agosto la prisión preventiva por 60 días de Anabela Lucero, Enzo Lucero y Exequiel Scarel, luego de una audiencia que se extendió durante aproximadamente siete horas.
Antes de que se resolviera su situación, la defensa de Anabela Lucero intentó evitar que la exdiputada fuera enviada al penal. Entre las alternativas planteadas ofreció una caución de $4 millones, la prohibición de salir de la provincia de San Luis, no acercarse al Complejo Molino Fénix y someterse a mecanismos de vigilancia.
El magistrado rechazó esas opciones. Entre los argumentos considerados para mantener la medida más restrictiva aparecieron la pena en expectativa, el posible riesgo de fuga, la eventual intervención de terceras personas y la existencia de medidas de prueba todavía pendientes, especialmente pericias contables que serán determinantes para conocer el alcance económico definitivo de la causa.
Luego de la resolución, Lucero fue trasladada desde Villa Mercedes hasta el Servicio Penitenciario Provincial de San Luis junto con los otros dos imputados alcanzados por la prisión preventiva. El ingreso al penal se concretó durante la noche del lunes.
Una investigación que apunta a más de $900 millones
Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal consiguió ampliar la formulación de cargos contra Anabela Lucero, Joaquín Beltrán, Enzo Lucero, Exequiel Scarel y Diego Torres. Las imputaciones incluyen, de manera provisoria, administración fraudulenta, asociación ilícita y ocultamiento o destrucción de evidencia.
De acuerdo con la acusación fiscal, Lucero y Joaquín Beltrán fueron imputados como presuntos jefes de la asociación ilícita, mientras que los demás acusados quedaron señalados como presuntos partícipes necesarios. Se investigan hechos que habrían ocurrido entre 2020 y 2023 en la administración del Molino Fénix y la Casa de la Música.
La Fiscalía estima hasta el momento un presunto perjuicio para el Estado provincial superior a los $900 millones, aunque aclaró que el número todavía no es definitivo porque resta concluir el informe contable. El fiscal José Olguín sostuvo además que la investigación reúne múltiples hechos y que todavía podría ampliarse a otras personas.
Según lo expuesto por la acusación, se analizan contrataciones directas, facturación presuntamente falsa y movimientos de fondos públicos que habrían beneficiado a terceros. La Fiscalía también informó que relevó 116 cheques dentro de una parte de la investigación y sostuvo que únicamente cuatro presentaban una situación considerada regular. Estas afirmaciones forman parte de la hipótesis fiscal y deberán ser probadas durante el proceso.
Joaquín Beltrán, el desafuero y la defensa de Lucero
Otro punto central de la causa involucra al actual diputado provincial Joaquín Beltrán. El Ministerio Público Fiscal solicitó formalmente su desafuero para poder avanzar con el pedido de prisión preventiva. Mientras conserve sus fueros parlamentarios, la situación deberá pasar por la Cámara de Diputados de San Luis antes de que pueda hacerse efectiva una medida de ese tipo.
En cambio, Diego Torres continuará en libertad sujeto a reglas de conducta. La Fiscalía destacó que, a diferencia de los otros acusados, permaneció a disposición de la Justicia y respondió a las citaciones realizadas durante la investigación.
Durante la extensa audiencia, Anabela Lucero negó las acusaciones y sostuvo que es víctima de una persecución política. La exdiputada defendió su inocencia y cuestionó el accionar de la Fiscalía antes de que el juez resolviera su traslado al penal.
La investigación sobre el Molino Fénix de Villa Mercedes tiene además antecedentes documentados en información pública provincial: los estados contables oficiales correspondientes a 2023 dejaron asentada la existencia de una denuncia penal relacionada con presuntas irregularidades y mencionaron a varios de los actuales imputados. La causa continúa abierta y las responsabilidades penales deberán determinarse judicialmente, por lo que todos los acusados mantienen su estado de inocencia hasta que exista una sentencia firme.
Redacción InfoVidaSanLuis