Joaquín Beltrán, Anabela Lucero, Enzo Lucero, Diego Torres y Exequiel Scarel comparecieron este lunes ante la Justicia. La Fiscalía avanzará con la ampliación de cargos en una causa que investiga presuntas irregularidades en el manejo de bienes y fondos públicos.
Los cinco imputados en la causa Molino Fénix se presentaron este lunes 24 de agosto ante la Justicia y comenzó una nueva audiencia considerada clave para el avance de la investigación. La instancia se desarrolla ante el Juzgado de Garantía N.º 4 de Villa Mercedes, a cargo del juez Santiago Ortiz.
En el recinto están convocados Joaquín Beltrán, Anabela Lucero, Enzo Lucero, Diego Torres y Exequiel Scarel. El encuentro judicial había generado una fuerte expectativa porque la Fiscalía pretende avanzar con una ampliación de la formulación de cargos a partir de nuevas evidencias incorporadas al expediente.
La audiencia había sido fijada para este lunes luego de que la instancia del jueves 20 de agosto no pudiera avanzar con la ampliación prevista. El juez Ortiz estableció entonces que los acusados debían comparecer y advirtió que, ante una nueva inasistencia, podía disponerse su traslado mediante la fuerza pública.
La causa investiga presuntas irregularidades en la administración del Complejo Molino Fénix y la Casa de la Música, en Villa Mercedes. El expediente incluye el análisis del uso de bienes, vehículos, personal, combustible y recursos públicos durante la anterior administración, además del presunto retiro de documentación y elementos pertenecientes al Estado.
Fiscalía busca ampliar las acusaciones
La investigación está encabezada por el fiscal José Olguín, quien sostuvo que los nuevos elementos reunidos permiten profundizar distintas líneas de investigación. Según informó este lunes Radio Universidad Nacional de San Luis, el fiscal habló de un perjuicio económico que estima cercano a los $1.000 millones dentro de una de las líneas investigadas y señaló que se analiza un universo de aproximadamente 800 cheques.
Olguín también explicó que se investiga una presunta estructura en la que habrían intervenido empresas, facturación y cheques endosados, elementos que serán materia de discusión judicial y cuya responsabilidad deberá determinarse durante el proceso. La Fiscalía pretende incorporar, entre otras figuras, la de asociación ilícita.
Actualmente, Joaquín Beltrán y Anabela Lucero se encuentran imputados por peculado, administración fraudulenta, malversación de caudales públicos y abuso de autoridad. Por su parte, Enzo Lucero, Diego Torres y Exequiel Scarel fueron imputados por peculado y administración fraudulenta, de acuerdo con las participaciones atribuidas provisoriamente por la acusación.
Todas estas acusaciones se encuentran dentro de un proceso penal todavía en trámite. Los imputados conservan el principio de inocencia y será la Justicia la que deberá determinar responsabilidades una vez producidas y discutidas las pruebas correspondientes.
Una causa que lleva más de dos años de investigación
El expediente comenzó a partir de una denuncia presentada el 31 de enero de 2024, después del cambio de administración provincial. En aquella presentación se denunciaron presuntos faltantes de equipos, computadoras, documentación y mobiliario, además de otras irregularidades detectadas en el funcionamiento del complejo cultural villamercedino.
Durante la investigación se realizaron allanamientos, secuestros de dispositivos electrónicos, peritajes sobre teléfonos, análisis de cámaras de seguridad e informes contables. Parte de ese material es considerado relevante por la Fiscalía para sostener la nueva etapa de la acusación.
La semana pasada, el juez Ortiz también autorizó una prórroga de seis meses de la Investigación Penal Preparatoria, luego de un pedido realizado por la Fiscalía. El Ministerio Público sostuvo que necesitaba más tiempo debido a la aparición de nuevos hechos y al volumen de evidencias que todavía deben analizarse.
La atención está puesta ahora en lo que resuelva la Justicia durante esta jornada. La audiencia del caso Molino Fénix puede marcar un nuevo punto de inflexión en una de las investigaciones judiciales de mayor repercusión de los últimos años en Villa Mercedes y San Luis.
Redacción InfoVidaSanLuis