La investigación por presuntas irregularidades en el Molino Fénix y la Casa de la Música de Villa Mercedes sumó nuevos hechos y acusaciones. Fiscalía de Estado explicó el alcance de las prisiones preventivas por 60 días, mientras la investigación fue prorrogada otros seis meses. También avanza el procedimiento relacionado con los fueros del diputado Joaquín Beltrán.
El caso Molino Fénix atraviesa uno de sus momentos judiciales más importantes desde que comenzó la investigación. El abogado Flavio Ávila, representante de Fiscalía de Estado como querellante, brindó nuevas precisiones sobre el expediente y explicó que actualmente la causa ya comprende 12 hechos bajo investigación, según lo expuesto en las últimas actuaciones.
La Justicia dispuso 60 días de prisión preventiva para la exdiputada provincial Anabela Lucero, Enzo Lucero y Exequiel Scarel. La decisión fue adoptada por el juez del Juzgado de Garantía Nº4, Santiago Ortiz, después de una audiencia que se extendió durante aproximadamente siete horas.
Es importante diferenciar los plazos: los dos meses corresponden a la prisión preventiva, mientras que los seis meses son la nueva extensión concedida para continuar con la Investigación Penal Preparatoria. Esa prórroga había sido solicitada por el fiscal de Instrucción José Olguín debido a la aparición de nuevos hechos y a la complejidad alcanzada por el expediente.
Ávila acompañó el pedido del Ministerio Público Fiscal y sostuvo que se está frente a una investigación compleja, tanto por el número de imputados como por la cantidad de operaciones, documentación, movimientos económicos y hechos que deben reconstruirse. El representante de Fiscalía de Estado remarcó además que el objetivo de las medidas cautelares es proteger la investigación y no anticipar una condena.
Qué investiga la Justicia en el Molino Fénix
La causa se inició por presuntas irregularidades detectadas después del cambio de autoridades en el Complejo Molino Fénix de Villa Mercedes. En marzo de 2025, la Fiscalía había presentado inicialmente una acusación basada en diez hechos vinculados, entre otros puntos, con bienes, fondos, vehículos y recursos pertenecientes al Estado provincial.
Con el avance de las pericias, testimonios y análisis de teléfonos y documentación, el expediente incorporó nuevas líneas investigativas. La hipótesis del Ministerio Público Fiscal sostiene que podría haber existido una estructura organizada destinada a direccionar recursos públicos mediante distintas operaciones. Son acusaciones que todavía deben ser probadas judicialmente.
Una de las líneas más sensibles apunta a distintas sociedades que habrían emitido facturas al Molino Fénix. Según la exposición realizada por el fiscal José Olguín, algunas personas que figuraban vinculadas a esas firmas declararon posteriormente que desconocían determinados aspectos de la constitución o funcionamiento de las empresas.
La Fiscalía también analiza el circuito de cheques emitidos desde el organismo, quiénes terminaron cobrándolos y cuál fue el destino final de esos fondos. En esa investigación se dispusieron medidas destinadas a obtener información fiscal, bancaria y bursátil de sociedades, personas investigadas e imputados.
Las nuevas acusaciones y las prisiones preventivas
Durante la última audiencia, la Justicia hizo lugar a una ampliación de cargos contra Anabela Lucero, Joaquín Beltrán, Enzo Lucero, Exequiel Scarel y Diego Torres por presunta administración fraudulenta y ocultamiento o destrucción de elementos que podrían servir como evidencia.
Además, se admitió provisoriamente la formulación vinculada con una supuesta asociación ilícita. De acuerdo con la teoría presentada por la Fiscalía, Lucero y Beltrán habrían tenido roles de conducción, mientras que los demás investigados fueron señalados como presuntos partícipes necesarios. Estas calificaciones continúan sujetas al proceso judicial.
Entre los elementos mencionados por la acusación aparecen presuntas maniobras de eliminación o destrucción de evidencia, incluyendo documentación, archivos informáticos y material almacenado en dispositivos electrónicos. La Fiscalía considera que estas situaciones son relevantes al momento de evaluar los riesgos procesales.
La prisión preventiva no constituye una declaración de culpabilidad. Anabela Lucero, Enzo Lucero y Exequiel Scarel mantienen el estado constitucional de inocencia y podrán cuestionar las medidas mediante las vías procesales correspondientes. Las defensas ya realizaron distintos planteos y cuestionaron aspectos de la investigación y de la evidencia incorporada.
El caso del diputado Joaquín Beltrán
La situación del diputado provincial Joaquín Beltrán tiene una particularidad: por su condición de legislador posee fueros parlamentarios. Por ese motivo, antes de avanzar con determinadas medidas de coerción deberá cumplirse el procedimiento institucional correspondiente.
El Ministerio Público Fiscal y Fiscalía de Estado solicitaron avanzar con su desafuero para que pueda quedar sujeto a una eventual medida equivalente a la dispuesta contra otros investigados. La decisión sobre los fueros involucra ahora a la Cámara de Diputados de San Luis.
En cambio, Diego Torres, otro de los cinco imputados, continúa en libertad bajo las condiciones fijadas judicialmente. La situación procesal de cada acusado es diferente y puede modificarse a medida que se incorporen nuevas pruebas y se resuelvan los planteos de las partes.
El expediente tendrá todavía varios meses de investigación. El juez Ortiz autorizó la segunda prórroga extraordinaria de la etapa preparatoria por seis meses, luego de que el Superior Tribunal de Justicia resolviera que correspondía al magistrado natural de la causa decidir sobre ese pedido.
Una causa que sigue creciendo en Villa Mercedes
La investigación busca determinar si existió un esquema destinado a utilizar fondos y bienes públicos para finalidades diferentes a aquellas para las que estaban asignados. Entre las cuestiones analizadas aparecen vehículos, combustible, mobiliario, equipamiento, documentación, contrataciones y movimientos de dinero relacionados con el complejo cultural.
También hay pericias sobre teléfonos celulares y otros dispositivos. Durante los últimos meses se incorporaron audios y material obtenido de equipos secuestrados, mientras las defensas plantearon cuestionamientos relacionados con la cadena de custodia y la utilización procesal de parte de esa evidencia.
Para Villa Mercedes, el caso tiene un fuerte impacto porque el Molino Fénix y la Casa de la Música forman parte de uno de los principales espacios culturales de la ciudad. La investigación gira alrededor del manejo de recursos pertenecientes al Estado provincial y, por lo tanto, del dinero y patrimonio de todos los sanluiseños.
Ahora comienza una nueva etapa: la Fiscalía contará con otros seis meses para profundizar las medidas de prueba, mientras las defensas podrán continuar cuestionando las acusaciones y las decisiones judiciales. Ninguno de los imputados puede ser considerado culpable mientras no exista una sentencia firme, y será la Justicia la que deberá determinar qué hechos lograron probarse y qué responsabilidad corresponde a cada persona investigada.
Redacción InfoVidaSanLuis