La Justicia Civil determinó que la toma de posesión del establecimiento rural fue “violenta, clandestina e indebida”. La resolución se dictó en el marco de una demanda presentada por los productores y se vincula con la investigación por la cosecha de 2.000 hectáreas de maíz valuadas en alrededor de 2 millones de dólares.
Un nuevo capítulo se abrió en la causa conocida como El Caburé, luego de que la Justicia Civil emitiera una resolución que coloca al Gobierno de San Luis en una situación judicial compleja. La jueza Cinthia Fernández Paz concluyó que la toma de posesión del establecimiento rural fue “violenta, clandestina e indebida”, en el marco de una demanda impulsada por los productores que explotaban el campo.
El pronunciamiento judicial se refiere exclusivamente al proceso civil relacionado con la posesión del inmueble y constituye un antecedente relevante dentro del conflicto que desde hace meses involucra al Estado provincial y a los productores rurales. La decisión no resuelve la totalidad del caso, pero representa un elemento de peso para el desarrollo de las actuaciones judiciales.
En paralelo, la causa continúa bajo investigación por la desaparición o presunto robo de la producción obtenida en unas 2.000 hectáreas de maíz, cuyo valor comercial fue estimado en aproximadamente 2 millones de dólares. Ese episodio dio origen a distintas actuaciones judiciales destinadas a determinar qué ocurrió con la cosecha y quiénes podrían tener responsabilidades.
El expediente ha despertado un fuerte interés público debido a la magnitud económica del conflicto y a la participación de organismos estatales. Tanto la investigación penal como las acciones civiles avanzan por carriles diferentes, aunque comparten hechos vinculados al establecimiento rural El Caburé.
Especialistas en derecho explican que una resolución de estas características puede tener incidencia en las etapas posteriores del proceso, ya que fija una posición judicial sobre la forma en que se produjo la ocupación del inmueble. Sin embargo, las eventuales responsabilidades civiles, administrativas o penales deberán resolverse en los expedientes correspondientes y respetando el debido proceso.
Mientras tanto, las partes continúan presentando pruebas y planteos ante la Justicia. El avance de las investigaciones permitirá esclarecer los hechos y definir las responsabilidades que pudieran surgir, en una causa que continúa siendo una de las más relevantes de la actualidad judicial en San Luis.
Redacción InfoVidaSanLuis