La medida afecta a empresas de transporte de larga distancia que brindaban boletos sin cargo a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños con cáncer.
El Gobierno nacional oficializó un nuevo cambio en materia de Discapacidad y transporte al eliminar el sistema de compensaciones económicas que recibían las empresas de micros de larga distancia por otorgar pasajes gratuitos a personas alcanzadas por distintos regímenes de protección social.
La decisión quedó establecida mediante la Resolución 28/2026 publicada en el Boletín Oficial, donde se determina el fin de los subsidios estatales destinados a cubrir parcialmente los costos de los boletos gratuitos otorgados por las compañías de transporte interjurisdiccional.
La medida impacta directamente sobre los beneficios contemplados en las leyes vinculadas a personas con Discapacidad, pacientes trasplantados o en lista de espera para trasplantes y también niños y adolescentes con cáncer que accedían al servicio gratuito para trasladarse a diferentes puntos del país.
Desde el Ejecutivo nacional señalaron que el nuevo esquema elimina el régimen vigente desde 2018, el cual permitía que el Estado compensara económicamente a las empresas de transporte por los pasajes sin cargo entregados a los beneficiarios.
La normativa alcanza específicamente a los derechos establecidos en la Ley 22.431 de protección integral para personas con discapacidad, la Ley 26.928 destinada a pacientes trasplantados y la Ley 27.674 de protección para niños, niñas y adolescentes con cáncer.
Con esta resolución, las empresas de transporte ya no recibirán aportes estatales por esos boletos gratuitos, generando preocupación entre organizaciones vinculadas a la inclusión y asociaciones que trabajan con pacientes y familias afectadas.
El anuncio generó repercusiones en distintos sectores sociales debido al posible impacto que podría tener sobre el acceso al transporte para personas que requieren viajar por tratamientos médicos, estudios o controles de salud en diferentes provincias argentinas.
La medida forma parte del plan de reducción del gasto público impulsado por el Gobierno libertario y se suma a otras decisiones vinculadas a recortes en áreas sociales y programas de asistencia estatal.
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