La administración nacional impulsa nuevas medidas económicas que buscan reducir costos, aumentar la competitividad y flexibilizar distintos sectores clave de la economía argentina.
El Gobierno nacional avanza en la elaboración de un nuevo paquete de desregulación económica que incluirá modificaciones en la libre navegación fluvial, el mercado inmobiliario, el sector de seguros y el sistema financiero. El proyecto es impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger y podría ser enviado al Congreso en las próximas semanas.
Entre las principales iniciativas aparece la reforma del decreto-ley de cabotaje, que actualmente reserva el comercio y la navegación entre puertos argentinos exclusivamente para embarcaciones de bandera nacional. La propuesta oficial busca habilitar el ingreso de barcos extranjeros para operar en los ríos interiores del país y flexibilizar las condiciones laborales vinculadas al sector.
Desde el Ejecutivo sostienen que la normativa vigente encarece significativamente los costos logísticos, especialmente para productores del norte argentino y las provincias mesopotámicas. Según explicaron, permitir el ingreso de embarcaciones internacionales mejoraría la competitividad y reduciría el valor del transporte de mercaderías.
El Gobierno argumenta además que las restricciones actuales contradicen el artículo 26 de la Constitución Nacional, que establece la libre navegación de los ríos interiores para todas las banderas, bajo regulación nacional. La iniciativa también contempla que empleados de empresas extranjeras no queden alcanzados por convenios colectivos argentinos.
Cambios en el mercado inmobiliario y el sistema financiero
Otro de los puntos centrales del paquete impulsado por el oficialismo apunta al mercado inmobiliario. La reforma prevé eliminar la matriculación obligatoria, los honorarios mínimos y varias barreras de ingreso a la actividad. De aprobarse, cualquier persona podría participar en operaciones inmobiliarias sin necesidad de contar con formación profesional específica.
En el Gobierno consideran que estas modificaciones aumentarán la competencia y permitirán la incorporación de nuevos actores al sector inmobiliario argentino. La medida podría generar un fuerte debate con colegios profesionales y cámaras vinculadas al rubro.
El paquete también incluiría reformas en la industria de los seguros y en distintos instrumentos financieros. El objetivo oficial es reducir el costo del crédito y facilitar el acceso al financiamiento para pequeñas y medianas empresas de todo el país.
Fuentes cercanas al proyecto indicaron que la iniciativa ya estaría finalizada en un 95% y podría integrar el listado de diez proyectos económicos que el Gobierno planea anunciar próximamente. Entre ellos también aparece el denominado super-RIGI, una de las apuestas fuertes del oficialismo para incentivar inversiones.
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