El Ejecutivo estableció los mecanismos para aplicar el nuevo Régimen Penal Juvenil. La reforma permitirá que los adolescentes de 14 años puedan ser judicializados por delitos previstos en el Código Penal. Además, el Ministerio de Justicia quedará a cargo de coordinar el esquema.
El Gobierno reglamentó este lunes el nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley 27.801, que alcanza a adolescentes desde los 14 años hasta las cero horas del día en que cumplen 18, cuando sean imputados por un delito.
En esa línea, entre sus principales objetivos se encuentran coordinar las políticas vinculadas con los adolescentes imputados, garantizar el seguimiento de las medidas judiciales y articular acciones con las distintas jurisdicciones del país.
Uno de los puntos centrales es que la edad de imputabilidad de 14 años fue establecida por el Congreso al sancionar la Ley 27.801 y no por el decreto reglamentario.
El nuevo sistema contempla distintas respuestas judiciales y no establece que todos los adolescentes involucrados en delitos deban cumplir una pena de prisión. Entre las alternativas aparecen la amonestación, restricciones de contacto o circulación, trabajos o servicios en beneficio de la comunidad, monitoreo electrónico y reparación del daño causado.
En los casos en que se determine una pena privativa de la libertad, la normativa establece que no podrán aplicarse penas de reclusión o prisión perpetua. El máximo previsto para los adolescentes alcanzados por el régimen será de 15 años, de acuerdo con las disposiciones establecidas por la nueva legislación.
Para los procesos de competencia nacional ordinaria y federal se creó dentro del Ministerio de Justicia el Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil. Los profesionales deberán contar con formación en áreas como educación, pedagogía infantojuvenil, psicología o trabajo social, además de experiencia profesional y capacitación específica en justicia penal juvenil.
Finalmente, el decreto creó un Comité Interministerial del Régimen Penal Juvenil y una Mesa Federal para coordinar políticas entre Nación, provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Además, las sentencias firmes serán comunicadas al Registro Nacional de Reincidencia, que contará con una sección especial y reservada para los adolescentes alcanzados por la Ley 27.801.