La Justicia investiga posibles irregularidades en contratos de consultoría vinculados a la empresa de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni.
El juez federal Ariel Lijo solicitó información detallada a tres empresas contratistas del Estado nacional para avanzar en la investigación sobre los contratos realizados con la consultora +BE, propiedad de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni. La causa busca determinar si existió algún tipo de direccionamiento irregular o posibles retornos de fondos públicos mediante adjudicaciones estatales.
La medida judicial alcanza a las firmas Datco, National Shipping y Foggia Group, que deberán entregar toda la documentación relacionada con la facturación y los servicios brindados por la empresa de coaching de Angeletti. El expediente se originó tras una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano.
Según la investigación, la Justicia intenta establecer si la consultora recibió beneficios indebidos mediante contratos de asesoramiento vinculados con proveedores del Estado nacional. El magistrado consideró necesario profundizar la recopilación de pruebas en esta etapa preliminar de la causa.
Además, el juez pidió a la Inspección General de Justicia (IGJ) que informe quiénes son los beneficiarios finales de las empresas involucradas y remita los legajos societarios correspondientes para avanzar con el análisis patrimonial y comercial de las firmas investigadas.
Por otra parte, la Jefatura de Gabinete de Ministros, a través de la Oficina Nacional de Contrataciones, deberá informar si las compañías involucradas son proveedoras habituales del Estado y aportar documentación sobre los procesos de adjudicación de contratos públicos.
La causa se tramita en paralelo a otra investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni y que está a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita. También existen otras pesquisas relacionadas con un viaje familiar a Punta del Este y un supuesto vínculo comercial con el periodista Marcelo Grandio.
Uno de los puntos que tomó relevancia en la investigación es la relación entre la empresa National Shipping y la petrolera estatal YPF, luego de que Adorni asumiera en enero de 2026 como director titular de la compañía en representación del Estado nacional.
Hasta el momento, no existen imputaciones formales ni procesamientos en la causa. Sin embargo, la Justicia analiza posibles delitos vinculados con fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y abuso de autoridad.
En los últimos días, el juez Lijo también ordenó levantar el secreto fiscal ante ARBA sobre Adorni y su esposa en el marco de la investigación patrimonial. La medida apunta a revisar movimientos financieros, pagos relacionados con una propiedad en el country Indio Cuá y posibles inconsistencias en las declaraciones juradas del funcionario.
La Justicia además analiza operaciones realizadas mediante billeteras virtuales y cuentas bancarias vinculadas al jefe de Gabinete. Bajo la lupa aparecen movimientos que podrían alcanzar cifras cercanas a los 100 mil dólares, aunque el monto definitivo todavía continúa siendo objeto de pericias y cruces de información financiera.
Dentro de la reconstrucción patrimonial, también surgieron datos relacionados con una herencia familiar recibida tras el fallecimiento del padre de Adorni. Según trascendió, el funcionario posee el 33% de un terreno heredado y además figura un departamento donde actualmente reside su madre.
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