Un proyecto que ya comenzó a debatirse en la Cámara de Diputados propone crear el delito de intrusión rural, con penas de hasta un año de prisión, y castigos de 2 a 8 años para quienes provoquen graves daños en silobolsas, cultivos, ganado o infraestructura productiva. La iniciativa todavía no es ley y deberá continuar su recorrido en el Congreso.
Una iniciativa que puede tener especial interés para productores y familias rurales de San Luis y Villa Mercedes comenzó a ganar terreno en el Congreso Nacional. La Cámara de Diputados analiza un proyecto que busca modificar el Código Penal para castigar específicamente el ingreso sin autorización a campos y endurecer las penas por hechos de vandalismo rural.
Se trata del expediente 2248-D-2026, presentado el 18 de mayo por el diputado nacional por La Pampa Martín Ardohain, del PRO, junto con legisladores de diferentes bloques. La página oficial de Diputados confirma que la propuesta tiene giro a las comisiones de Legislación Penal y Agricultura y Ganadería.
El proyecto volvió a tomar fuerza esta semana después de una reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería, donde participaron representantes de la Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Coninagro, CARBAP, Fundación Barbechando y otras entidades vinculadas al campo. Los sectores presentes expresaron su respaldo a la iniciativa.
Es importante aclararlo desde el comienzo: la medida todavía no está vigente. No se trata de una nueva ley que ya permita enviar a prisión a una persona por ingresar a un campo, sino de un proyecto que deberá conseguir dictamen, ser aprobado por Diputados y luego superar el tratamiento legislativo correspondiente antes de convertirse en ley.
Hasta un año de prisión por ingresar sin autorización
Uno de los cambios más importantes sería la incorporación del artículo 150 bis al Código Penal. El texto establece una pena de un mes a un año de prisión para quien ingrese a un establecimiento rural, terreno o sus dependencias contra la voluntad expresa o presunta de la persona que tenga derecho a impedir el acceso.
¿Cómo se determinaría que el propietario no permitió el ingreso? El proyecto considera que esa voluntad puede quedar demostrada por la existencia de alambrados, tranqueras, cercos, muros, vallas o carteles que indiquen claramente que no está permitido entrar.
La iniciativa también establece excepciones. No se configuraría este delito cuando una persona ingrese por una necesidad justificada, para brindar auxilio o cuando las características del lugar hagan imposible distinguir claramente dónde termina la vía pública y comienza la propiedad privada.
Los autores sostienen que esta nueva figura apunta especialmente a situaciones que actualmente generan preocupación entre productores, como el ingreso clandestino a establecimientos, la caza furtiva, el merodeo dentro de propiedades rurales y otros movimientos que eventualmente pueden terminar en robos o daños.
Hasta 8 años por destruir silobolsas, cultivos o infraestructura
El proyecto va bastante más allá del ingreso sin autorización. También propone crear el artículo 184 bis, destinado a castigar de manera específica los daños que afecten directamente el funcionamiento y la producción de un establecimiento agropecuario.
En estos casos se plantean penas mucho más severas: entre 2 y 8 años de prisión, además de una multa de entre tres y doce veces el valor del daño provocado.
Entre los elementos especialmente protegidos aparecen cereales sin cosechar, cultivos, silobolsas, ganado, leña y materias primas, además de distintas estructuras necesarias para el trabajo cotidiano dentro de los campos.
También se contemplan los daños sobre instalaciones tecnológicas utilizadas para la extracción de agua o provisión de energía, como bombas, sistemas de riego, generadores y otras herramientas fundamentales para mantener una explotación funcionando.
Castigos más duros en determinadas situaciones
La propuesta incluye además un agravante particular: la pena mínima podría duplicarse cuando el responsable del hecho, o quien hubiera impulsado a otra persona a cometerlo, fuera funcionario público o se dedicara habitualmente a la actividad agropecuaria.
Otro punto modifica el actual artículo 209 del Código Penal, vinculado con la instigación pública a cometer delitos. El proyecto propone aumentar en un tercio la pena cuando esa instigación se realice mediante medios de comunicación, redes sociales o plataformas digitales.
Según los fundamentos de la iniciativa, las redes y las nuevas tecnologías pueden permitir difundir rápidamente ubicaciones, coordenadas, mapas o información sobre establecimientos y facilitar acciones coordinadas contra propiedades rurales. Los impulsores sostienen que la legislación actual necesita adaptarse a ese escenario.
Ardohain explicó durante el tratamiento parlamentario que buscan pasar de situaciones que muchas veces terminan consideradas como una contravención a una figura penal específica. En la reunión de Legislación Penal, el diputado sostuvo que existe actualmente un vacío legal y defendió la necesidad de crear una herramienta particular para estos casos.
El campo respaldó el proyecto y ahora buscan un dictamen
La discusión dio un paso importante esta semana con la participación de las principales organizaciones agropecuarias. De acuerdo con lo informado tras la reunión, representantes de distintos bloques manifestaron predisposición para continuar trabajando sobre la iniciativa.
El próximo objetivo de sus impulsores sería realizar un plenario entre las comisiones de Agricultura y Ganadería y Legislación Penal para intentar conseguir un dictamen que permita posteriormente llevar el proyecto al recinto de la Cámara de Diputados.
La propuesta también tiene antecedentes. Durante los últimos años entidades del agro vienen reclamando cambios en la legislación frente a roturas de silobolsas, ataques contra cultivos, daños a instalaciones y otras situaciones registradas en establecimientos rurales. Incluso existieron proyectos similares en períodos legislativos anteriores.
Por ahora, entonces, ningún productor puede considerar que estas nuevas penas ya están vigentes. El proyecto continúa en el Congreso y todavía puede sufrir modificaciones durante su tratamiento parlamentario.
Qué significaría para los campos de San Luis
De convertirse finalmente en ley nacional, las modificaciones serían aplicables también en San Luis, una provincia con una importante actividad agrícola, ganadera y rural que se extiende por diferentes departamentos.
Para productores de zonas cercanas a Villa Mercedes, el sur provincial y otros puntos de San Luis, uno de los principales cambios sería contar con una figura penal específica frente al ingreso deliberado de desconocidos a establecimientos claramente delimitados.
El otro cambio significativo estaría relacionado con los daños productivos. La destrucción intencional de un silobolsa, un cultivo, instalaciones para extracción de agua, infraestructura energética o ganado podría tener una respuesta penal considerablemente más dura si el Congreso aprueba el texto tal como está redactado actualmente.
La discusión recién comienza y todavía habrá debate legislativo. Pero el mensaje que busca instalar el proyecto es claro: si finalmente consigue convertirse en ley, entrar deliberadamente sin autorización a un campo podría transformarse en un delito específico y destruir infraestructura rural podría recibir penas de hasta ocho años de prisión.
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Redacción InfoVidaSanLuis