Una denuncia de la exdirectora del PAMI San Luis, Cecilia Morales, apunta al empresario Rodolfo Negri y a su esposa, la senadora nacional Ivanna Arrascaeta. Auditorías, prestaciones por cientos de millones de pesos y presuntas amenazas conforman un caso que golpea de lleno a la política puntana y tiene una fuerte conexión con Villa Mercedes.
El PAMI de San Luis quedó en el centro de una fuerte polémica que ya trascendió las fronteras provinciales. Una investigación publicada por La Política Online reveló la existencia de una denuncia contra el empresario Rodolfo Negri y su esposa, la senadora nacional por San Luis Ivanna Arrascaeta, en medio de cuestionamientos por prestaciones médicas y auditorías realizadas dentro de la obra social de los jubilados.
La presentación fue realizada por Cecilia Morales, quien estuvo al frente de la Unidad de Gestión Local XXVI de PAMI. Su designación como titular de la delegación San Luis había sido oficializada por el propio Instituto en septiembre de 2025, según consta en el Boletín institucional del organismo.
Según la denuncia difundida periodísticamente, Morales sostuvo que comenzó a recibir presiones y hostigamientos luego de impulsar controles sobre prestaciones correspondientes a establecimientos relacionados con la familia Negri. Uno de los episodios denunciados habría ocurrido el 1° de junio en el aeropuerto de San Luis, donde aseguró haber sido increpada por Arrascaeta y Negri.
La exfuncionaria atribuyó a la senadora una advertencia en ese encuentro, mientras que también denunció cuestionamientos por las auditorías que se estaban desarrollando. Se trata, por el momento, de acusaciones incorporadas a una denuncia y no de hechos cuya responsabilidad penal haya sido establecida mediante una sentencia judicial.
Prestaciones millonarias que quedaron bajo investigación
Uno de los puntos que más impacto produjo fue el volumen económico mencionado en la investigación. Según La Política Online, estimaciones atribuidas a la delegación puntana del PAMI indican que establecimientos relacionados con los hermanos Negri habrían registrado prestaciones por aproximadamente $1.091 millones en septiembre de 2025, $825 millones en octubre, más de $700 millones tanto en noviembre como en diciembre y cifras superiores a $900 millones en enero y febrero de 2026.
Es importante hacer una diferencia: esos montos corresponden a prestaciones facturadas que se encuentran bajo revisión, y no significan por sí mismos que todo ese dinero constituya una sobrefacturación o una defraudación. Esa eventual responsabilidad deberá ser determinada por las auditorías y, en caso de corresponder, por la Justicia Federal.
La misma investigación sostiene que el 15 de mayo la auxiliar fiscal Paula Bellotti, integrante de una unidad fiscal dedicada a investigar delitos vinculados con el PAMI, habría requerido documentación sobre auditorías realizadas a un establecimiento relacionado con Mauricio Negri. El pedido buscaba revisar una posible irregularidad en órdenes correspondientes al módulo de fisiatría, de acuerdo con la documentación citada por el medio nacional.
También se informó que Morales pretendía revisar más de 7.000 órdenes de prestación correspondientes al período 2024-2026. Además, La Política Online aseguró haber accedido a una grabación de una reunión mantenida en dependencias del PAMI donde Negri habría solicitado información relacionada con el expediente para preparar su defensa.
El conflicto habría llegado hasta la conducción nacional libertaria
La polémica también tomó una dimensión política. Según fuentes citadas por La Política Online, Eduardo “Lule” Menem habría participado de una reunión junto con Morales, Arrascaeta, Negri y autoridades del PAMI con la intención de contener el conflicto. En ese encuentro, según la versión periodística, se habría planteado incluso la posibilidad de que Arrascaeta se alejara del bloque oficialista si avanzaban las investigaciones.
El caso tiene especial repercusión en Villa Mercedes porque la familia Negri mantiene desde hace años vínculos con establecimientos médicos de esa ciudad. La Clínica del Aconcagua ya había protagonizado un fuerte conflicto con PAMI durante 2023 por su continuidad como prestadora y por auditorías realizadas sobre sus servicios.
Ese antecedente cuenta además con respaldo documental oficial. En un informe del Gobierno nacional presentado ante la Cámara de Diputados se dejó asentado que, ante “irregularidades detectadas en la auditoría” realizada por la UGL XXVI sobre la Clínica del Aconcagua, PAMI había activado protocolos para derivar pacientes hacia otros establecimientos de Villa Mercedes.
En marzo de 2023, PAMI también había anunciado públicamente una denuncia penal contra la Clínica del Aconcagua luego de señalar supuestos desvíos prestacionales. En aquel momento, desde la clínica rechazaron las acusaciones, cuestionaron el accionar del organismo y acudieron a la Justicia Federal, que intervino en el conflicto por la continuidad de las prestaciones.
Arrascaeta, senadora por San Luis y presidenta de la Comisión de Salud
El impacto político aumenta porque Ivanna Arrascaeta representa actualmente a San Luis en el Senado de la Nación por La Libertad Avanza. Su mandato se extiende desde diciembre de 2023 hasta diciembre de 2029, según la información oficial de la Cámara alta.
Además, desde abril de 2026 Arrascaeta ocupa la presidencia de la Comisión de Salud del Senado, cargo confirmado oficialmente durante la reunión constitutiva de esa comisión. Ese lugar institucional le otorga particular relevancia a las acusaciones debido a que la controversia está directamente relacionada con prestaciones sanitarias y fondos del PAMI.
La investigación periodística también menciona denuncias posteriores de empleados del organismo por llamados intimidatorios, insultos y amenazas laborales. Esos episodios, al igual que las acusaciones realizadas por Morales, deberán ser evaluados en los ámbitos administrativos y judiciales correspondientes antes de poder establecer responsabilidades.
Por ahora, no existe una condena judicial que determine que Rodolfo Negri o Ivanna Arrascaeta hayan cometido los delitos denunciados. Lo que sí está confirmado es la existencia de antecedentes de auditorías sobre prestaciones vinculadas a la Clínica del Aconcagua, la actuación previa del PAMI y la condición institucional de Arrascaeta como senadora nacional y presidenta de la Comisión de Salud. El nuevo expediente deberá determinar ahora qué ocurrió con las prestaciones cuestionadas y si las presuntas amenazas denunciadas efectivamente existieron.
Redacción InfoVidaSanLuis