Un informe puso bajo la lupa al Gobierno nacional por el destino de fondos vinculados al Impuesto a los Combustibles Líquidos. La denuncia sostiene que alrededor de $1,35 billones que debían financiar infraestructura vial quedaron sin ejecutar. Desde el oficialismo defienden la política fiscal, pero crecen los reclamos por el estado de las rutas.
La polémica por el Impuesto a los Combustibles volvió a estallar en las últimas horas y abrió un fuerte debate sobre qué está haciendo el Gobierno nacional con parte del dinero que los argentinos pagan cada vez que cargan nafta o gasoil.
La acusación más fuerte sostiene que cerca de $1,35 billones vinculados a recursos para infraestructura vial no fueron ejecutados, mientras numerosas rutas nacionales presentan problemas de mantenimiento. El dato fue difundido a partir de un relevamiento citado por distintos medios y también recogido en ámbitos legislativos.
Ahora bien, hablar directamente de que el Gobierno “se robó” ese dinero no está respaldado, hasta el momento, por una sentencia judicial firme. Lo que existe es una fuerte denuncia política sobre subejecución, retención o utilización de recursos con afectación específica, una diferencia importante a la hora de informar con precisión.
La discusión tiene una base concreta: la Ley 23.966 establece cómo debe distribuirse lo recaudado por los impuestos a los combustibles. Según el texto vigente, el 28,58% corresponde al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, mientras que otra parte se destina directamente a las provincias, seguridad social, vivienda e infraestructura hídrica.
El dato que encendió la polémica
Uno de los informes difundidos durante agosto sostiene que la inversión efectivamente ejecutada en infraestructura vial quedó muy por debajo de los recursos asignados y calcula una diferencia aproximada de $1,35 billones.
El planteo ganó fuerza porque el impuesto continuó actualizándose. El Gobierno nacional oficializó durante 2026 distintos aumentos de los montos correspondientes al Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, aunque también fue postergando parte de las actualizaciones acumuladas.
Es decir, cada litro que se compra en una estación de servicio incluye una carga tributaria específica, parte de cuya recaudación tiene destinos establecidos legalmente. La discusión no pasa por la existencia del impuesto, sino por cuánto se recaudó, cuánto efectivamente se transfirió o ejecutó y qué ocurrió con la diferencia.
La cuestión ya llegó formalmente al Congreso. En la Cámara de Diputados existen pedidos de informes al Poder Ejecutivo relacionados específicamente con la recaudación y ejecución del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos.
La ley establece destinos específicos
El texto actualizado de la Ley 23.966 determina una distribución precisa: 10,40% para el Tesoro Nacional, 15,07% para el Fonavi, 10,40% para las provincias, 28,69% para seguridad social, 4,31% para infraestructura hídrica, 28,58% para infraestructura de transporte y 2,55% para compensación del transporte público.
Además, de la porción destinada a las provincias, el 60% debe acreditarse a los organismos provinciales de Vialidad, mientras otro 30% tiene afectación a infraestructura y obras públicas y el restante 10% se dirige al Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior.
Por eso, la polémica tiene impacto directo en provincias como San Luis, donde las rutas nacionales son corredores fundamentales para el transporte de pasajeros, el comercio, el turismo y el movimiento de la producción.
El reclamo que comenzó en distintos distritos del país apunta justamente a conocer cuánto dinero ingresó, cuánto fue girado y cuánto terminó siendo utilizado concretamente en reparación, mantenimiento y seguridad vial.
Hubo reclamos por más de un billón de pesos
La discusión no comenzó esta semana. Ya en abril, legisladores e intendentes habían denunciado que $1.165.491 millones provenientes del impuesto no habrían llegado a los destinos viales previstos y reclamaron explicaciones al Ministerio de Economía.
Posteriormente aparecieron cálculos superiores, hasta llegar a los alrededor de $1,35 billones mencionados actualmente como brecha entre los fondos disponibles y la ejecución vial.
También hubo planteos desde organismos provinciales y sectores políticos que vinculan esta falta de ejecución con el deterioro de distintos corredores nacionales. Sin embargo, esas acusaciones representan la posición de quienes realizan la denuncia y no equivalen por sí mismas a una comprobación penal.
Este punto resulta clave: existe evidencia documental de fondos con destinos determinados por ley y cuestionamientos sobre su nivel de ejecución, pero establecer si existió una irregularidad administrativa, una reasignación legal o eventualmente un delito corresponde a los organismos de control y a la Justicia.
¿La plata se utilizó para sostener el superávit?
La controversia adquirió todavía mayor dimensión luego de publicaciones que atribuyeron al Gobierno la utilización de recursos con afectación específica dentro de la estrategia general destinada a sostener el equilibrio fiscal.
El Gobierno de Javier Milei sostiene como uno de los pilares de su programa económico el equilibrio de las cuentas públicas y ha defendido reiteradamente la reducción del gasto estatal como condición para bajar la inflación. El vocero presidencial Adrián Ravier volvió a defender públicamente durante agosto la política de orden fiscal del Ejecutivo.
Sin embargo, una cosa es reducir gastos generales y otra distinta es determinar qué margen existe para no ejecutar recursos cuya distribución está expresamente prevista por una ley. Allí está el núcleo jurídico y político de la controversia.
Por eso, los pedidos legislativos buscan que el Ejecutivo detalle recaudación, transferencias, ejecución y saldo disponible para poder establecer con precisión qué ocurrió con el dinero.
Mientras tanto, las rutas siguen en el centro del reclamo
El conflicto crece especialmente porque los cuestionamientos aparecen en paralelo con fuertes reclamos provinciales por el deterioro de diferentes rutas nacionales y por la reducción de la obra pública durante los últimos años.
Para quienes viajan diariamente desde San Luis y Villa Mercedes, la discusión no es solamente económica. El estado de una ruta afecta directamente la seguridad, los tiempos de viaje, el transporte de mercadería y los costos que finalmente terminan pagando consumidores y empresas.
La pregunta que ahora deberá responder el Gobierno con documentación concreta es sencilla: ¿cuánto se recaudó del impuesto a los combustibles, cuánto debía destinarse a infraestructura y cuánto efectivamente se utilizó?
Hasta que esos números estén completamente esclarecidos, hablar de un “robo” como hecho probado sería incorrecto. Lo confirmado es que existe una controversia por miles de millones de pesos, pedidos de informes en el Congreso y fuertes cuestionamientos por la ejecución de fondos destinados al sistema vial.
Redacción InfoVidaSanLuis