Fuerte fallo contra los aumentos de las prepagas: la Corte Suprema ordenó recuperar el control estatal sobre las cuotas

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La Justicia declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/2023 impulsado por el Gobierno de Javier Milei. La decisión restablece las facultades de la Superintendencia de Servicios de Salud para revisar y autorizar los incrementos. El fallo podría tener consecuencias para miles de afiliados en todo el país, incluidos los de San Luis.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó este jueves 19 de noviembre una resolución de gran impacto para el sistema de salud privado argentino: declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que habían eliminado los mecanismos de control estatal sobre los aumentos de las cuotas de las empresas de medicina prepaga.

La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes consideraron que el Gobierno nacional no había justificado suficientemente las circunstancias excepcionales necesarias para modificar esa regulación mediante un decreto de necesidad y urgencia.

El pronunciamiento representa un cambio importante en el escenario jurídico de las prepagas y vuelve a colocar al Estado como autoridad encargada de supervisar los valores que pagan los afiliados.

Las prepagas ya no podrán aumentar libremente sus cuotas

Uno de los efectos más importantes del fallo es la recuperación de las atribuciones de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Con el esquema de desregulación establecido en diciembre de 2023, las empresas habían obtenido mayor libertad para determinar los aumentos de sus planes.

Ahora, la autoridad estatal recupera las facultades previstas en la Ley 26.682 para revisar, fiscalizar y autorizar las modificaciones tarifarias.

Esto significa que los incrementos deberán estar respaldados por fundamentos económicos razonables y sujetos a los controles que correspondan.

La decisión judicial cuestiona el sistema que permitía a las empresas establecer aumentos sin la autorización previa prevista en la legislación anterior.

El caso comenzó por una afiliada que sufrió un aumento del 110%

La resolución tuvo su origen en una demanda presentada por una mujer que cuestionó los fuertes incrementos aplicados a su cobertura médica.

Según las actuaciones judiciales, la cuota de su plan había aumentado aproximadamente un 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024.

La afiliada sostuvo que los incrementos resultaban desproporcionados y reclamó la intervención de la Justicia.

Como referencia, señaló que, bajo la regulación anterior, el aumento previsto para enero de 2024 habría sido del 6,26%.

El conflicto llegó finalmente a la Corte Suprema, que confirmó la inconstitucionalidad de los artículos cuestionados.

Por qué la Corte declaró inconstitucional el decreto

Los jueces analizaron si existían razones suficientes para que el Poder Ejecutivo modificara el régimen de las prepagas mediante un decreto de necesidad y urgencia.

La Constitución Nacional establece que esa herramienta solo puede utilizarse en circunstancias excepcionales.

La Corte consideró que las razones expuestas para eliminar los controles no demostraban una urgencia que impidiera recurrir al procedimiento legislativo ordinario.

El Gobierno había fundamentado la medida en la crisis del sistema de salud y en la necesidad de promover una mayor competencia entre empresas.

Sin embargo, el tribunal entendió que esos argumentos no justificaban por sí solos la utilización de facultades legislativas excepcionales.

¿Qué pasa ahora con los aumentos de las prepagas?

La decisión judicial tiene consecuencias importantes para el futuro de las cuotas.

Las empresas deberán ajustarse al régimen de control estatal restablecido, bajo las condiciones legales correspondientes.

La Superintendencia de Servicios de Salud recupera un papel central en la evaluación de los incrementos propuestos por las compañías.

Sin embargo, hay una aclaración fundamental: el fallo no establece que las cuotas deban aumentar únicamente según la inflación.

De hecho, la Corte dejó sin efecto la parte de una sentencia anterior que ordenaba limitar los incrementos al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Por lo tanto, la resolución no fija un porcentaje máximo automático, sino que restituye las facultades regulatorias del Estado.

¿Los afiliados podrán reclamar la devolución de dinero?

Uno de los interrogantes que deja la sentencia está relacionado con los aumentos aplicados desde la entrada en vigencia del DNU 70/2023.

La resolución podría tener influencia en numerosos reclamos judiciales iniciados por afiliados que cuestionaron incrementos de sus planes.

También podría convertirse en un antecedente importante para quienes analizan solicitar la revisión de aumentos anteriores.

No obstante, el fallo no significa que todas las empresas deban devolver automáticamente el dinero cobrado, ni que todos los afiliados tengan reconocido un reintegro.

Cada situación deberá evaluarse según las circunstancias particulares, los contratos y las decisiones judiciales aplicables.

Qué significa la decisión para los afiliados de San Luis

La resolución también resulta relevante para vecinos de San Luis capital, Villa Mercedes, Juana Koslay, La Punta, Merlo y otras localidades de la provincia que cuentan con cobertura de medicina prepaga.

Durante los últimos años, los aumentos de las cuotas se convirtieron en una preocupación para numerosas familias, especialmente para jubilados, trabajadores independientes y personas que deben sostener planes de salud particulares.

La recuperación del control estatal podría modificar la manera en que las empresas justifican y aplican sus incrementos.

Para los afiliados puntanos, será importante prestar atención a las próximas decisiones de la Superintendencia de Servicios de Salud y a las comunicaciones de sus respectivas empresas.

Un fallo que puede influir en cientos de causas judiciales

La Corte Suprema tiene pendientes numerosos expedientes relacionados con los incrementos de la medicina prepaga.

La nueva sentencia constituye un antecedente judicial relevante para resolver controversias similares.

También establece límites a la utilización de decretos de necesidad y urgencia cuando se pretende modificar regulaciones que afectan derechos e intereses económicos de los ciudadanos.

El máximo tribunal aclaró que su decisión se refiere específicamente a los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023 y no implica una declaración de inconstitucionalidad de todo el decreto.

Una decisión que cambia el escenario de la medicina privada

El fallo abre una nueva etapa para la regulación del sistema de medicina prepaga en Argentina.

Las empresas deberán enfrentar un escenario de mayor supervisión estatal, mientras que los afiliados podrán contar nuevamente con los mecanismos de control previstos por la legislación.

Todavía resta conocer cómo se implementarán las decisiones administrativas necesarias y qué consecuencias tendrán en los próximos incrementos.

La Corte Suprema puso un límite a la desregulación de las prepagas y devolvió al Estado facultades para controlar los aumentos. Ahora, la atención estará puesta en cómo se aplicará la resolución y qué impacto tendrá en el bolsillo de millones de argentinos.

Redacción InfoVidaSanLuis

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