El Gobierno nacional creó un programa para detectar y bloquear teléfonos utilizados dentro de establecimientos penitenciarios. Las provincias, entre ellas San Luis si decide adherir, podrán incorporarse mediante un convenio y pedir la inhabilitación del aparato, la tarjeta SIM y la línea telefónica.
El Ministerio de Seguridad Nacional puso en marcha una nueva estrategia para impedir que personas detenidas utilicen teléfonos celulares desde las cárceles para organizar delitos, dar instrucciones o mantener comunicaciones vinculadas con actividades criminales. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 806/2026, publicada el 25 de agosto en el Boletín Oficial.
El nuevo Programa para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios tendrá alcance federal, pero la incorporación de cada provincia no será automática. Las jurisdicciones deberán adherir mediante un convenio con Nación para poder aplicar el mecanismo dentro de sus establecimientos penitenciarios.
Para los lectores de San Luis y Villa Mercedes, el punto central es que la resolución también abre la puerta para que la Provincia pueda incorporarse al sistema. En caso de adhesión, los dispositivos detectados dentro de las cárceles provinciales podrán ser informados al Ministerio de Seguridad Nacional para iniciar el procedimiento de bloqueo correspondiente.
El objetivo declarado por el Gobierno es evitar que las cárceles puedan ser utilizadas como lugares desde donde se planifican o coordinan delitos. La normativa menciona específicamente la necesidad de prevenir, disuadir y neutralizar el uso irregular de tecnologías de comunicación por parte de integrantes de organizaciones criminales alojados en establecimientos penitenciarios.
Cómo funcionará el bloqueo de los celulares
El mecanismo permitirá identificar tres elementos fundamentales: el IMEI, que funciona como una identificación única del teléfono; el IMSI, que identifica al abonado asociado a la tarjeta SIM; y la propia línea telefónica utilizada por el dispositivo. Estos datos permiten que el bloqueo no se limite solamente al número telefónico.
Cuando se detecte un equipo activado dentro de las áreas alcanzadas de un establecimiento penitenciario adherido, las prestadoras de telefonía móvil deberán bloquear el IMEI, el IMSI y la línea asociada, siempre a partir de una solicitud expresa canalizada por el Ministerio de Seguridad Nacional.
Esto significa que cambiar solamente el chip no necesariamente permitiría seguir utilizando el mismo aparato, ya que el sistema contempla tanto la identificación del equipo como la correspondiente a la SIM y la línea. La normativa busca justamente dificultar la reutilización de celulares detectados dentro de sectores penitenciarios restringidos.
Las empresas de comunicaciones también deberán registrar y conservar las actuaciones realizadas para garantizar la trazabilidad de los bloqueos. Además, la tecnología utilizada debe ser configurada de manera que no perjudique las comunicaciones de personas que se encuentren fuera del perímetro penitenciario.
Nación será el nexo con las compañías telefónicas
Un aspecto importante del nuevo sistema es que las provincias no deberán gestionar individualmente cada pedido frente a las compañías telefónicas. El Ministerio de Seguridad Nacional funcionará como una ventanilla única, recibiendo la información suministrada por las jurisdicciones adheridas y canalizando los pedidos de bloqueo.
La responsabilidad de implementar el programa en las provincias que quieran incorporarse estará en manos de la Subsecretaría de Articulación Federal, organismo que también quedó facultado para firmar los convenios de adhesión correspondientes.
El esquema había comenzado previamente dentro del Servicio Penitenciario Federal. En abril de 2026, mediante la Resolución 336/2026, Nación autorizó la instalación y puesta en funcionamiento de sistemas de detección y bloqueo de IMEI e IMSI en establecimientos penitenciarios federales.
Posteriormente, el ENACOM amplió el procedimiento mediante la Resolución 734/2026, publicada el 13 de agosto, para que también puedan incorporarse los establecimientos provinciales de aquellas jurisdicciones que adhieran al protocolo. Esa norma obliga a las prestadoras a responder a los requerimientos oficiales realizados mediante el Ministerio de Seguridad Nacional.
Qué puede pasar en las cárceles de San Luis
La creación del programa no significa que el bloqueo se aplique automáticamente en todas las cárceles provinciales del país. Cada provincia debe decidir su incorporación y suscribir el convenio correspondiente con el Gobierno nacional.
Por eso, para que el sistema alcance a establecimientos penitenciarios bajo jurisdicción de San Luis, será necesaria la adhesión provincial al programa. Una vez incorporada, la Provincia podría remitir la información de los celulares detectados y Nación sería la encargada de gestionar el bloqueo ante las compañías telefónicas.
La medida alcanza tanto a dispositivos activados en las áreas de detención como en sectores de acceso restringido al público, según el procedimiento aprobado por ENACOM. El propósito es atacar una problemática que las autoridades nacionales vinculan con estafas, amenazas y otras maniobras organizadas desde establecimientos penitenciarios.
Con la Resolución 806/2026, el Gobierno busca extender a las provincias una herramienta que ya comenzó a utilizarse en el sistema federal. La próxima etapa dependerá de cuáles jurisdicciones formalicen su adhesión: allí el bloqueo de celulares, chips y líneas podrá convertirse en una nueva barrera para quienes intenten continuar delinquiendo desde una cárcel.
Redacción InfoVidaSanLuis