La Corte Suprema ratificó la actualización del monto, que asciende a casi 685.000 millones de pesos y deberá pagarse en forma solidaria.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó de manera definitiva los recursos presentados por las defensas de la exmandataria Cristina Kirchner y del empresario Lázaro Báez, con lo cual dejó firme el millonario embargo en la denominada causa Vialidad. El monto inicial de la penalidad económica sufrió una actualización abismal debido al proceso inflacionario del país, pasando de los 85.000 millones de pesos originales a la impactante cifra de 684.990 millones de pesos. Esta resolución judicial repercute con fuerza en el escenario político de todas las provincias, generando amplios debates entre los lectores de San Luis.
Los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron inadmisibles los reclamos de los abogados defensores, permitiendo que avance de inmediato la ejecución patrimonial y el remate de bienes. Fuentes judiciales confirmaron que el proceso ya incluye la tasación oficial de un total de 111 propiedades y activos que se encuentran afectados por esta medida restrictiva. La millonaria suma total tendrá que ser afrontada de manera solidaria por la totalidad de los exfuncionarios y civiles que resultaron sentenciados en este emblemático expediente de corrupción.
La sentencia de origen data de diciembre de 2022, oportunidad en la que el Tribunal Oral Federal N° 2 condenó a la expresidenta a seis años de prisión y a una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos tras hallarla responsable del delito de administración fraudulenta. La investigación penal logró comprobar severas irregularidades en el otorgamiento de 51 licitaciones de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz. Junto a ella, también recibieron penas de prisión el exsecretario José López, el extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y un grupo de exfuncionarios provinciales.
Para el cálculo y la actualización del dinero a decomisar, el Cuerpo de Peritos Contadores aplicó formalmente la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) proporcionado por el INDEC, midiendo el impacto inflacionario acumulado entre fines de 2022 y mayo de 2025. Los cuestionamientos presentados por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, quienes alegaban que el monto original tenía una naturaleza provisoria, fueron descartados de plano en todas las instancias. Con el aval del máximo tribunal del país, el histórico decomiso económico quedó completamente firme e ingresa en su etapa de cobro efectivo.
redaccion infovidasanluis