La Corte Suprema se reúne este viernes y podría restablecer los límites para la compra de tierras por extranjeros

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El máximo tribunal convocó a una reunión extraordinaria para este viernes 9 de octubre, a las 9 de la mañana. Los jueces analizarán una medida cautelar que podría volver a poner en vigencia las restricciones eliminadas por el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei. La decisión puede tener impacto sobre la propiedad de campos en todo el país.

La Corte Suprema tendrá una reunión clave por la Ley de Tierras

La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó a una reunión extraordinaria para este viernes 9 de octubre, a las 9 de la mañana, con el objetivo de analizar un nuevo planteo judicial relacionado con la compra de tierras rurales por parte de ciudadanos y empresas extranjeras.

La convocatoria fue realizada por el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, en medio de una controversia por la derogación de la Ley de Tierras mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

Los magistrados deberán evaluar una medida cautelar que, si es aceptada, podría restablecer provisoriamente las limitaciones que existían para la adquisición de campos por parte de extranjeros.

La discusión adquirió especial importancia después de una resolución judicial conocida a fines de septiembre, que modificó la situación legal de las restricciones.

Sin embargo, la Corte todavía no tomó una decisión definitiva sobre la constitucionalidad de la derogación.

Qué establece la Ley de Tierras y cuáles eran sus restricciones

La Ley 26.737 fue sancionada en diciembre de 2011 con el objetivo de regular la propiedad y adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.

La normativa establecía límites destinados a controlar la concentración de grandes extensiones de territorio en manos de propietarios extranjeros.

Entre sus principales disposiciones se encontraban:

  • Un límite del 15% de tierras rurales en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental.

  • Un máximo del 30% de ese porcentaje para propietarios de una misma nacionalidad.

  • Restricciones a la adquisición de determinadas extensiones de campos.

  • Prohibiciones relacionadas con inmuebles que incluyeran o fueran ribereños de cuerpos de agua de especial importancia.

La legislación también contemplaba mecanismos de control y registro para verificar el cumplimiento de esas condiciones.

El objetivo era establecer reglas específicas para la transferencia de tierras rurales, consideradas un recurso de importancia estratégica.

Qué cambió con el decreto de Javier Milei

En diciembre de 2023, el presidente Javier Milei firmó el DNU 70/2023, que incorporó numerosas modificaciones económicas y regulatorias.

Entre ellas, el artículo 154 dispuso la derogación de la Ley 26.737.

La decisión eliminó el régimen legal específico que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

El Gobierno nacional defendió esta modificación como parte de su política de desregulación económica, orientada a facilitar inversiones y reducir restricciones a la propiedad privada.

En cambio, organizaciones ambientales, entidades sociales y distintos sectores políticos cuestionaron la decisión por considerar que podía favorecer la concentración de tierras y afectar el control de recursos naturales.

Estos cuestionamientos dieron origen a diferentes presentaciones judiciales.

El fallo anterior que generó la polémica

El pasado 29 de septiembre, la Corte Suprema revocó una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras.

La decisión estuvo relacionada con una demanda presentada por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata.

Los jueces consideraron que esa organización no tenía legitimación procesal suficiente para impulsar el reclamo en las condiciones planteadas.

Por ese motivo, dejaron sin efecto la sentencia anterior.

Sin embargo, la Corte aclaró posteriormente que no había resuelto la cuestión de fondo, es decir, si la derogación de la Ley de Tierras era o no compatible con la Constitución Nacional.

También explicó que su resolución no impedía que otras organizaciones o personas presentaran nuevos reclamos judiciales.

Esta aclaración resultó importante porque permitió mantener abiertas otras causas relacionadas con el mismo tema.

Quiénes presentaron el nuevo reclamo judicial

El expediente que será analizado este viernes está vinculado con una presentación realizada por la Asociación Civil Árbol de Pie y otros demandantes.

Entre quienes participan del reclamo se encuentran integrantes de comunidades indígenas y la legisladora de Río Negro Magdalena Odarda.

Los demandantes cuestionan la eliminación de las restricciones a la adquisición de tierras rurales y plantean argumentos relacionados con la protección ambiental y los derechos territoriales.

La presentación también busca que la Justicia determine si el fallo anterior afecta el tratamiento de su propia demanda.

Uno de los pedidos centrales es que se mantengan las restricciones mientras se resuelve la discusión constitucional.

Por eso solicitaron una medida cautelar que permita suspender provisoriamente los efectos de la derogación.

La Corte incorporó dos jueces para analizar el caso

Para avanzar en la resolución, el máximo tribunal dispuso completar su integración con dos conjueces.

Los magistrados designados son Diego Barroetaveña, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Mendoza.

Ambos aceptaron participar en el expediente.

Además, la Corte decidió acelerar los plazos para que las partes pudieran formular eventuales objeciones a las designaciones.

El tribunal redujo a 24 horas el período previsto para esas presentaciones y habilitó días y horarios inhábiles.

Estas medidas permitieron avanzar con mayor rapidez hacia la reunión extraordinaria convocada para este viernes.

La intervención de los conjueces busca garantizar la integración necesaria para resolver la controversia judicial.

Qué podría decidir la Corte Suprema este viernes

El encuentro del máximo tribunal abre diferentes posibilidades.

Una de ellas es que los jueces acepten la medida cautelar y dispongan que vuelvan a aplicarse provisoriamente las restricciones establecidas por la Ley de Tierras.

Otra alternativa es que rechacen la solicitud o determinen que el expediente debe continuar su trámite ante una instancia judicial inferior.

También podrían pronunciarse sobre cuestiones procesales relacionadas con el alcance de las decisiones anteriores.

Es importante aclarar que la convocatoria no significa que la Corte ya haya decidido restablecer la ley.

La resolución dependerá del análisis de los magistrados y de las condiciones jurídicas del expediente.

Cómo podría impactar en San Luis y Villa Mercedes

La discusión tiene importancia para todas las provincias argentinas, incluida San Luis, donde la actividad agropecuaria ocupa un lugar relevante en la economía.

En departamentos como General Pedernera, Dupuy, Pueyrredón y otras zonas productivas existen importantes extensiones dedicadas a la agricultura, la ganadería y diferentes emprendimientos rurales.

Una eventual restitución de las restricciones podría modificar las condiciones legales para futuras compras de campos por parte de ciudadanos o empresas extranjeras.

Esto no significa que las propiedades actualmente adquiridas por extranjeros deban ser automáticamente transferidas o expropiadas.

El alcance de cualquier modificación dependerá de lo que establezca la resolución judicial y de las normas que resulten aplicables.

Para los productores, propietarios e inversores vinculados con el campo, el resultado podría aportar nuevas definiciones sobre las reglas de adquisición de tierras rurales.

Una discusión que enfrenta dos posiciones

La controversia refleja diferentes criterios sobre el tratamiento de la propiedad rural en Argentina.

Quienes defienden la eliminación de las restricciones consideran que permitir una mayor participación de capitales extranjeros puede favorecer las inversiones, generar actividad económica y ampliar las oportunidades de desarrollo.

Por otro lado, quienes reclaman mantener los límites sostienen que el Estado debe contar con herramientas para evitar una concentración excesiva de tierras y proteger recursos considerados estratégicos.

La discusión también incluye aspectos relacionados con el ambiente, los derechos de comunidades indígenas y el control de recursos naturales.

Estas diferencias deberán analizarse dentro del marco constitucional y de las competencias de los poderes del Estado.

Este viernes podría conocerse una decisión importante

La reunión prevista para las 9 de la mañana podría representar un nuevo capítulo en la disputa judicial por la Ley de Tierras.

El máximo tribunal deberá analizar el pedido presentado y establecer si corresponde adoptar una medida provisional o continuar el tratamiento por otras vías.

Hasta el momento, no existe una nueva resolución que haya restablecido las restricciones derogadas por el Gobierno nacional.

La definición será seguida de cerca por organizaciones rurales, entidades ambientales, propietarios de campos y sectores políticos interesados en el futuro de la legislación.

La decisión de la Corte podría modificar nuevamente las condiciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, aunque la cuestión constitucional de fondo todavía permanece abierta.

Redacción InfoVidaSanLuis

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