El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi solicitó colaboración a las autoridades estadounidenses para determinar la titularidad de tres propiedades en Florida presuntamente vinculadas a Andrés Vázquez, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
La Justicia federal dio un nuevo paso en la investigación que involucra al titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez. El juez Marcelo Martínez de Giorgi ordenó el envío de exhortos internacionales a Estados Unidos para obtener información sobre tres inmuebles ubicados en Florida, que estarían relacionados con el funcionario pero que no figuran en sus declaraciones juradas.
La medida busca establecer quiénes aparecen como propietarios legales de esas viviendas, cómo fueron adquiridas y si existieron sociedades comerciales o estructuras societarias utilizadas para ocultar la verdadera titularidad de los bienes. La investigación procura determinar si hubo una omisión maliciosa en las declaraciones patrimoniales y si existen elementos que justifiquen profundizar la pesquisa por enriquecimiento ilícito y otros posibles delitos.
El pedido de cooperación internacional también incluye requerimientos a organismos y entidades de los Estados Unidos para acceder a documentación registral y financiera vinculada con las propiedades. La información obtenida será incorporada al expediente judicial y permitirá verificar si existe una relación directa entre los inmuebles y el funcionario investigado.
La investigación fue impulsada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que busca esclarecer si el patrimonio declarado por Vázquez coincide con los bienes que podrían estar bajo su control. Entre las hipótesis que analiza la Justicia figuran posibles maniobras de lavado de activos, omisión de bienes y enriquecimiento ilícito, aunque por el momento no existe una resolución definitiva sobre la responsabilidad del funcionario.
Desde el ámbito judicial remarcaron que el envío de exhortos internacionales constituye una herramienta habitual cuando es necesario obtener pruebas que se encuentran fuera del país. Una vez recibida la documentación desde Estados Unidos, el juez evaluará si corresponde avanzar con nuevas medidas de prueba o adoptar otras decisiones procesales en la causa.
El expediente continúa en etapa de investigación y la solicitud de información a las autoridades estadounidenses forma parte de las diligencias orientadas a esclarecer el origen y la titularidad de los bienes bajo análisis. Hasta que la causa concluya, rige el principio de presunción de inocencia, por lo que la responsabilidad penal del funcionario deberá ser determinada por la Justicia en caso de que el proceso avance a etapas posteriores.
Redacción InfoVidaSanLuis