La fiscalía analiza una nueva instancia en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El foco está puesto en la justificación del origen de fondos e inversiones en criptomonedas declaradas por el funcionario.
La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo y podría ingresar en una etapa decisiva. El fiscal federal Gerardo Pollicita trabaja en una medida considerada clave para determinar si el jefe de Gabinete puede justificar el crecimiento de sus bienes y el origen de fondos declarados en los últimos años.
La causa, que tramita ante el juez federal Ariel Lijo, busca esclarecer distintos movimientos patrimoniales atribuidos al funcionario. Entre ellos, se encuentra una inversión de aproximadamente US$200.000 en criptomonedas, que según la versión presentada por Adorni habría generado importantes ganancias entre 2014 y 2018.
Desde la Justicia existen interrogantes sobre la documentación aportada hasta el momento. La declaración presentada por el funcionario, elaborada por contadores y supervisada por su defensa legal, es considerada insuficiente por los investigadores para acreditar de manera concluyente el origen de los fondos.
Por este motivo, la fiscalía pretende avanzar con un requerimiento formal de justificación patrimonial, una instancia previa que podría derivar en nuevas medidas procesales si las explicaciones presentadas no resultan satisfactorias.
Uno de los puntos centrales de la investigación está relacionado con las operaciones realizadas en el mercado de criptomonedas. Los investigadores buscan determinar la existencia de las inversiones mencionadas y verificar la documentación que respalde los movimientos financieros declarados.
En ese marco, la Justicia analiza información vinculada a las billeteras digitales, registros de operaciones y otros elementos que permitan corroborar la titularidad de los activos digitales mencionados por el funcionario en sus declaraciones.
El escrito que prepara la fiscalía tendría más de 150 páginas y recopila información patrimonial, declaraciones juradas y documentación complementaria que forma parte del expediente. También se estudian rectificaciones realizadas en presentaciones anteriores.
Además, continúa pendiente la incorporación de información reservada que podría resultar relevante para el avance de la causa y para la verificación de los datos aportados por el jefe de Gabinete.
Durante los últimos días, el fiscal Pollicita ordenó una nueva serie de medidas de prueba. Entre ellas, solicitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) información vinculada a declaraciones juradas correspondientes a distintos períodos fiscales del funcionario y de su esposa.
También requirió documentación presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA) con el objetivo de profundizar el análisis patrimonial realizado por los organismos técnicos que colaboran con la investigación.
La evolución de esta causa será determinante para establecer si la documentación aportada resulta suficiente para justificar el patrimonio declarado o si será necesario avanzar hacia nuevas instancias judiciales dentro del expediente.
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