El intendente Walter Contreras formalizó la decisión ante el Gobierno provincial y abrió una nueva etapa de cooperación para impulsar obras y políticas públicas en beneficio de los vecinos.
El municipio de La Toma resolvió dejar sin efecto la acción judicial que mantenía contra el Gobierno de San Luis, una decisión que fue comunicada oficialmente por el intendente Walter Contreras al ministro Gonzalo Amondarain. La medida marca un cambio de rumbo en la relación institucional entre ambas administraciones.
Según se informó, el jefe comunal formalizó la renuncia al proceso legal que había sido iniciado junto a otras localidades de la provincia. Con esta determinación, se busca fortalecer el diálogo y generar condiciones para avanzar en proyectos que permitan mejorar la calidad de vida de la comunidad.
La decisión de La Toma se suma a la de otros municipios que también optaron por desistir de las acciones judiciales. De las 17 localidades que originalmente impulsaron demandas contra la Provincia, ya son 14 las que resolvieron abandonar esa instancia legal.
Desde el Gobierno provincial destacaron que este tipo de acuerdos favorecen la construcción de consensos y permiten concentrar esfuerzos en la ejecución de iniciativas destinadas al desarrollo local.
El entendimiento alcanzado abre la puerta a una etapa de mayor cooperación entre el Municipio de La Toma y la Provincia de San Luis, con el objetivo de impulsar obras de infraestructura, fortalecer servicios y promover políticas públicas orientadas al crecimiento de la localidad.
Las autoridades consideran que el trabajo articulado entre ambas partes será clave para responder a las necesidades de los vecinos y acelerar la concreción de proyectos que habían quedado pendientes.
Además, remarcaron que la coordinación institucional resulta fundamental para optimizar recursos y garantizar una gestión más eficiente en áreas estratégicas como infraestructura, desarrollo social y servicios públicos.
Con este nuevo escenario, La Toma se incorpora al grupo mayoritario de municipios que decidieron priorizar el diálogo y la cooperación institucional, dejando atrás los conflictos judiciales para enfocarse en acciones concretas que beneficien a toda la comunidad.
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