Un estudio de la UCA analizó los posibles factores que configuraron un escenario propicio para la debilidad financiera de las familias
“Se compraron televisores para ver el Mundial y después veían si pagaban o no“, dijo recientemente el presidente Javier Milei en relación a los niveles récord de morosidad. Mientras tanto, casi 5 de cada 10 hogares que sufrían estrés económico —es decir, cuyos ingresos no eran suficientes para cubrir las necesidades básicas— debieron pedir dinero prestado el año pasado.
La expansión del crédito de 2024 y 2025 coincidió con el inicio de un proceso de caída del poder adquisitivo y el empleo, al tiempo que los gastos empezaron a ejercer una mayor presión sobre el bolsillo, de la mano de la quita de subsidios a las tarifas. La suba de tasas, derivada en gran medida del endurecimiento de la política monetaria por parte del Gobierno para frenar la volatilidad cambiaria y contener la inflación en la previa electoral, volvió aún más compleja la situación.
La pobreza también aparece como un factor determinante. El 44,4% de los hogares pobres se endeudó para afrontar gastos corrientes, casi el doble que entre los no pobres, donde el indicador fue del 22,4%.
Por nivel socioeconómico, la proporción de familias que tuvieron que financiarse pasó del 11,8% en el estrato medio-alto al 23,2% en el medio-bajo, al 32,5% en el bajo y alcanzó el 47,5% en el muy bajo.
El panorama se vuelve todavía más crítico cuando se combinan pobreza y estrés económico. En ese grupo, el 55,8% pidió dinero para los gastos del día a día. Entre los no pobres con estrés, la proporción fue del 44,7%, mientras que entre los pobres sin estrés alcanzó el 17,7%.
Por otro lado, el estudio observó una importante heterogeneidad territorial. La mayor incidencia se evidenció en el resto urbano (30,6%), seguido por el conurbano bonaerense (29,7%) y las otras grandes áreas metropolitanas (26,5%). CABA presenta un nivel total mucho menor, de 12,8%.
“La insuficiencia inmediata de ingresos aparece como el correlato más próximo del recurso al préstamo, sobre una vulnerabilidad estructural que la pobreza profundiza”, afirmó el ODSA.
Agustín Salvia, director del Observatorio, señaló que el año pasado se había generado un clima de endeudamiento basado en la expectativa de una futura solvencia, asociada a la perspectiva de crecimiento económico. No obstante, explicó el especialista, detrás de esa dinámica persistía una fuerte debilidad financiera. Se estaba formando una burbuja de consumo sin que las condiciones macroeconómicas fueran todavía sólidas.
Este escenario llevó a que la morosidad iniciara una tendencia alcista, hasta ubicarse en máximos históricos. El Banco Central registró en junio una tasa de irregularidad del crédito bancario a las familias del 12,8% del saldo, frente al 2,5% con el que había terminado 2024.
Al incorporar tanto a los acreedores bancarios como a los no bancarios, se estimó que en ese mes había 5,86 millones de personas con al menos una deuda atrasada. De ese total, el 17% debía menos de $100.000, mientras que cerca del 40% adeudaba un monto inferior al salario mínimo, establecido en $367.800.
Una encuesta reciente de Inteligencia Analítica arroja que, entre los principales motivos del endeudamiento, el 44,5% de los encuestados mencionó alimentos y productos básicos y el 32% señaló servicios, impuestos, alquiler y vivienda. Adicionalmente, el 77,2% tomó una nueva deuda para cancelar una anterior en los últimos seis meses.
En este contexto, el ODSA concluyó que, si bien los resultados del trabajo no demuestran que los hogares que pidieron dinero prestado en 2025 sean los mismos que cayeron en mora en 2026, vuelven comprensible el deterioro.
“Cuando el crédito deja de adelantar un consumo durable y empieza a cubrir el presupuesto ordinario, cualquier pérdida de ingreso, aumento de gastos fijos o encarecimiento de la refinanciación reduce rápidamente la capacidad de pago”, remarcó.
“El problema, por lo tanto, no es el acceso al crédito en sí mismo, que puede ampliar oportunidades, sino su uso defensivo en hogares sin margen financiero y bajo condiciones costosas. La respuesta requiere combinar recuperación de ingresos y empleo, evaluación responsable de la capacidad de pago, información clara sobre los costos y mecanismos tempranos de refinanciación que eviten que un desajuste transitorio se convierta en sobreendeudamiento persistente”, planteó.
El Gobierno sostiene que la morosidad “es un problema entre privados” y ya adelantó que no se planea ninguna medida en particular para aliviar a los deudores. “No podemos usar la plata de los contribuyentes para compensar a entidades financieras cuyo trabajo es dar crédito”, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, durante su intervención en la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).
El titular del Palacio de Hacienda consideró que parte de lo ocurrido responde a un proceso de aprendizaje. “Por mucho tiempo, los bancos no hacían de bancos, sino que le prestaban al Gobierno”, indicó.