El Gobierno británico defendió este viernes a las empresas vinculadas con actividades económicas e hidrocarburíferas en las islas. Argentina sostiene que esas operaciones no cuentan con autorización nacional y reforzó en septiembre los procedimientos contra compañías y personas relacionadas con esos proyectos.
El Gobierno del Reino Unido volvió a respaldar este viernes 18 de septiembre a las empresas y particulares que realizan actividades económicas en las islas Malvinas, territorio administrado por Londres y cuya soberanía es reclamada por la Argentina. La declaración se produjo en medio de una nueva escalada diplomática vinculada con la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.
La posición británica fue comunicada oficialmente por Uma Kumaran, subsecretaria parlamentaria para los Territorios de Ultramar. Londres sostuvo que dará respaldo a las compañías que suministren bienes o servicios a las islas y cuestionó las acciones argentinas dirigidas contra empresas y personas vinculadas, directa o indirectamente, con el sector hidrocarburífero.
Kumaran afirmó que, desde la posición del Gobierno británico, las medidas argentinas contra esas compañías carecen de fundamento jurídico. También reiteró la postura histórica de Londres de que los habitantes de las islas tienen derecho a administrar su economía y decidir sobre la explotación de sus recursos naturales. Esa interpretación es rechazada por la Argentina en el marco de la disputa de soberanía.
La declaración británica llega apenas tres días después de que Londres publicara una guía destinada a empresas interesadas en realizar negocios con las islas. El documento incluye expresamente actividades relacionadas con hidrocarburos y otros recursos naturales y señala que el Gobierno británico respalda esas operaciones bajo el régimen vigente en el archipiélago.
La respuesta argentina
La Cancillería argentina rechazó oficialmente esa guía el 15 de septiembre y reafirmó que las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos correspondientes, forman parte del territorio cuya soberanía reclama la República Argentina. Buenos Aires sostiene que las actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización argentina son ilegítimas.
El Gobierno nacional señaló especialmente a los proyectos vinculados con Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, compañías relacionadas con el desarrollo petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. Según la Cancillería, la Argentina profundizará las medidas legales y administrativas destinadas a proteger los recursos naturales que considera bajo su jurisdicción.
En ese contexto, el Ejecutivo argentino dictó a comienzos de septiembre el Decreto 868/2026, que estableció mecanismos más rápidos para tramitar procedimientos administrativos contra personas o empresas que, según la legislación argentina, participen en actividades hidrocarburíferas no autorizadas. La normativa prevé un plazo de diez días hábiles para que los presuntos infractores presenten su descargo.
Argentina también inició durante septiembre procedimientos sancionatorios contra unas 60 personas y empresas vinculadas con actividades petroleras en torno a las islas, según información oficial reportada por Reuters.
El proyecto Sea Lion, en el centro de la disputa
El foco actual de la tensión es Sea Lion, un proyecto offshore que involucra principalmente a Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Las compañías sostienen que cuentan con licencias otorgadas por las autoridades de las islas, mientras que Argentina considera que esas autorizaciones no tienen validez dentro del marco jurídico nacional.
Además, esta semana una jueza federal argentina ordenó de manera cautelar suspender el avance del proyecto hasta que se realice una evaluación ambiental bajo jurisdicción argentina. La aplicación práctica de esa decisión sobre operaciones desarrolladas en una zona administrada por el Reino Unido presenta dificultades jurisdiccionales y las empresas anunciaron que mantienen sus planes.
La disputa por Malvinas continúa así sumando un nuevo capítulo, esta vez centrado en petróleo, inversiones y sanciones económicas. Mientras Londres respalda a las compañías que trabajan bajo autorizaciones de las autoridades isleñas, Buenos Aires sostiene que la explotación unilateral de los recursos vulnera sus derechos soberanos y mantiene abiertas acciones administrativas, judiciales y diplomáticas.
Redacción InfoVidaSanLuis