La representación legal de Rodolfo Negri rechazó las acusaciones que volvieron a tomar estado público por el conflicto en el PAMI San Luis. Sostuvo que la presentación por el enfrentamiento personal no fue ratificada, que hubo un acuerdo entre las partes y que quedó encaminada al archivo. Sin embargo, existen cuestionamientos sobre prestaciones médicas que deben diferenciarse de esa denuncia.
Rodolfo Negri salió al cruce de las publicaciones que en las últimas horas volvieron a ubicarlo en el centro de una fuerte polémica vinculada al PAMI San Luis. A través de su representación legal, el dirigente aseguró que parte de la información difundida está “desactualizada y descontextualizada” y sostuvo que detrás de su reaparición existe una disputa relacionada con la interna política de La Libertad Avanza en San Luis.
La respuesta se conoció después de que diferentes medios retomaran una denuncia realizada por la exdirectora del PAMI provincial, Cecilia Morales, quien acusó a Negri y a la senadora nacional Ivanna Arrascaeta de presuntas amenazas y presiones en medio de auditorías sobre prestaciones de establecimientos relacionados con la familia del empresario. La presentación fue radicada el 5 de junio de 2026 ante la Unidad Fiscal San Luis del Ministerio Público Fiscal, según documentación citada por medios provinciales.
Frente a esas acusaciones, los abogados de Negri dieron una versión diferente. Aseguraron que la presentación vinculada al conflicto entre las partes no habría sido posteriormente ratificada y que existió un acuerdo conciliatorio voluntario, con disculpas, que fue incorporado al expediente. Según la defensa, esa situación quedó “presentada y resuelta para archivo”.
Esta precisión resulta fundamental: la afirmación de que el expediente quedó encaminado al archivo proviene de la defensa de Negri. Hasta el momento no se difundió públicamente una resolución judicial oficial que permita afirmar, de manera independiente, que todos los aspectos investigados alrededor del caso PAMI hayan quedado definitivamente cerrados.
Dos versiones enfrentadas sobre el conflicto
La denuncia de Morales describe un episodio ocurrido el 1° de junio en el aeropuerto de San Luis. Según su declaración, Negri le habría reclamado no haberle comunicado previamente una auditoría, mientras que posteriormente Arrascaeta habría intervenido en el enfrentamiento. La exfuncionaria aseguró que a partir de esos episodios comenzó a sentirse amenazada y solicitó medidas de protección para ella y su familia.
La defensa de Rodolfo Negri, en cambio, aseguró que lo sucedido fue “solo una discusión” y que las diferencias personales fueron superadas mediante un entendimiento voluntario entre las partes. Sus abogados cuestionaron que el caso volviera a aparecer públicamente sin que, según ellos, se informara también sobre esa conciliación posterior.
Desde el entorno del dirigente fueron todavía más lejos y calificaron la nueva repercusión periodística como un intento de “desacreditar” a Negri. La representación legal vinculó la aparición del tema con movimientos dentro de la política provincial, aunque no identificó públicamente a una persona o sector concreto como responsable de la supuesta operación.
El contexto político efectivamente muestra una fuerte interna libertaria en San Luis que viene arrastrándose desde hace tiempo. Negri ya había protagonizado diferencias con otros sectores del espacio durante el armado electoral provincial, y en 2025 cuestionó públicamente la fragmentación de los libertarios luego de los comicios. La disputa continuó de cara al armado político hacia 2027.
La defensa también respondió por las prestaciones médicas
Otro capítulo de la polémica está relacionado con las prestaciones médicas facturadas al PAMI por establecimientos vinculados a la familia Negri. La defensa aseguró que sobre esos centros se realizaron cuatro auditorías integrales consecutivas y sostuvo que los controles determinaron que las prestaciones cuestionadas habían sido efectivamente realizadas.
Según los abogados, las inspecciones también comprobaron la capacidad operativa de los centros de rehabilitación y las características de los tratamientos brindados. Mencionaron particularmente el circuito de hidroterapia, que, de acuerdo con la versión de la defensa, se encontraría por encima de las exigencias establecidas por la normativa prestacional.
Sin embargo, la información periodística sobre el caso señala que Morales pretendía revisar más de 7.000 órdenes de prestaciones emitidas entre 2024 y 2026. También se informó que la auxiliar fiscal Paula Bellotti había requerido documentación relacionada con auditorías ante la posible existencia de una defraudación contra la administración pública vinculada a determinadas órdenes del módulo de Fisiatría. Estas situaciones deberán ser determinadas por las autoridades competentes y no significan por sí mismas que exista un delito comprobado.
Por ese motivo, resulta necesario separar dos cuestiones: por un lado está la denuncia por presuntas amenazas y el conflicto personal, sobre la que la defensa asegura que hubo conciliación y pedido de archivo; por otro, aparecen los controles y cuestionamientos sobre prestaciones del PAMI, respecto de los cuales existen versiones contrapuestas sobre los resultados y alcances de las auditorías.
Millones bajo la lupa y una fuerte disputa dentro del PAMI
Las publicaciones que originaron la polémica mencionaron cifras muy elevadas. Según datos internos difundidos originalmente por La Política Online y posteriormente reproducidos por medios provinciales, establecimientos relacionados con la familia Negri registraron prestaciones por $1.091 millones en septiembre de 2025, $825 millones en octubre y montos superiores a $700 millones en noviembre y diciembre, además de cifras por encima de $900 millones mensuales en enero y febrero de 2026.
Es importante aclarar que esos montos corresponden a facturación o prestaciones sometidas a revisión y no equivalen automáticamente a una sobrefacturación comprobada. Determinar si existió alguna irregularidad requiere documentación, auditorías y, eventualmente, una resolución de los organismos administrativos o judiciales correspondientes.
El enfrentamiento también coincidió con un cambio importante dentro del organismo. Morales dejó la conducción de la delegación y Ada Valeria Salinas asumió al frente de la Unidad de Gestión Local del PAMI en San Luis, mientras continuaba la repercusión por las denuncias y auditorías.
Para los lectores de San Luis y Villa Mercedes, el punto central es que el caso tiene actualmente dos relatos claramente enfrentados. La denunciante sostiene que sufrió amenazas y presiones mientras avanzaba con controles; Negri, a través de sus abogados, afirma que el conflicto personal fue conciliado, que las prestaciones superaron auditorías y que la reaparición pública de las acusaciones responde a intereses políticos.
Negri denuncia una maniobra en plena interna libertaria
La defensa considera que el momento elegido para reflotar las acusaciones no es casual. “Algunos trabajan solo para intentar desacreditar o ganar alguna posición, otros para construir”, manifestaron sus representantes, apuntando directamente al clima de interna partidaria que atraviesa al espacio libertario puntano.
Las diferencias dentro de La Libertad Avanza en San Luis tienen antecedentes concretos. Durante el proceso electoral de 2025 hubo impugnaciones, divisiones y cuestionamientos por el uso del nombre del espacio, mientras distintos sectores buscaban posicionarse como representantes del proyecto de Javier Milei en la provincia.
Negri mantiene además actividad política e institucional en la provincia y ocupa un cargo dentro del bloque de La Libertad Avanza en el Senado de la Nación. También está vinculado empresarialmente con la Clínica Aconcagua, establecimiento con presencia en San Luis y Villa Mercedes.
La polémica, por lo tanto, está lejos de ser solamente una discusión mediática. Hay acusaciones, una respuesta formal de la defensa, auditorías, diferencias sobre el estado de los expedientes y una fuerte interna política. Hasta que exista información judicial o administrativa oficial definitiva, corresponde mantener diferenciadas las denuncias de los hechos comprobados y dejar en claro qué afirmaciones pertenecen a cada una de las partes.
Redacción InfoVidaSanLuis