El Gobierno nacional amplió a las cárceles provinciales el mecanismo que permite inhabilitar teléfonos, tarjetas SIM y líneas activadas dentro de los establecimientos penitenciarios. La medida fue oficializada mediante la Resolución 734/2026 del Enacom y podrá aplicarse en las provincias que adhieran al protocolo nacional.
El Gobierno nacional avanzó con una nueva herramienta destinada a combatir los delitos que se organizan desde las cárceles. Desde ahora, las provincias que adhieran al esquema federal podrán solicitar el bloqueo de teléfonos celulares utilizados dentro de establecimientos penitenciarios.
La decisión quedó establecida a través de la Resolución 734/2026 del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), publicada este jueves 13 de agosto. Hasta ahora, el mecanismo estaba limitado principalmente a establecimientos penitenciarios federales.
La normativa busca impedir que teléfonos ingresados o utilizados de manera irregular en las cárceles sean empleados para coordinar robos, estafas, amenazas, extorsiones u otras actividades delictivas desde el interior de los penales.
Para los lectores de San Luis y Villa Mercedes, la medida abre la posibilidad de que el sistema pueda alcanzar también a establecimientos penitenciarios provinciales de San Luis en caso de que la Provincia adhiera al protocolo y complete el procedimiento establecido a nivel nacional. La resolución no implica que el bloqueo comience automáticamente en todas las cárceles del país.
Qué se bloqueará dentro de las cárceles
El nuevo procedimiento contempla la inhabilitación de tres datos esenciales vinculados con cada teléfono detectado. Uno es el IMEI, el número que identifica físicamente al aparato; otro es el IMSI, relacionado con la tarjeta SIM; y el tercero es directamente la línea telefónica asociada al dispositivo.
De esta manera, el objetivo no es únicamente impedir temporalmente que un teléfono tenga señal dentro de una cárcel. El mecanismo permitirá que las compañías de telefonía móvil bloqueen el aparato y los elementos asociados a su funcionamiento cuando se cumplan los requisitos establecidos por la resolución.
El alcance incluye los dispositivos que sean detectados activos tanto dentro de las áreas de alojamiento de internos como en otros sectores de acceso restringido al público de los establecimientos penitenciarios que formen parte del sistema.
Las empresas prestadoras deberán además mantener un registro de los procedimientos realizados, garantizando la trazabilidad e integridad de la información relacionada con cada pedido de bloqueo.
Las provincias no podrán bloquearlos directamente
Uno de los puntos centrales de la medida es que las provincias no podrán comunicarse por su cuenta con las compañías telefónicas para ordenar la inhabilitación de un celular. El procedimiento deberá canalizarse mediante el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Cada jurisdicción que adhiera podrá detectar e informar los teléfonos utilizados irregularmente dentro de sus cárceles, pero será el Ministerio nacional el encargado de formalizar la solicitud ante las prestadoras del servicio móvil.
Esto significa que la implementación dependerá de la adhesión de cada provincia y de la coordinación entre las autoridades penitenciarias provinciales, el Ministerio de Seguridad y las empresas de telecomunicaciones.
También se estableció que los mecanismos tecnológicos deberán configurarse de manera que no perjudiquen a los vecinos o usuarios ubicados fuera del perímetro carcelario, evitando interferencias sobre comunicaciones legítimas en zonas cercanas.
Mendoza impulsó el cambio que ahora podrá alcanzar a todo el país
La ampliación surgió después de una presentación realizada por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza ante el Enacom. Las autoridades mendocinas plantearon la necesidad de contar con una normativa específica que permitiera actuar sobre teléfonos utilizados dentro de cárceles provinciales.
Mendoza ya venía desarrollando distintas estrategias para detectar equipos y limitar comunicaciones en sus establecimientos penitenciarios. Además de requisas y secuestros de celulares, la provincia comenzó a avanzar con sistemas de localización, inhibición selectiva y georreferenciación.
El planteo recibió respaldo nacional y finalmente derivó en la nueva normativa que abre el mecanismo a las demás jurisdicciones que decidan incorporarse.
El antecedente normativo también establece límites estrictos para el uso de inhibidores de señales debido al riesgo de afectar comunicaciones externas. La regulación nacional ya exige que cualquier tecnología de este tipo se utilice exclusivamente dentro de áreas autorizadas y con ajustes técnicos que eviten interferencias fuera del lugar.
El objetivo: cortar las comunicaciones ilegales desde los penales
La decisión se apoya en la necesidad de reforzar las políticas destinadas a prevenir y neutralizar delitos organizados desde las cárceles, especialmente aquellos en los que los detenidos utilizan teléfonos móviles para comunicarse con personas que se encuentran en libertad.
La propia normativa recuerda que el artículo 160 de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad establece restricciones sobre las comunicaciones mediante dispositivos móviles dentro de establecimientos penitenciarios.
El sistema representa un cambio importante porque permitirá que una herramienta que ya tenía aplicación en el ámbito federal pueda extenderse progresivamente a las cárceles provinciales de todo el país, siempre que cada jurisdicción formalice su adhesión.
En San Luis, por el momento, la publicación de la resolución nacional no significa que los teléfonos ya estén siendo bloqueados automáticamente en las cárceles provinciales. Para que el mecanismo se aplique deberá existir la correspondiente incorporación de la Provincia al protocolo y cumplirse el procedimiento previsto por el Gobierno nacional.
Redacción InfoVidaSanLuis