Gemma Giselle Álvarez había denunciado al acusado por violencia de género 29 días antes del crimen. La Justicia imputó a Matías Ezequiel Marín por homicidio doblemente agravado y ordenó un año de prisión preventiva.
Un brutal femicidio en San Juan provocó una profunda conmoción. Gemma Giselle Álvarez, de 34 años, fue asesinada durante la mañana del jueves 30 de julio cuando se dirigía en motocicleta hacia su lugar de trabajo por la zona de la avenida Costanera, en el departamento Chimbas.
Por el crimen fue detenido su expareja, Matías Ezequiel Marín, de 38 años. De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía, el hombre habría esperado que la mujer saliera de su domicilio en el barrio Las Alondras y luego comenzó a seguirla a bordo de un Volkswagen Gol Trend blanco.
Gemma circulaba en una motocicleta Motomel de 110 centímetros cúbicos cuando fue perseguida por el vehículo. Una cámara del CISEM ubicada en la rotonda de calle Salta y Costanera habría registrado el paso de la moto y, pocos segundos después, el automóvil conducido por el acusado.
Siempre según la acusación fiscal, Marín alcanzó a la mujer cerca de una planta eléctrica, la acorraló con el auto y provocó que perdiera el control de la motocicleta. Después habría descendido del vehículo y la atacó reiteradamente con un arma blanca.
La autopsia confirmó que recibió 31 puñaladas
Un efectivo policial que se encontraba en la zona advirtió la situación e intervino. El acusado escapó del lugar mientras el agente y un civil intentaban asistir a Gemma y daban aviso al servicio de emergencias, pero las graves heridas le provocaron la muerte.
La autopsia confirmó que la víctima recibió 31 puñaladas y descartó que hubiera fallecido por un disparo. Los investigadores consideran que la cantidad y la gravedad de las lesiones muestran la violencia extrema con la que se produjo el ataque.
La Fiscalía también investiga si el femicidio fue planificado. Durante un allanamiento se encontró una nota atribuida al acusado en la que habría expresado que no soportaba la situación y pedía perdón a integrantes de su familia, un elemento que quedó incorporado al expediente.
Gemma era trabajadora del área de la salud y tenía un hijo menor de edad en común con el acusado. Los investigadores señalaron que la relación había durado alrededor de 13 años y que estaba atravesada por situaciones de control, celos y violencia psicológica.
Había denunciado violencia de género 29 días antes
Uno de los datos más graves de la causa es que Gemma había denunciado a Marín el 1 de julio de 2026, apenas 29 días antes de ser asesinada. La presentación fue realizada ante la UFI CAVIG, especializada en casos de violencia de género.
Distintos medios informaron que la mujer había solicitado medidas de protección. La investigación deberá establecer qué acciones se adoptaron luego de aquella presentación y si existían restricciones judiciales vigentes al momento del crimen.
Tras el ataque, la Policía de San Juan desplegó un amplio operativo para localizar al sospechoso. Marín permaneció prófugo durante gran parte del jueves hasta que vecinos aportaron información sobre una vivienda de Villa Obrera, en Chimbas.
El acusado fue detenido a las 20:49 en una casa de la calle El Paisano al 6370 Oeste. Al momento del procedimiento presentaba lesiones en ambas muñecas, que se habría provocado durante un intento de quitarse la vida, y debió recibir asistencia.
Vecinos intentaron agredir al detenido
La presencia del sospechoso generó momentos de mucha tensión en Villa Obrera. Varios vecinos se acercaron al lugar e intentaron agredirlo antes de que los efectivos lograran retirarlo y trasladarlo bajo un importante operativo de seguridad.
Inicialmente fue alojado en la Comisaría 30ª y luego derivado a la Central de Policía. Posteriormente fue llevado a Tribunales para participar de la audiencia de formalización ante el juez de Garantías Sergio López Martí.
Durante la audiencia, Marín hizo uso de su derecho a no declarar. Poco después manifestó que le faltaba el aire, por lo que se dispuso un cuarto intermedio antes de continuar con el proceso judicial.
El fiscal Nicolás Schiattino, de la UFI Delitos Especiales, lo imputó por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, una figura penal que contempla como única pena posible la prisión perpetua.
La Justicia ordenó un año de prisión preventiva
El juez hizo lugar al pedido de la Fiscalía y dictó un año de prisión preventiva para el acusado. También estableció el mismo plazo para desarrollar la investigación penal preparatoria y completar las pericias pendientes.
Marín fue trasladado al Servicio Penitenciario de Chimbas, donde permanecerá detenido mientras avanza la causa. La defensa quedó a cargo de la abogada María Filomena Noriega.
La investigación deberá analizar las grabaciones de seguridad, el vehículo utilizado, el arma empleada, la nota hallada durante los allanamientos y los antecedentes de violencia denunciados por la víctima. También se buscará determinar si existió una planificación previa.
El crimen de Gemma Álvarez volvió a generar reclamos por una respuesta rápida y efectiva frente a las denuncias de violencia de género. Mientras la Justicia reúne las pruebas, familiares y vecinos exigen que el caso no quede impune y que el acusado reciba la máxima condena prevista por la ley.
Redacción InfoVidaSanLuis