El Gobierno provincial inició una demanda ante la Justicia Federal para recuperar fondos por más de 13.000 prestaciones médicas, bioquímicas y farmacéuticas brindadas desde 2017 a afiliados bonaerenses que viven en San Luis. La Provincia aseguró que la atención continuará mientras avance el reclamo.
El Gobierno de San Luis, a través de la Fiscalía de Estado y en coordinación con la Dirección de Obra Social del Estado Provincial (DOSEP), inició una demanda judicial contra el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires por una deuda cercana a los $485 millones.
La presentación tramita ante la Justicia Federal y busca recuperar el dinero correspondiente a prestaciones de salud que DOSEP brindó desde 2017 a afiliados de IOMA que actualmente residen en territorio puntano. El monto reclamado contempla además intereses y costas del proceso, por lo que podría aumentar a medida que avance el juicio.
El origen del conflicto se remonta a un convenio de reciprocidad firmado en 2001 entre las obras sociales provinciales. En aquel momento se estableció una cápita mensual de $35 por afiliado, una cifra que, según explicó la ministra de Salud de San Luis, Teresa Nigra, nunca fue actualizada.
En 2017 se había acordado modificar ese mecanismo y comenzar a pagar de acuerdo con las prestaciones efectivamente realizadas. Sin embargo, de acuerdo con la información brindada por las autoridades provinciales, IOMA continuó realizando transferencias bajo el esquema anterior, provocando un importante desfasaje entre los fondos recibidos y los gastos afrontados por DOSEP.
Más de 13.000 prestaciones forman parte del reclamo
El secretario de Asuntos Judiciales de Fiscalía de Estado, Javier Suárez Ortiz, informó que la demanda comprende más de 13.000 prestaciones médicas, bioquímicas y farmacéuticas financiadas por la obra social puntana durante los últimos años.
Según detallaron las autoridades, actualmente hay 425 afiliados de IOMA viviendo en San Luis, mientras que solamente 24 afiliados de DOSEP residen en la provincia de Buenos Aires. Esa diferencia provoca que la compensación económica entre ambas obras sociales resulte favorable a San Luis.
Desde Fiscalía de Estado señalaron además que IOMA abonó hasta el momento $1,5 millones frente al monto reclamado. Antes de acudir a la Justicia, la Provincia aseguró haber enviado durante los últimos seis meses seis intimaciones mediante cartas documento, sin obtener respuesta.
DOSEP había comunicado en julio de 2025 la rescisión unilateral del convenio por los incumplimientos denunciados. Sin embargo, el Gobierno de San Luis aclaró que la disputa económica no afectará a los pacientes y que los afiliados de IOMA residentes en la provincia seguirán recibiendo atención médica mientras avance el proceso judicial.
Ahora será la Justicia Federal la encargada de analizar el planteo. Desde el Ejecutivo puntano remarcaron que el objetivo es recuperar los recursos que DOSEP destinó durante años a la atención de afiliados de IOMA, sin trasladar las consecuencias del conflicto a quienes necesitan las prestaciones de salud.
Redacción InfoVidaSanLuis