El empresario vinculado a operaciones financieras con clubes del fútbol argentino enfrenta una investigación por supuestas maniobras de lavado de activos, evasión y defraudación. La Justicia le prohibió prestar servicios financieros y ordenó nuevas medidas para rastrear movimientos de dinero.
La investigación sobre Sur Finanzas suma nuevas medidas judiciales
La situación judicial de Maximiliano Ariel Vallejo, fundador de Sur Finanzas y empresario vinculado comercialmente con instituciones del fútbol argentino, continúa bajo investigación en los tribunales federales de Lomas de Zamora.
El expediente busca determinar si determinadas operaciones financieras fueron utilizadas para movilizar fondos de presunto origen ilícito, mediante préstamos, contratos comerciales y movimientos realizados a través de sociedades vinculadas al empresario.
La investigación también analiza las relaciones económicas de Sur Finanzas con clubes de fútbol y personas que habrían realizado operaciones de importantes montos mediante sus servicios.
Hasta el momento, no se pudo confirmar oficialmente una nueva detención de Ariel Vallejo este viernes 23 de octubre. La información judicial comprobable corresponde a medidas restrictivas sobre sus actividades financieras y a nuevas diligencias de investigación.
La Justicia le prohibió operar en el sector financiero
El juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte dispuso el 5 de octubre que Vallejo no pueda prestar servicios financieros ni participar en empresas de ese sector mientras continúe vigente la medida.
La resolución alcanzó su posible intervención como socio, accionista, director, administrador, apoderado o empleado jerárquico.
La decisión se produjo después de que una sucursal vinculada a Sur Finanzas retomara actividades en Canning, provincia de Buenos Aires.
Además, el juzgado ordenó distintas actuaciones para obtener documentación comercial, bancaria y financiera relacionada con las operaciones investigadas.
Uno de los principales aspectos investigados es la relación comercial entre Sur Finanzas y diferentes instituciones deportivas.
La empresa mantuvo acuerdos de patrocinio y financiamiento con clubes del fútbol argentino.
Los investigadores intentan establecer si las operaciones declaradas tuvieron una justificación económica real y si los fondos utilizados contaban con respaldo documental suficiente.
En el expediente también aparecen operaciones vinculadas con el Club Atlético Banfield, particularmente préstamos y contratos firmados durante 2023.
La investigación procura determinar si existieron maniobras financieras irregulares y si alguna de ellas pudo perjudicar el patrimonio de instituciones deportivas.
La existencia de relaciones comerciales con clubes o dirigentes no demuestra por sí misma la comisión de delitos.
Entre las operaciones examinadas figuran dos préstamos relacionados con Banfield, realizados durante julio y octubre de 2023.
Los contratos contemplaban un capital conjunto de un millón de dólares, con intereses que elevaban la obligación total a 1.150.000 dólares.
Los investigadores buscan determinar cómo se realizaron los movimientos de dinero, cuáles fueron las condiciones acordadas y si existió documentación suficiente para respaldarlos.
También se analizan movimientos de fondos mediante servicios de pago y operaciones atribuidas a personas cuya capacidad económica está siendo investigada.
En algunos casos, personas mencionadas en los registros desconocieron haber solicitado determinados préstamos.
La investigación también alcanzó distintos bienes vinculados al empresario.
Entre las medidas judiciales adoptadas durante octubre se dispuso poner a disposición de la Corte Suprema una flota de vehículos, entre ellos una Ferrari descapotable, camionetas y otros rodados.
Paralelamente, el juzgado solicitó información sobre movimientos bancarios, operaciones de compraventa de divisas y actividades comerciales de personas y sociedades investigadas.
El objetivo de estas diligencias es reconstruir el recorrido de los fondos y determinar si las operaciones económicas resultan compatibles con los ingresos declarados.
En mayo, Vallejo había sido convocado a prestar declaración indagatoria ante el juez federal Luis Armella.
Después de una incomparecencia, el magistrado fijó una nueva audiencia para el 26 de mayo y advirtió que podría disponer su detención si volvía a ausentarse.
Finalmente, el empresario compareció ante la Justicia y rechazó las acusaciones.
Posteriormente, durante agosto, se dictó una resolución de falta de mérito en una de las investigaciones vinculadas con Banfield.
Esa decisión no implicó una condena ni un sobreseimiento definitivo, por lo que las actuaciones continuaron abiertas.
La causa permanece abierta y las autoridades judiciales continúan analizando documentación, operaciones económicas y eventuales responsabilidades individuales.
Las medidas adoptadas hasta ahora tienen como objetivo asegurar la investigación y esclarecer las presuntas irregularidades.
Vallejo ha negado las acusaciones en su contra, y no corresponde considerar probados los delitos investigados mientras no exista una sentencia judicial que así lo determine.
El próximo avance dependerá de los resultados de las diligencias ordenadas y de las nuevas decisiones que adopte el juzgado federal.
Redacción InfoVidaSanLuis