El vocero presidencial Adrián Ravier protagonizó un durísimo intercambio con periodistas cuando le reclamaron explicaciones por los recursos del Impuesto a los Combustibles destinados al sistema vial. Primero había reconocido que una parte quedaba a disposición de Economía para contribuir al equilibrio fiscal; ahora sostuvo que el dinero está invertido y será destinado a las rutas. El caso ya llegó a la Justicia y al Congreso.
Una conferencia de prensa que debía recorrer distintos temas de gestión terminó convirtiéndose este martes 18 de agosto en uno de los momentos más tensos de las últimas semanas en Casa Rosada. El protagonista fue el vocero presidencial Adrián Ravier, quien tuvo que responder por el destino de los fondos recaudados para infraestructura vial. La conferencia y el intercambio están publicados íntegramente en el sitio oficial de Presidencia.
El conflicto comenzó cuando los periodistas retomaron declaraciones que el propio Ravier había realizado días antes a El Diario de La Pampa. En aquella entrevista reconoció que una parte de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles llegaba a Vialidad, mientras otra parte quedaba bajo disposición del Ministerio de Economía en el marco de la búsqueda del equilibrio fiscal.
La afirmación generó una fuerte polémica porque el Sistema Vial Integrado (SisVial) recibe recursos destinados a financiar infraestructura. La normativa que regula el Fideicomiso de Infraestructura de Transporte establece una distribución específica de los recursos y contempla al SisVial como uno de los sistemas beneficiarios para financiar obras vinculadas con la red vial.
La discusión tomó todavía más fuerza después de que una investigación periodística de LA NACION, realizada a partir de balances, informes contables y documentación obtenida mediante pedidos de acceso a la información pública, informara que durante la gestión de Javier Milei ingresaron más de $1,5 billones al esquema destinado a obras viales y que solamente alrededor de una cuarta parte se habría aplicado a ese objetivo hasta el período analizado. Más de $1 billón permanecía colocado en inversiones financieras, entre ellas plazos fijos y títulos públicos, al cierre de mayo.
Del “equilibrio fiscal” a decir que el dinero está invertido
Frente a las preguntas realizadas este martes, Ravier defendió la actuación del Gobierno. Sostuvo que existe un Presupuesto Nacional aprobado por el Congreso que determina cuánto dinero se asigna a Vialidad Nacional y aseguró que la administración está respetando esas partidas. Tras esa explicación intentó terminar el tema y pasar a otra consulta.
Pero otro periodista volvió sobre el punto y preguntó directamente si los recursos estaban siendo utilizados para una finalidad distinta de la prevista y si eso podía representar una irregularidad. El periodista incluso mencionó durante la conferencia el artículo 260 del Código Penal y reclamó que el vocero precisara qué ocurría con esos fondos.
Ravier negó de manera categórica que exista malversación o un delito. Su explicación fue que una parte de las partidas corresponde al mantenimiento de las rutas y que el resto de los recursos no habría sido desviado, sino que permanece invertido para preservar su valor hasta su utilización. Esa es actualmente la posición oficial expresada por el vocero presidencial.
El momento más fuerte llegó cuando desde la sala un periodista lo acusó directamente de estar mintiendo. Ravier respondió preguntando cuál era la mentira y reconoció que anteriormente había dicho que parte del dinero quedaba a disposición de Economía, aunque aclaró que en aquella oportunidad no había dado detalles sobre qué hacía el Ministerio con esos recursos. Finalmente volvió a remitirse a la explicación de Luis Caputo y cerró el intercambio con un “siguiente pregunta”.
Qué había dicho Caputo sobre el dinero
El ministro de Economía Luis Caputo había hablado sobre la controversia el 12 de agosto durante una presentación en Córdoba. Ante una consulta específica sobre la subejecución del SisVial, defendió el manejo de los recursos y afirmó que el Gobierno está cumpliendo con el Presupuesto aprobado por el Congreso.
Caputo aseguró además que el Gobierno trabaja con una mesa integrada por representantes nacionales y gobernadores para determinar las obras prioritarias. En aquel momento sostuvo que el nivel de cumplimiento estaba alrededor del 40%, mientras que desde el área de prensa de Economía señalaron que durante agosto se esperaba alcanzar un desembolso equivalente al 65% de lo aprobado en el Presupuesto Nacional.
El ministro también defendió el cambio del sistema de infraestructura vial y anticipó que miles de kilómetros de corredores serán incorporados al esquema de concesiones privadas. El objetivo oficial es que empresas privadas se hagan cargo de distintos corredores y recuperen inversiones mediante el cobro de peajes.
El Gobierno sostiene, por lo tanto, que no existe un desvío ilegal y que los recursos que todavía no fueron ejecutados permanecen invertidos y posteriormente serán utilizados. La oposición y distintos legisladores, en cambio, cuestionan que recursos recaudados con una finalidad determinada permanezcan sin aplicarse mientras continúa la discusión por el mantenimiento de la red vial.
La polémica ya llegó a la Justicia y al Congreso
La diputada nacional Victoria Tolosa Paz presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue el manejo de los recursos del SisVial. La presentación plantea una presunta malversación de caudales públicos, pero es importante remarcar que se trata de una denuncia que deberá ser investigada y que no existe, a esta altura, una resolución judicial que determine que Caputo u otros funcionarios hayan cometido ese delito.
El conflicto también llegó formalmente a la Cámara de Diputados. Legisladores de Unión por la Patria impulsaron un pedido para interpelar a Caputo y exigirle que explique cuánto ingresó por el impuesto, cuánto se utilizó efectivamente para infraestructura y cuál es el destino actual de los recursos que permanecen sin ejecutar.
Este martes, además, la Comisión de Obras Públicas realizó una reunión informativa en la Cámara baja. Allí representantes opositores volvieron a pedir explicaciones y plantearon incluso reflotar la discusión para modificar la distribución de parte del Impuesto a los Combustibles Líquidos y entregar una proporción mayor directamente a las provincias.
El reclamo no nació ahora. Los gobernadores ya habían discutido un esquema alternativo de distribución de estos recursos y llegaron a impulsar un proyecto que proponía repartir un 57,02% a las provincias, 14,29% al Tesoro Nacional y 28,69% al sistema de seguridad social. La iniciativa consiguió media sanción en el Senado, pero posteriormente quedó frenada en Diputados.
Por qué este debate también importa en San Luis
Para San Luis y Villa Mercedes, la discusión por el financiamiento vial tiene un impacto especialmente sensible debido al peso que poseen las rutas nacionales para la comunicación provincial y el transporte de cargas. Entre los principales accesos nacionales a San Luis se encuentran las rutas 7, 146 y 147.
La Ruta Nacional 7, además, ocupa un lugar central en la conectividad de la provincia. Durante 2026 Nación y San Luis avanzaron en acuerdos relacionados con diferentes sectores de esa traza; en julio, por ejemplo, se concretó el traspaso a la Provincia del tramo urbano de la ex Ruta 7 conocido como avenida Santos Ortiz, para que el Gobierno puntano pudiera intervenirlo y ponerlo en valor.
Por eso, detrás del duro cruce político existe una pregunta concreta que afecta a millones de automovilistas: qué parte de los impuestos que se pagan cada vez que se carga combustible vuelve efectivamente a las rutas y en qué momento se transforma en mantenimiento y obras. El SisVial forma parte de un fideicomiso cuyos recursos tienen una regulación específica vinculada con infraestructura de transporte.
Hasta ahora hay dos posiciones enfrentadas. Ravier y Caputo sostienen que el Presupuesto se está cumpliendo, que no existe malversación y que los recursos no ejecutados permanecen invertidos. Del otro lado, legisladores opositores y una denuncia judicial cuestionan la subejecución y exigen conocer con precisión qué ocurrió con el dinero. Será la documentación oficial, el Congreso y eventualmente la Justicia quienes deberán determinar si hubo alguna irregularidad.
Lo que sí quedó confirmado en la propia transcripción oficial de Casa Rosada es el fuerte choque entre el vocero y los periodistas: ante la acusación de que estaba mintiendo, Ravier la rechazó, volvió a explicar que Economía disponía de los recursos y terminó dando por cerrada la discusión. El debate sobre los fondos de las rutas, sin embargo, está lejos de terminar.
Redacción InfoVidaSanLuis