Con 71 votos a favor y ninguno en contra, el Congreso convirtió en ley un régimen permanente que busca garantizar pensiones, tratamientos, cobertura médica y continuidad de las prestaciones. La decisión representa un avance para las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores de todo el país, incluida la provincia de San Luis.
El Senado de la Nación aprobó este jueves 19 de noviembre de 2026, en Buenos Aires, la nueva Ley de Discapacidad, una decisión de gran importancia para miles de familias argentinas que dependen de pensiones, tratamientos médicos, rehabilitación y diferentes servicios de asistencia.
La iniciativa recibió el respaldo unánime de los 71 senadores presentes, sin votos negativos ni abstenciones, y quedó definitivamente sancionada por el Congreso.
La norma, denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, busca garantizar la continuidad de los derechos y prestaciones que se encuentran contemplados en el régimen de emergencia vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.
A diferencia de ese esquema transitorio, la nueva legislación establece un marco de protección permanente.
Qué cambia con la nueva Ley de Discapacidad
Uno de los aspectos centrales de la norma es que busca brindar mayor estabilidad al sistema de atención y protección de las personas con discapacidad.
La legislación mantiene beneficios fundamentales relacionados con las pensiones no contributivas, el acceso a tratamientos, la cobertura médica y el financiamiento de las prestaciones.
Además, contempla mecanismos para actualizar los aranceles de los profesionales e instituciones que brindan servicios de rehabilitación y asistencia.
El objetivo es evitar que la finalización de la emergencia vigente deje sin respaldo legal a las personas que necesitan estas prestaciones.
Las pensiones continuarán y podrán ser compatibles con el trabajo
Uno de los puntos más importantes establece que las pensiones no contributivas por discapacidad equivaldrán al 70% del haber jubilatorio mínimo.
También se mantiene la posibilidad de que una persona beneficiaria pueda acceder a un empleo formal o inscribirse en el monotributo sin perder automáticamente su pensión.
Para conservar la compatibilidad, los ingresos laborales no deberán superar el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Esta disposición busca facilitar la inclusión laboral y evitar que quienes consiguen un empleo deban elegir necesariamente entre trabajar o conservar la prestación económica.
La aplicación del beneficio estará sujeta a los requisitos establecidos por la legislación.
Continuidad de tratamientos y cobertura médica
La ley también contempla la continuidad de las prestaciones básicas destinadas a personas con discapacidad.
Entre ellas se encuentran distintos servicios de rehabilitación, atención profesional y tratamientos comprendidos en el sistema de protección.
Además, garantiza la cobertura médica básica mediante el programa federal Incluir Salud para las personas alcanzadas por las condiciones de la normativa.
Este aspecto resulta especialmente importante para quienes necesitan tratamientos prolongados o asistencia permanente.
La continuidad de los servicios representa una de las principales preocupaciones de las familias y organizaciones vinculadas con la discapacidad.
Actualizaciones de aranceles para los prestadores
Otro punto fundamental está relacionado con los valores que reciben los profesionales y las instituciones encargadas de brindar prestaciones.
La nueva ley conserva el nomenclador único y establece mecanismos de actualización automática y periódica de los aranceles, vinculados con la movilidad jubilatoria.
Esto busca dar mayor previsibilidad a centros de rehabilitación, transportistas, terapeutas y otros prestadores del sistema.
Durante los últimos años, diferentes sectores advirtieron sobre las dificultades económicas que enfrentaban para sostener sus servicios.
La actualización de los valores pretende contribuir a la continuidad de esas prestaciones.
Auditorías y controles para garantizar el funcionamiento
La legislación también establece mecanismos de revisión periódica de las pensiones y otros beneficios.
Las auditorías deberán realizarse respetando las garantías y los derechos de las personas con discapacidad.
Además, se contempla la coordinación de información entre distintos organismos públicos para mejorar la transparencia y el funcionamiento del sistema.
El objetivo declarado es garantizar que los recursos lleguen a quienes cumplen con los requisitos y necesitan las prestaciones.
Un plazo de 30 días para reglamentar la ley
Aunque el Congreso sancionó la nueva legislación, todavía resta una etapa fundamental para su implementación.
El texto contempla un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo nacional reglamente la norma.
También establece un cronograma destinado a regularizar las compensaciones adeudadas a prestadores del sistema.
La reglamentación será determinante para definir los procedimientos administrativos que permitirán aplicar las disposiciones aprobadas.
Por este motivo, las organizaciones del sector insisten en que la sanción legislativa debe estar acompañada por recursos económicos y medidas concretas.
Alicia Kirchner: “Es un punto de partida”
Durante el debate parlamentario, la senadora Alicia Kirchner acompañó la aprobación de la iniciativa, aunque advirtió que todavía quedan problemas pendientes por resolver.
La legisladora sostuvo que ninguna sanción puede reparar automáticamente los derechos que hayan sido vulnerados y consideró que la nueva ley debe entenderse como un punto de partida.
También expresó preocupación por la capacidad administrativa para implementar las disposiciones y garantizar que las prestaciones lleguen efectivamente a sus destinatarios.
Desde el oficialismo, en tanto, se defendió la creación de un régimen permanente como una herramienta para aportar previsibilidad, estabilidad y mejores mecanismos de control.
Qué significa para las familias de San Luis y Villa Mercedes
La sanción de la nueva ley también tiene especial importancia para las personas con discapacidad de San Luis capital, Villa Mercedes, Juana Koslay, La Punta, Merlo y todas las localidades de la provincia.
Las familias que necesitan servicios de rehabilitación, acompañamiento terapéutico, transporte adaptado o prestaciones médicas siguen de cerca las decisiones relacionadas con el financiamiento del sistema.
Para quienes perciben pensiones no contributivas, la continuidad de los beneficios y la posibilidad de compatibilizarlos con el trabajo representan aspectos centrales.
También resulta relevante para los profesionales, instituciones y transportistas de San Luis que dependen del pago de aranceles para sostener sus actividades.
Sin embargo, la sanción de la norma no significa que todos los problemas de cobertura, demoras en los pagos o acceso a los tratamientos estén resueltos de manera inmediata.
Un avance esperado, pero con desafíos pendientes
La aprobación unánime representa un importante acuerdo político en torno a la protección de los derechos de las personas con discapacidad.
Después de meses de reclamos y debates sobre la continuidad del sistema, el Congreso decidió establecer una legislación permanente.
Ahora, la atención estará puesta en la reglamentación, la asignación de recursos y el cumplimiento efectivo de las medidas aprobadas.
Las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias continuarán siguiendo de cerca la implementación de la norma.
Con 71 votos a favor, el Senado dio un paso importante para garantizar la continuidad de pensiones, tratamientos y prestaciones. Para miles de familias de San Luis y de todo el país, la nueva ley representa una esperanza, pero también el comienzo de una etapa en la que será fundamental que los derechos reconocidos se cumplan en la práctica.
Redacción InfoVidaSanLuis
