La audiencia para ampliar los cargos por asociación ilícita en la causa Molino Fénix debió ser reprogramada. Anabela Lucero, el diputado Joaquín Beltrán y Exequiel Scarel no estuvieron inicialmente en Tribunales y presentaron certificados médicos. El juez Santiago Ortiz fijó una nueva audiencia para el lunes 24 de agosto y advirtió que, si vuelven a faltar, podrán ser conducidos por la fuerza pública.
La causa por el presunto vaciamiento del Molino Fénix de Villa Mercedes sumó un nuevo y tenso capítulo judicial. La ex diputada Anabela Lucero, su pareja y actual diputado provincial Joaquín Beltrán y Exequiel Scarel no se presentaron inicialmente de manera presencial a la audiencia en la que la Fiscalía pretendía ampliarles la imputación por asociación ilícita.
Según se informó durante la audiencia, los acusados presentaron certificados médicos y solicitaron la suspensión. El juez de Garantías Santiago Ortiz consideró que la documentación aportada no justificaba frenar el procedimiento y habilitó la posibilidad de que participaran mediante conexión remota. Lucero, Beltrán y Scarel finalmente se conectaron por videoconferencia.
El Ministerio Público Fiscal, encabezado en la investigación por el fiscal José Olguín, pidió que la formulación de los nuevos cargos se realizara con todos los acusados presentes debido a que las imputaciones están vinculadas entre sí. La querella, representada por Fiscalía de Estado, acompañó ese planteo.
Ante esta situación, Ortiz decidió fijar una nueva audiencia para el lunes 24 de agosto a las 9:00. Además, dejó una advertencia concreta: si los imputados no comparecen nuevamente, podrán ser conducidos por la fuerza pública para garantizar la realización del acto judicial.
La investigación busca determinar qué ocurrió con los recursos y bienes públicos administrados durante la anterior conducción del Complejo Molino Fénix y Casa de la Música. Lucero y Beltrán ya se encuentran imputados por peculado, administración fraudulenta, malversación de caudales públicos y abuso de autoridad.
Ahora la Fiscalía sostiene que habría reunido nuevas evidencias para intentar demostrar que los hechos investigados no fueron episodios aislados, sino parte de un supuesto esquema organizado. Por ese motivo pretende agregar cargos por asociación ilícita, fraude a la administración pública y sustracción de medios de prueba contra varios de los involucrados.
Entre los elementos incorporados al expediente aparecen pericias de teléfonos celulares, registros de cámaras de seguridad, conversaciones e informes contables. Según la investigación fiscal, parte de ese material permitiría reconstruir movimientos de bienes y documentación realizados durante los últimos meses de la anterior administración provincial.
Uno de los puntos nuevos expuestos por Olguín está relacionado con un supuesto circuito de empresas y facturación irregular. El fiscal afirmó durante la audiencia que se investigan alrededor de 800 cheques y estimó preliminarmente un presunto perjuicio cercano a los $1.000 millones. Estas cifras forman parte de la hipótesis de la Fiscalía y todavía deberán ser analizadas y eventualmente probadas dentro del proceso judicial.
Durante la audiencia también se resolvió otorgar una segunda prórroga de seis meses a la Investigación Penal Preparatoria, lo que permitirá continuar reuniendo y analizando pruebas antes de que la causa avance hacia las siguientes etapas procesales.
La defensa realizó además distintos planteos. Entre ellos pidió la devolución de elementos que fueron secuestrados durante la investigación, como teléfonos y otros dispositivos. El juez rechazó esos pedidos por considerar que parte de esos objetos todavía pueden resultar relevantes como evidencia.
La causa lleva más de un año en los tribunales y ya atravesó recusaciones, apelaciones, pedidos de nulidad y discusiones sobre la competencia del juez. El Superior Tribunal de Justicia de San Luis había determinado previamente que Ortiz debía continuar interviniendo en cuestiones pendientes de la investigación.
Todas las personas mencionadas continúan amparadas por el principio de inocencia y todavía no existe una sentencia que determine responsabilidades. La atención estará puesta ahora en el lunes 24, cuando la Justicia de Villa Mercedes intentará finalmente avanzar con la ampliación de cargos en una de las investigaciones por presunta corrupción que mayor repercusión ha generado alrededor del Molino Fénix.
Redacción InfoVidaSanLuis