La Justicia prorrogó la prisión preventiva de Mayte Reyna del Portugal Escudero hasta la finalización del juicio oral, previsto para abril de 2027. La Fiscalía solicitó una pena de 20 años de cárcel por una presunta defraudación millonaria que involucra terrenos del barrio Familia Unida.
La Justicia de Villa Mercedes resolvió este lunes 26 de octubre que Mayte Reyna del Portugal Escudero continúe detenida hasta la finalización del juicio oral, en la causa que investiga una presunta estafa millonaria mediante la comercialización irregular de terrenos municipales. La mujer está acusada de 27 hechos de estafa y enfrenta un pedido fiscal de 20 años de prisión.
La decisión fue adoptada por la jueza de Garantías N° 3, Natalia Pereyra Cardini, quien hizo lugar al requerimiento presentado por el fiscal Leandro Estrada. La magistrada consideró que persisten los riesgos procesales que justifican mantener la prisión preventiva mientras avanza el expediente hacia el debate oral.
El caso involucra a familias de Villa Mercedes que habrían entregado dinero para adquirir terrenos que, según la acusación, no pertenecían a la mujer y sobre los cuales no podía acreditar derechos de posesión.
La Justicia resolvió que permanezca detenida hasta el juicio
Durante la audiencia realizada en los tribunales de la Segunda Circunscripción Judicial, el Ministerio Público Fiscal solicitó extender la medida de coerción hasta que finalice el debate oral.
El fiscal Leandro Estrada sostuvo que todavía existen riesgos procesales que podrían comprometer el normal desarrollo del juicio.
La acusación planteó la necesidad de impedir posibles interferencias con los testigos y garantizar que la imputada permanezca a disposición de la Justicia.
La querella, que representa los intereses de la Municipalidad de Villa Mercedes, acompañó el planteo fiscal.
Finalmente, la jueza Natalia Pereyra Cardini aceptó el pedido y dispuso que Escudero continúe alojada en el Servicio Penitenciario Provincial.
La acusada denunció problemas de salud durante la audiencia
Uno de los momentos centrales de la audiencia se produjo cuando los abogados defensores Carlos Díaz y Damián Bueno cuestionaron la continuidad de la detención.
Los profesionales argumentaron que la situación de salud de su defendida debía ser considerada al momento de resolver la prórroga.
Escudero participó de la audiencia mediante una conexión remota desde el establecimiento penitenciario y solicitó intervenir para explicar personalmente las dificultades médicas que, según manifestó, atraviesa durante su encierro.
Los defensores sostuvieron que se estarían vulnerando derechos de la mujer y cuestionaron las condiciones en las que permanece detenida.
Ante estos planteos, el fiscal indicó que cualquier solicitud de una medida alternativa, como la prisión domiciliaria, debía realizarse mediante el procedimiento correspondiente y acompañarse con la documentación médica necesaria.
Si bien rechazó modificar la prisión preventiva, la jueza ordenó que se adopten las medidas necesarias para proteger la salud física y psicológica de la imputada.
Cómo habría funcionado la presunta estafa con los terrenos
La investigación judicial se concentra en operaciones inmobiliarias realizadas sobre un predio de aproximadamente 16 manzanas ubicado en la zona del barrio Familia Unida, en Villa Mercedes.
Según la hipótesis de la Fiscalía, Escudero habría ofrecido terrenos mediante convenios de cesión de derechos posesorios, pese a no ser propietaria ni haber acreditado derechos suficientes para disponer de esas tierras.
Las operaciones se habrían formalizado mediante documentos con firmas certificadas ante una escribana de Villa Mercedes.
La acusación sostiene que ese procedimiento habría generado entre los compradores una apariencia de legalidad que los llevó a entregar importantes sumas de dinero.
Sin embargo, los terrenos estaban vinculados al patrimonio municipal y posteriormente fueron cedidos al Gobierno de San Luis para el desarrollo de viviendas sociales.
Para los investigadores, las maniobras habrían provocado un perjuicio económico millonario a las familias involucradas.
Son 27 hechos de estafa y la Fiscalía pide 20 años de prisión
La causa avanzó durante los últimos meses con la incorporación de nuevas denuncias y elementos de prueba.
En la audiencia de control de acusación, realizada a fines de septiembre, se dispuso la elevación del expediente a juicio oral.
La Fiscalía solicitó que Mayte Reyna del Portugal Escudero sea juzgada como coautora de 27 hechos de estafa reiterada en concurso real.
Por estos delitos, el Ministerio Público Fiscal pidió una pena de 20 años de prisión.
También será juzgado Luciano Pizarro Quilaman, señalado por su presunta participación en cinco operaciones fraudulentas.
De acuerdo con la acusación, el hombre habría recibido transferencias de dinero relacionadas con algunas de las transacciones investigadas.
Para Pizarro Quilaman, la Fiscalía solicitó siete años de prisión de cumplimiento efectivo.
Hasta el momento, Escudero es la única de los dos acusados que permanece detenida.
El juicio está previsto para abril de 2027
El debate oral está programado para comenzar el 6 de abril de 2027 y extenderse, de acuerdo con el cronograma previsto, hasta el 30 de ese mes.
Durante las audiencias se analizarán las pruebas incorporadas al expediente, las declaraciones de los testigos y los argumentos de la Fiscalía, la querella y las defensas.
El tribunal deberá determinar si existieron las maniobras fraudulentas denunciadas y establecer las eventuales responsabilidades penales.
La investigación representa uno de los procesos judiciales de mayor trascendencia vinculados con la comercialización irregular de terrenos en Villa Mercedes, debido a la cantidad de familias presuntamente perjudicadas y al monto de dinero involucrado.
Qué ocurrirá con los terrenos del barrio Familia Unida
Los lotes investigados forman parte de un predio que fue adquirido por la Municipalidad de Villa Mercedes mediante procedimientos administrativos y posteriormente cedido al Gobierno provincial.
Estas tierras están destinadas a un proyecto de construcción de viviendas sociales.
La situación genera especial preocupación entre las familias que aseguran haber pagado por terrenos que creían adquirir legítimamente.
El proceso penal buscará determinar las responsabilidades por las operaciones denunciadas. La eventual recuperación del dinero entregado o la resolución de los reclamos patrimoniales dependerá de las decisiones judiciales y administrativas que correspondan.
Por ahora, la causa tiene una definición concreta: Mayte Reyna del Portugal Escudero continuará bajo prisión preventiva hasta que finalice el juicio oral, mientras que la Justicia deberá resolver si los hechos atribuidos a los acusados constituyen delitos.
Ambos mantienen su condición de imputados y conservan el derecho a la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.
Redacción InfoVidaSanLuis