El Gobierno nacional anunció una prórroga para ingresar al Régimen Simplificado de Ganancias y analiza cambios en los topes para incentivar el blanqueo de dólares fuera del sistema financiero.
El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este jueves una extensión de más de 30 días para adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias, una de las herramientas centrales de la denominada Ley de Inocencia Fiscal. La medida apunta a incentivar que los argentinos incorporen los llamados “dólares del colchón” al sistema financiero formal sin sanciones ni explicaciones sobre el origen de los fondos.
La decisión fue comunicada luego de una reunión reservada que el titular del Palacio de Hacienda mantuvo junto a especialistas tributarios y contadores en el Ministerio de Economía. Allí se analizaron distintos obstáculos técnicos y legales que estarían frenando la adhesión masiva al nuevo esquema impulsado por el Gobierno nacional.
Caputo señaló que hubo consenso con los profesionales sobre la necesidad de introducir modificaciones para facilitar el ingreso de contribuyentes al régimen. Además, confirmó que los vencimientos previstos inicialmente para junio serán prorrogados hasta fines de julio, con el objetivo de ampliar la cantidad de adhesiones.
Según datos oficiales difundidos por ARCA, ya se registraron más de 80.000 adhesiones al régimen simplificado. Sin embargo, desde el Gobierno reconocen que el universo potencial supera ampliamente el millón de contribuyentes, por lo que buscan acelerar la incorporación de más personas y empresas.
De acuerdo al INDEC, los argentinos mantienen fuera del sistema financiero alrededor de US$ 254.000 millones, una cifra que el Ejecutivo considera clave para fortalecer las reservas y sostener la estabilidad económica durante el segundo semestre del año.
Uno de los principales temas debatidos durante el encuentro fue el límite de ingresos y patrimonio para adherirse al régimen. Actualmente, los topes establecidos son de $1.000 millones de ingresos brutos anuales y $10.000 millones de patrimonio total, aunque podrían modificarse para permitir el acceso de más contribuyentes.
El tributarista César Litvin explicó que el Gobierno evalúa aclarar cómo se computan determinados montos y mejorar la interpretación de los requisitos. También adelantó que podrían dictarse nuevas normas para reducir las incertidumbres jurídicas que hoy generan temor entre quienes analizan ingresar al sistema.
Otro de los puntos sensibles abordados fue el criterio utilizado por el fisco para detectar inconsistencias. El régimen establece que ARCA no podrá fiscalizar períodos anteriores salvo que encuentre diferencias significativas entre lo declarado y lo efectivamente correspondiente, superiores al 15% o mayores a $100 millones.
Los especialistas también manifestaron preocupación por el fuerte incremento en las multas automáticas por demoras en la presentación de declaraciones juradas. Las sanciones para personas humanas pasaron de $200 a $220.000, mientras que para empresas escalaron de $400 a $440.000, pudiendo alcanzar cifras millonarias en casos agravados.
La reunión entre el Gobierno y los tributaristas se produjo luego de los reclamos presentados por la Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, que cuestionó aspectos vinculados a los topes de ingresos, rentas exentas, dividendos y operaciones financieras contempladas en el nuevo esquema fiscal.
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