El abogado Cristóbal Ibáñez cuestionó la decisión judicial que ordenó la prisión preventiva domiciliaria de Mariano Mourelle, imputado por la muerte del joven repartidor en San Luis. Consideró que la medida es desproporcionada y aseguró que su defendido nunca fue notificado formalmente de la obligación de firmar el libro de imputados. La causa tendrá una nueva audiencia el 21 de octubre.
La causa judicial por la muerte de Yonathan Valera Salazar, el joven repartidor que perdió la vida tras ser atropellado en diciembre de 2024 en la ciudad de San Luis, sumó un nuevo capítulo. La defensa de Mariano Mourelle Machado anticipó que apelará la resolución que le impuso 60 días de prisión preventiva domiciliaria.
El abogado Cristóbal Ibáñez manifestó su desacuerdo con la decisión judicial y sostuvo que la medida resulta excesiva frente a las circunstancias que motivaron su aplicación.
La resolución fue dictada el viernes 9 de octubre, luego de una audiencia en la que se analizaron presuntos incumplimientos de las restricciones impuestas al acusado mientras permanecía en libertad.
La Fiscalía y los representantes de la familia de la víctima habían solicitado que Mourelle fuera trasladado al Servicio Penitenciario Provincial. Sin embargo, la jueza de Garantía Nº 2, Agustina Dopazo Samper, rechazó ese pedido y dispuso que cumpliera arresto domiciliario durante 60 días, con controles diarios.
La defensa asegura que Mourelle nunca fue notificado de la obligación de firmar
Uno de los principales argumentos de la defensa está relacionado con la obligación de presentarse periódicamente ante la Justicia para firmar el libro de imputados.
Según explicó Cristóbal Ibáñez, su representado nunca habría recibido una notificación formal sobre esa obligación.
El abogado considera que no corresponde imponer una medida restrictiva de la libertad por el incumplimiento de una condición que, según sostiene, no fue comunicada correctamente al acusado.
También señaló que Mourelle siempre estuvo a disposición de la Justicia, mantiene su domicilio en la ciudad de San Luis y se presentó a las audiencias para las cuales fue convocado.
Para la defensa, estos elementos permiten descartar que exista un peligro concreto de fuga que justifique la aplicación de una medida de mayor gravedad.
Ibáñez adelantó que buscará que una instancia judicial superior revise la decisión y determine si corresponde mantener los 60 días de arresto domiciliario.
Por qué la Justicia ordenó nuevamente la prisión domiciliaria
La resolución judicial se produjo después de que la Fiscalía y la querella denunciaran incumplimientos de las medidas que Mourelle debía respetar mientras permanecía en libertad.
Entre esas condiciones figuraba la obligación de presentarse mensualmente ante la Justicia para firmar el registro correspondiente.
Durante la audiencia se expuso que el imputado no habría cumplido regularmente con esas presentaciones.
Los representantes de la familia de Yonathan Valera Salazar también recordaron antecedentes relacionados con el cumplimiento de anteriores restricciones judiciales.
Para la acusación, estas circunstancias justificaban solicitar una medida más severa y disponer que Mourelle permaneciera detenido en el Servicio Penitenciario.
La magistrada resolvió adoptar una medida intermedia: rechazó el traslado a la cárcel, pero ordenó que el acusado regresara a su domicilio bajo restricciones.
El cumplimiento de la medida estará supervisado mediante controles diarios del Instituto Provincial de Reinserción Social.
Ibáñez cuestionó el procedimiento judicial y habló de inconsistencias
Además de cuestionar la prisión domiciliaria, Cristóbal Ibáñez planteó objeciones sobre el desarrollo del proceso judicial.
El abogado señaló que existen inconsistencias relacionadas con las fechas establecidas para las próximas etapas del expediente.
Uno de sus cuestionamientos se refiere a la programación del juicio oral cuando todavía debe realizarse la audiencia de control de acusación.
Esta instancia es fundamental dentro del procedimiento penal, ya que permite analizar la acusación, los planteos de las partes y las pruebas que eventualmente serán utilizadas durante el debate.
La defensa considera que las etapas procesales deben completarse correctamente antes de avanzar hacia el juicio.
Estos cuestionamientos se suman a otros planteos realizados durante la investigación, en los que los abogados del acusado solicitaron revisar determinadas decisiones judiciales.
La familia de Yonathan Valera Salazar reclama que se cumplan las medidas
Mientras la defensa prepara su apelación, la familia del joven fallecido mantiene su reclamo para que la causa avance y se determinen las responsabilidades penales correspondientes.
Los representantes de la querella sostienen que Mourelle incumplió las obligaciones establecidas para permanecer en libertad.
Durante la audiencia del 9 de octubre solicitaron que el acusado fuera trasladado al Servicio Penitenciario, al considerar que las medidas anteriores no habían sido respetadas.
Sin embargo, el pedido no prosperó y la Justicia optó por imponer nuevamente la modalidad domiciliaria.
La familia también viene manifestando su preocupación por los tiempos del proceso judicial, que se aproxima a los dos años desde el hecho.
El caso tuvo distintas resoluciones y modificaciones en la acusación, lo que provocó que algunas etapas debieran revisarse antes de avanzar hacia el juicio oral.
Cómo ocurrió la muerte del joven repartidor en San Luis
El hecho que dio origen a la investigación ocurrió la noche del 11 de diciembre de 2024, en la intersección de avenida Héroes de Malvinas y calle San Juan, en la capital puntana.
Yonathan Valera Salazar, de 28 años y nacionalidad venezolana, trabajaba como repartidor y circulaba en bicicleta cuando fue embestido por un automóvil Fiat Cronos conducido por Mariano Mourelle.
Como consecuencia del impacto, el joven sufrió lesiones que provocaron su fallecimiento en el lugar.
La investigación judicial incorporó testimonios, registros de cámaras de seguridad y pericias destinadas a determinar cómo ocurrió el siniestro vial.
Mourelle quedó imputado y el expediente atravesó distintas instancias relacionadas con la calificación legal del hecho.
Inicialmente se discutió la posibilidad de una acusación por homicidio simple con dolo eventual, pero posteriormente una resolución del Tribunal de Impugnaciones anuló esa acusación.
El proceso continuó bajo la figura de homicidio culposo agravado, mientras las partes mantienen diferencias sobre la responsabilidad penal y las circunstancias del episodio.
El 21 de octubre habrá una audiencia clave para definir el avance de la causa
La próxima fecha importante será el miércoles 21 de octubre, cuando está prevista la audiencia de control de acusación.
En esa instancia se deberán analizar los planteos pendientes y establecer las condiciones para que el expediente pueda avanzar hacia el juicio oral.
La realización del debate dependerá del cumplimiento de las etapas procesales y de las decisiones judiciales que correspondan.
En paralelo, la defensa de Mourelle buscará revertir la medida de prisión domiciliaria que actualmente pesa sobre su representado.
El planteo de Cristóbal Ibáñez se centrará en la supuesta falta de notificación sobre la obligación de firmar el libro de imputados y en la ausencia de un riesgo procesal que, según su postura, justifique restringir la libertad del acusado.
Por su parte, la Fiscalía y la querella sostienen la necesidad de garantizar que Mourelle cumpla las condiciones establecidas mientras continúa el expediente.
Con posiciones enfrentadas, el caso permanece abierto y a la espera de nuevas definiciones judiciales.
La apelación anunciada por la defensa y la audiencia prevista para el 21 de octubre marcarán los próximos pasos de una investigación que continúa generando atención en la sociedad puntana.
Mientras tanto, Mariano Mourelle deberá cumplir la prisión domiciliaria dispuesta por la Justicia, salvo que una nueva resolución modifique esa medida.
Redacción InfoVidaSanLuis