La Justicia y el municipio de La Matanza avanzaron contra una estructura ilegal de salud vinculada a consultorios truchos, falsos médicos y presunto lavado de dinero proveniente de delitos.
La investigación sobre la red de medicina ilegal que operaba bajo el nombre de “Argentina Salud” sumó un nuevo y contundente avance luego de que fueran clausurados diez establecimientos sanitarios vinculados a la organización. La medida fue ejecutada tras una serie de allanamientos realizados por la Policía Federal en distintas localidades del partido de La Matanza.
La decisión fue impulsada por el fiscal Fernando Garate, titular de la Fiscalía Descentralizada N°1 de Laferrere, quien solicitó la inmediata inhabilitación de los centros médicos que funcionaban de manera irregular. Según se informó, cinco de los consultorios estaban ubicados en Virrey del Pino, tres en González Catán y dos en San Justo.
De acuerdo con la causa judicial, los establecimientos atendían diariamente a cientos de pacientes sin contar con una estructura legal habilitada. Aunque algunos profesionales poseían visados individuales otorgados por el Colegio Médico de Morón, no existía ninguna empresa formalmente registrada como titular de los policonsultorios.
Los investigadores sostienen que toda la estructura sanitaria operaba en un contexto de absoluta clandestinidad institucional. Además, con el avance de las pericias patrimoniales, comenzó a tomar fuerza una hipótesis aún más grave: que la red de salud ilegal habría sido utilizada para el lavado de dinero proveniente de actividades delictivas.
La pesquisa apunta a que el dinero utilizado para sostener la empresa falsa de medicina prepaga habría surgido de una organización vinculada a la denominada piratería del asfalto, modalidad delictiva relacionada con el robo de mercadería en tránsito. La estructura incluía además farmacias irregulares y ambulancias apócrifas.
El principal apuntado como cerebro de la maniobra es el empresario Alberto Rubén Santarceri, quien junto a su socio Gabriel Musse tendría antecedentes penales por causas relacionadas con homicidios y asaltos a camiones. Ambos aparecen señalados como figuras clave dentro de la organización investigada.
La causa, que es supervisada por el juez de garantías Rubén Ochipinti, ya tiene un total de 29 detenidos. Los acusados enfrentan cargos por asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos y venta ilegal de medicamentos, en uno de los escándalos sanitarios más impactantes de los últimos tiempos en la provincia de Buenos Aires.
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