Usuarios aseguran que familiares y allegados recibieron llamados, mensajes y correos electrónicos por compromisos financieros ajenos. Especialistas advierten que revelar una deuda a terceros podría vulnerar el derecho a la privacidad, la protección de datos personales y el trato digno al consumidor.
Usuarios de distintas partes de la Argentina comenzaron a denunciar en redes sociales que Mercado Pago y estudios de cobranza presuntamente vinculados con la empresa estarían contactando a familiares, amigos y allegados de clientes que mantienen deudas vencidas. Los mensajes buscarían conseguir que esas personas informen al titular o intervengan para obtener el pago.
Uno de los reclamos difundidos sostiene que las comunicaciones llegaron a números que nunca habían sido informados como referencia para solicitar un préstamo. Otros usuarios afirmaron que sus familiares recibieron llamados, correos electrónicos o mensajes relacionados con obligaciones económicas que no les pertenecían.
Las publicaciones generaron preocupación porque, según los denunciantes, las personas contactadas no serían titulares, garantes ni responsables de las deudas. En algunos casos, aseguran que los cobradores habrían revelado información sobre la situación financiera del cliente para presionarlo indirectamente.
Hasta el momento no se conoció una explicación pública específica de Mercado Pago sobre estos reportes. Por eso, no está confirmado que exista una política general de la empresa para contactar familiares ni que todas las comunicaciones denunciadas provengan directamente de la billetera virtual.
Qué dice la normativa argentina
La Ley de Defensa del Consumidor establece que los usuarios deben recibir un trato digno y equitativo. Las empresas no pueden utilizar mecanismos intimidatorios, humillantes o abusivos para intentar cobrar una obligación, aunque la deuda sea verdadera y se encuentre vencida.
Además, la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales protege la información vinculada con una persona. Divulgar ante familiares, vecinos, compañeros de trabajo o empleadores la existencia de una deuda podría significar un tratamiento indebido de información privada si no existe consentimiento ni una razón legal válida.
En abril de 2026, la Agencia de Acceso a la Información Pública inició una investigación contra una empresa de cobranzas por presuntos incumplimientos relacionados con el uso ilegítimo de datos de personas registradas como deudoras. El organismo aclaró que las prácticas denunciadas podrían vulnerar la normativa de protección de datos personales.
La investigación de la AAIP no está dirigida contra Mercado Pago, pero sirve como antecedente sobre los límites que deben respetar las agencias de cobranza. Tener una deuda no autoriza a una empresa a exponer públicamente al cliente ni a divulgar su situación financiera ante terceros.
Las empresas pueden reclamar, pero existen límites
Las entidades financieras, las billeteras virtuales y los estudios contratados pueden comunicarse con el titular para informarle la existencia de una deuda, ofrecerle una refinanciación o solicitar el pago. Sin embargo, deben identificarse correctamente, explicar el origen del compromiso y detallar el capital, los intereses y los cargos reclamados.
También deben evitar amenazas falsas relacionadas con embargos inmediatos, allanamientos o causas penales. Un embargo solamente puede ordenarse dentro de un procedimiento judicial y mediante una resolución de un juez; una agencia de cobranzas no puede ejecutarlo por teléfono ni por WhatsApp.
En la Ciudad de Buenos Aires, la regulación de las cobranzas extrajudiciales obliga a quienes reclaman a informar su identidad, la empresa para la que trabajan, el origen de la deuda y el monto detallado. La normativa busca impedir comunicaciones engañosas o intimidatorias.
El aumento de estas situaciones ocurre en un escenario de fuerte crecimiento de la morosidad. Datos difundidos durante 2026 mostraron un importante incremento de los atrasos en créditos bancarios y no bancarios, una situación que también multiplicó los reclamos por cobranzas consideradas abusivas.
Cómo actuar si llaman a un familiar por una deuda
La persona afectada debe guardar capturas de pantalla, correos electrónicos, números telefónicos, audios y cualquier mensaje recibido. También conviene anotar el día, el horario, el nombre del estudio y la empresa que supuestamente encargó la cobranza.
El titular puede presentar primero un reclamo formal ante Mercado Pago desde el centro de ayuda de la aplicación y solicitar que las comunicaciones se realicen únicamente con él. La plataforma también publica un canal específico para reclamos vinculados con la Defensa del Consumidor.
Cuando se considera que existió un uso indebido de información personal, es posible recurrir ante la Agencia de Acceso a la Información Pública. La AAIP es el organismo encargado de controlar el cumplimiento de la Ley 25.326 y ofrece orientación para ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos.
También puede realizarse una presentación ante Defensa del Consumidor o, cuando corresponda, ante el Banco Central. El BCRA recomienda reclamar primero ante la entidad involucrada, guardar el número de gestión y luego escalar el caso si no se obtiene una respuesta adecuada.
Una advertencia para usuarios de San Luis y Villa Mercedes
Los vecinos de San Luis y Villa Mercedes que atraviesen una situación similar no deben ignorar una deuda legítima, pero tampoco tienen que aceptar amenazas, hostigamiento o la divulgación de información privada. Es importante pedir siempre un detalle escrito del monto reclamado antes de realizar cualquier pago.
Si el contacto proviene de un supuesto estudio jurídico, se recomienda verificar con Mercado Pago si esa agencia está realmente autorizada para cobrar. Nunca deben enviarse transferencias a cuentas personales ni compartirse códigos de seguridad, claves o datos de acceso a la billetera.
Los familiares que reciban los mensajes pueden responder que no son titulares ni garantes y solicitar formalmente que eliminen su número de la base de contactos. También deberían conservar la comunicación como prueba ante una eventual denuncia.
Mientras se espera una respuesta oficial de la compañía, los reportes continúan circulando. La denuncia principal no cuestiona el derecho de una empresa a reclamar una deuda, sino el método utilizado: contactar a terceros y revelar información financiera privada podría constituir una práctica abusiva y contraria a la normativa vigente.
Redacción InfoVidaSanLuis