El oficialismo analizaría elevar del 15% al 25% el límite de tierras rurales que puede quedar en manos extranjeras. La modificación busca acercar posiciones con sectores de la UCR y el PRO antes del debate previsto para este jueves 6 de agosto.
El Gobierno nacional abrió una nueva negociación para intentar destrabar en el Senado el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que modifica el régimen de expropiaciones, los procedimientos de desalojo y las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
La propuesta fue enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso el 27 de marzo de 2026, mediante el mensaje 22/26. El expediente fue analizado por las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, que emitieron un dictamen de mayoría con modificaciones y dos dictámenes de minoría.
El tratamiento en el recinto fue postergado en varias oportunidades por la falta de acuerdos. El pasado 16 de julio, el Senado aprobó pasar a un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto, fecha fijada para continuar con la discusión del proyecto. La moción recibió 63 votos afirmativos, tres negativos y una abstención.
Ante las diferencias entre los bloques, el oficialismo aceptaría introducir nuevos cambios para reunir los votos necesarios. Una de las modificaciones en estudio sería mantener un límite a la extranjerización de las tierras, pero elevarlo del actual 15% al 25% del territorio nacional. Esta negociación fue informada por A24, aunque todavía no se publicó un nuevo texto oficial que confirme su redacción definitiva.
La actual Ley de Tierras Rurales 26.737 establece que las personas físicas o jurídicas extranjeras no pueden superar, en conjunto, el 15% de las tierras rurales del territorio nacional. También fija límites dentro de cada provincia, municipio o división administrativa equivalente.
El proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo proponía eliminar esos topes porcentuales. Durante el debate en comisiones, distintos senadores plantearon objeciones por el posible impacto sobre los recursos naturales, las zonas fronterizas, el agua y el control estratégico del territorio argentino.
La nueva alternativa del oficialismo no eliminaría completamente el límite, sino que lo ampliaría al 25%. Con esta concesión, el Gobierno buscaría convencer a legisladores dialoguistas de la UCR y el PRO que reclamaron mantener algún tipo de protección frente a la compra extranjera de grandes extensiones rurales.
El cambio deberá ser evaluado políticamente antes de la sesión. Hasta el momento, el expediente oficial del Senado continúa figurando como pendiente y no contiene públicamente un texto definitivo con el nuevo porcentaje negociado.
La iniciativa también propone modificaciones al régimen de expropiaciones y busca agilizar los desalojos de inmuebles ocupados. El Gobierno sostiene que el objetivo es reforzar el derecho de propiedad y ofrecer mayor seguridad jurídica a propietarios e inversores.
Los sectores opositores, organizaciones sociales y especialistas advierten que algunos artículos podrían reducir las garantías de familias, comunidades campesinas y pueblos originarios ante desalojos o conflictos por la posesión de tierras. También cuestionan una posible flexibilización de los controles sobre propiedades afectadas por incendios.
La discusión sobre la extranjerización genera especial preocupación porque la tierra está vinculada con el acceso al agua, los bosques, los minerales, las zonas productivas y los recursos naturales. Un relevamiento del Observatorio de Tierras del CONICET y la UBA estimó que cerca del 5% del territorio nacional se encuentra actualmente en manos extranjeras.
Este porcentaje nacional puede ocultar situaciones muy diferentes en cada región, ya que existen departamentos y zonas estratégicas donde la participación extranjera resulta considerablemente mayor. Por ese motivo, especialistas reclaman que cualquier modificación contemple controles provinciales y locales.
El proyecto es impulsado por el Gobierno y fue presentado públicamente como parte de su política para reducir regulaciones y fortalecer la propiedad privada. Federico Sturzenegger defendió anteriormente la eliminación de restricciones para la venta de tierras rurales a extranjeros.
Sin embargo, la falta de votos obligó al oficialismo a revisar su postura inicial. La eventual suba del límite al 25% aparece como una salida intermedia entre la eliminación total de las restricciones y la continuidad del tope vigente del 15%.
Mientras continúan las negociaciones, organizaciones gremiales, sociales y ambientalistas preparan actividades y protestas frente al Congreso. Los manifestantes rechazan la flexibilización de los controles y sostienen que la tierra y los recursos naturales deben conservar una protección especial.
La definición quedará en manos del Senado de la Nación. Hasta que se presente y vote el texto acordado, el aumento del límite al 25% debe considerarse una propuesta en negociación y no una modificación ya aprobada.
Redacción InfoVidaSanLuis