El oficialismo eliminó del proyecto de propiedad privada el capítulo que buscaba flexibilizar la compra de campos por parte de extranjeros. La decisión se tomó ante el rechazo de sectores opositores y legisladores aliados, mientras el resto de la iniciativa continuará siendo debatido.
El Gobierno nacional resolvió retirar del debate en el Senado el capítulo que modificaba la Ley de Tierras Rurales, luego de comprobar que no contaba con los votos necesarios para aprobarlo. La medida representa un retroceso para el oficialismo, que intentaba flexibilizar las condiciones para que personas y empresas extranjeras pudieran comprar campos en la Argentina.
La decisión fue comunicada antes de la sesión ordinaria convocada para este jueves 6 de agosto, cuando la Cámara alta continuará con el temario que había quedado pendiente desde el pasado 16 de julio. La sesión fue confirmada oficialmente por el Senado para las 14:00.
El capítulo fue retirado del proyecto denominado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa más amplia que también contiene modificaciones relacionadas con desalojos, expropiaciones y el uso de terrenos afectados por incendios. Por el momento, esos puntos seguirán formando parte de la discusión parlamentaria.
La marcha atrás se produjo después de varias semanas de negociaciones. El tratamiento ya había sido postergado en julio porque La Libertad Avanza no lograba reunir los apoyos suficientes entre los bloques dialoguistas y algunos representantes provinciales.
Qué cambios proponía el Gobierno
La propuesta original buscaba eliminar o flexibilizar los límites establecidos por la Ley 26.737, sancionada en 2011. Esa norma determina que las personas o empresas extranjeras no pueden controlar más del 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia y de cada municipio.
Además, dentro de ese porcentaje, los propietarios de una misma nacionalidad no pueden superar el 30%, equivalente al 4,5% del territorio analizado. También existen límites para la cantidad de hectáreas que puede adquirir una misma persona o empresa extranjera en determinadas zonas productivas.
En un intento por conseguir respaldo político, el oficialismo había preparado una versión modificada que proponía elevar del 15% al 25% el máximo permitido de tierras rurales en manos extranjeras. Sin embargo, esa modificación tampoco habría alcanzado para garantizar la aprobación en el recinto.
Finalmente, el Gobierno optó por eliminar completamente ese apartado y evitar una derrota durante la votación. De esta manera, la normativa vigente sobre la extranjerización de tierras no será modificada en esta instancia.
El rechazo de gobernadores y senadores
Uno de los principales obstáculos para el oficialismo fue la resistencia de gobernadores, senadores provinciales y bloques considerados aliados. Entre los cuestionamientos apareció la preocupación por la posible venta de campos ubicados en zonas estratégicas, áreas fronterizas y regiones con recursos naturales.
Organizaciones sociales, ambientales y rurales también expresaron su rechazo. Estos sectores sostienen que una mayor apertura podría facilitar la compra de grandes extensiones por parte de capitales extranjeros y afectar el control nacional sobre el agua, los minerales, los bosques y las tierras productivas.
Desde el Gobierno, en cambio, defendían la reforma con el argumento de que las restricciones actuales limitan la llegada de inversiones. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había sostenido que una flexibilización podía generar inversiones extranjeras para actividades agrícolas, forestales, portuarias y productivas.
El Ejecutivo ya había intentado derogar la Ley de Tierras mediante el DNU 70/2023. En ese decreto se argumentó que la norma limitaba el derecho de propiedad y las inversiones en el sector rural. Sin embargo, esa derogación quedó frenada judicialmente, por lo que el Gobierno buscó avanzar posteriormente a través del Congreso.
Qué establece actualmente la Ley de Tierras
La Ley 26.737 continúa vigente y mantiene el límite general del 15% para la titularidad o posesión extranjera de tierras rurales. También exige controles previos para las operaciones realizadas por personas o sociedades extranjeras.
El Registro Nacional de Tierras Rurales debe analizar estas compras, verificar que se respeten los porcentajes permitidos y emitir los certificados necesarios antes de que las operaciones puedan quedar formalmente registradas.
De acuerdo con diferentes relevamientos citados durante el debate, aproximadamente el 5% del territorio argentino estaría en manos de propietarios extranjeros. Sin embargo, la distribución no es igual en todo el país y existen departamentos donde los niveles son considerablemente más altos.
La situación resulta importante para provincias como San Luis, donde las actividades agropecuarias, ganaderas, mineras, turísticas y productivas dependen directamente del uso y la disponibilidad del territorio. Por ahora, cualquier compra de tierra rural por parte de extranjeros deberá continuar respetando los límites nacionales vigentes.
Cómo continuará el debate en el Senado
La eliminación del capítulo no significa que se haya retirado todo el proyecto. El oficialismo pretende avanzar con el resto de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, aunque deberá negociar cada uno de sus artículos con los bloques opositores y los aliados provinciales.
Entre los temas restantes aparecen cambios vinculados con los procesos de desalojo, las expropiaciones estatales y las restricciones sobre terrenos que hayan sido afectados por incendios. Estos puntos también generan diferencias entre los distintos espacios políticos.
Por lo tanto, la Ley de Tierras Rurales seguirá funcionando con sus condiciones actuales. Para intentar cambiarla nuevamente, el Gobierno deberá presentar otra propuesta o incorporar una modificación en un futuro proyecto que consiga el respaldo de ambas cámaras del Congreso.
La decisión muestra las dificultades que enfrenta el oficialismo para aprobar reformas sensibles sin acuerdos previos. La falta de votos obligó al Gobierno a ceder en uno de los capítulos más discutidos y mantener, al menos por ahora, los límites para la compra de campos argentinos por parte de extranjeros.
Redacción InfoVidaSanLuis