El juez federal Ariel Lijo agravó la situación judicial del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad y procesó a otras 19 personas. La investigación apunta a presuntas coimas, sobreprecios y compras direccionadas de medicamentos e insumos médicos destinados a personas con discapacidad. También se ampliaron embargos hasta los $47.000 millones.
La causa por presuntas maniobras de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó este viernes 16 de octubre un nuevo capítulo judicial. El juez federal Ariel Lijo amplió el procesamiento de Diego Spagnuolo, extitular del organismo, y avanzó contra empresarios y exfuncionarios investigados por integrar una supuesta organización dedicada a obtener ganancias ilegales mediante contrataciones públicas.
La resolución también alcanzó a otros cuatro acusados que ya estaban procesados y sumó a 19 nuevas personas, entre ellas directivos de droguerías, laboratorios y empresas proveedoras de insumos médicos y ortopédicos.
Según la investigación, el presunto mecanismo de corrupción no habría funcionado solamente en la compra de medicamentos, sino también en las adquisiciones de elementos destinados a tratamientos cardiológicos, traumatológicos, implantes auditivos, amputaciones y asistencia para personas con movilidad reducida.
La Justicia identificó diferencias de precios por $7.833 millones en operaciones examinadas hasta el momento, aunque advirtió que se trata de una estimación parcial y que el monto podría aumentar a medida que avance la investigación.
Qué resolvió el juez Ariel Lijo
La nueva resolución judicial amplió las acusaciones contra Diego Spagnuolo, quien había estado al frente de la ANDIS durante la gestión nacional iniciada en diciembre de 2023.
El exfuncionario ya se encontraba procesado en un tramo anterior de la causa, en el que se investiga una presunta asociación ilícita dedicada a direccionar compras de medicamentos a cambio de pagos ilegales.
Ahora, el juez consideró que los elementos incorporados permiten extender la investigación hacia contrataciones de otros insumos médicos.
También fueron ampliados los procesamientos de Daniel María Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, y Miguel Ángel Calvete, señalado como un presunto intermediario entre funcionarios públicos y proveedores privados.
En total, la resolución alcanzó a cinco personas con procesamientos ampliados y otras 19 que fueron procesadas en esta nueva etapa, sin prisión preventiva.
El procesamiento significa que el magistrado considera reunidos elementos suficientes para que los acusados continúen sometidos al proceso penal. No constituye una condena definitiva.
Embargos de hasta $47.000 millones
Una de las decisiones más importantes fue la ampliación de los embargos contra Spagnuolo, Garbellini y Calvete.
La Justicia elevó esas medidas patrimoniales hasta alcanzar aproximadamente 47.000 millones de pesos para cada uno de los tres principales investigados.
Los embargos buscan asegurar bienes y fondos que puedan resultar necesarios para afrontar eventuales responsabilidades económicas derivadas del proceso.
La medida no significa que esa suma haya sido efectivamente robada ni que se haya probado un perjuicio por ese mismo monto.
Por otra parte, el análisis de las operaciones permitió calcular diferencias de precios que, hasta ahora, superan los $7.800 millones.
Cómo habría funcionado la maniobra de corrupción
La investigación se concentra en un presunto sistema de contrataciones públicas mediante el cual determinados funcionarios y empresarios habrían coordinado operaciones para favorecer a proveedores previamente seleccionados.
Según la hipótesis judicial, las maniobras habrían incluido la selección irregular de empresas, la coordinación de cotizaciones y el direccionamiento de adjudicaciones.
También se investiga si algunas compañías recibieron información privilegiada sobre los procesos de compra y los pagos del Estado.
En ese escenario, determinados proveedores habrían obtenido contrataciones millonarias en condiciones que no garantizaban una competencia real entre las empresas.
La sospecha central es que recursos públicos destinados a la atención de personas con discapacidad habrían sido utilizados para generar beneficios económicos indebidos.
Los investigadores también buscan determinar si parte del dinero obtenido mediante esas operaciones fue distribuido entre integrantes de la presunta organización.
Compras de medicamentos e insumos por más de $82.800 millones
La nueva etapa de la investigación analizó contrataciones desarrolladas entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.
Las operaciones examinadas corresponden a productos médicos de alto costo y baja incidencia destinados al Programa Federal Incluir Salud.
Ese programa brinda cobertura sanitaria a personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, incluidas muchas personas con discapacidad.
La investigación se extendió a seis sectores de insumos: amputaciones, cardiología, implantes auditivos y audífonos, neurología, sillas y andadores, y traumatología.
Las órdenes de compra y contrataciones analizadas en esos rubros superaron los $82.881 millones.
Esa cifra representa el valor total de las operaciones examinadas y no debe confundirse con el monto estimado de las irregularidades económicas.
Detectaron diferencias de precios por $7.833 millones
El análisis de la documentación permitió identificar importantes diferencias entre los valores de distintas contrataciones.
La estimación económica se dividió en dos grandes rubros.
En medicamentos, se identificaron diferencias por aproximadamente $5.984 millones.
En insumos médicos y ortopédicos, el monto estimado alcanzó los $1.849 millones.
La suma de ambos conceptos representa un posible perjuicio económico de $7.833.872.357,24.
Sin embargo, el cálculo es parcial y corresponde únicamente a operaciones que pudieron ser comparadas hasta esta etapa del proceso.
El expediente continúa abierto y los investigadores deberán determinar si existieron otras contrataciones irregulares.
Los delitos que se investigan
Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini fueron considerados presuntos responsables de integrar y dirigir una asociación ilícita.
También se les atribuyen negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado nacional.
Por su parte, Miguel Ángel Calvete fue procesado como integrante de la presunta organización y partícipe necesario de algunas de las maniobras investigadas.
Además, se le atribuyó lavado de activos de origen ilícito agravado por su presunta habitualidad y vinculación con una estructura organizada.
Los restantes imputados enfrentan acusaciones relacionadas con su posible intervención en las contrataciones investigadas.
La responsabilidad penal de cada persona deberá determinarse individualmente durante el proceso judicial.
Una causa que ya había tenido procesamientos confirmados
El expediente tuvo un avance importante en septiembre, cuando la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Spagnuolo y de otros 18 acusados.
En aquella etapa, la investigación se concentró principalmente en supuestas irregularidades vinculadas con la compra de medicamentos.
La Justicia consideró entonces que existían elementos suficientes para mantener la investigación contra los imputados por una presunta organización dedicada a obtener beneficios ilegales mediante contrataciones estatales.
La nueva resolución amplía el alcance del caso y suma otros rubros sanitarios.
Esto significa que la investigación ya no se limita al mercado farmacéutico, sino que también analiza el proceso de adquisición de elementos médicos y ortopédicos.
El impacto sobre los recursos destinados a personas con discapacidad
Uno de los aspectos más importantes del expediente es el destino de los fondos investigados.
Las contrataciones tenían como finalidad garantizar tratamientos, medicamentos y elementos de asistencia para personas que necesitan cobertura sanitaria.
Entre esos productos se encuentran audífonos, sillas de ruedas, prótesis y materiales utilizados en intervenciones médicas.
Las presuntas irregularidades adquieren especial gravedad porque los recursos involucrados estaban destinados a atender necesidades concretas de personas en situación de vulnerabilidad.
La investigación no establece que todos los proveedores del sistema hayan participado en maniobras ilegales, sino que analiza operaciones específicas y la actuación de las personas y empresas involucradas.
Qué puede pasar ahora con Diego Spagnuolo
Con la ampliación de los procesamientos, la causa continuará avanzando en la Justicia federal.
Los investigadores deberán profundizar el análisis de los contratos, las transferencias de dinero, las diferencias de precios y las responsabilidades de los funcionarios y empresarios señalados.
También se deberán resolver los planteos que puedan presentar las defensas contra las nuevas decisiones judiciales.
El expediente permanece bajo investigación y todavía no existe una sentencia definitiva sobre los hechos.
La nueva resolución representa un avance importante en la causa ANDIS: la Justicia amplió las acusaciones contra Diego Spagnuolo, procesó a otras 19 personas y calculó posibles irregularidades económicas superiores a $7.800 millones.
El objetivo de la investigación será determinar si existió una estructura organizada que manipuló contrataciones públicas destinadas a la atención sanitaria de personas con discapacidad y establecer las responsabilidades penales correspondientes.
Redacción InfoVidaSanLuis