La Justicia investiga una presunta organización que habría captado a personas vulnerables para obtener documentos y datos biométricos, abrir billeteras virtuales y mover una fortuna. Albertina Mangini quedó detenida y la Cámara de La Plata rechazó un hábeas corpus presentado por su defensa.
Un caso que mezcla billeteras virtuales, datos biométricos, personas vulnerables y una cifra cercana a los $27.000 millones sacude a la Justicia bonaerense. La principal imputada es Albertina Mangini, abogada y empleada del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires, quien fue detenida en una investigación encabezada por la fiscal Betina Lacki.
La hipótesis de los investigadores sostiene que una organización habría conseguido datos personales y biométricos de terceros para crear cuentas en distintas billeteras virtuales. Algunas de las personas captadas habrían atravesado el sistema penal o se encontraban en una situación económica vulnerable.
El expediente está a cargo de la UFI N°2 de La Plata, encabezada por Lacki. El propio Ministerio Público bonaerense registra oficialmente a Betina Lacki como agente fiscal de esa dependencia. La investigación apunta, entre otros delitos, a asociación ilícita, defraudación mediante el uso indebido de datos digitales y lavado de activos.
Mangini fue detenida el 13 de agosto y posteriormente su defensa presentó un hábeas corpus para intentar modificar su situación. Sin embargo, la Cámara Penal de La Plata rechazó el planteo, por lo que continúa detenida mientras avanza la investigación.
Les habrían ofrecido $80.000 por sus datos
Uno de los aspectos que más impacta de la causa es el mecanismo utilizado para captar personas. Según la reconstrucción publicada sobre el expediente, a algunos participantes se les habrían ofrecido alrededor de $80.000 a cambio de entregar documentación, fotografías y datos biométricos necesarios para validar cuentas digitales.
Los encuentros habrían ocurrido, entre otros lugares, en una confitería ubicada en la zona de calles 7 y 56, en La Plata. Allí se habrían realizado fotografías y verificaciones biométricas para completar procesos de apertura de cuentas a nombre de terceros.
Una vez activadas esas billeteras, la sospecha judicial es que eran administradas por otras personas y utilizadas para recibir, transferir y fragmentar grandes cantidades de dinero. De esta manera, los titulares formales podían aparecer frente al sistema financiero aunque el verdadero manejo estuviera en otras manos.
Los investigadores analizan una modalidad conocida como “pitufeo”, que consiste en dividir grandes sumas en múltiples operaciones de menor monto para dificultar su detección y reconstrucción. La Fiscalía intenta determinar cuántas cuentas fueron utilizadas y quién controlaba realmente cada una de ellas.
Una fortuna de $27.000 millones bajo investigación
La cifra que aparece en la causa es enorme: los movimientos financieros reconstruidos alcanzarían más de $27.000 millones. Esa cantidad no significa que todo ese dinero esté probado judicialmente como lavado, sino que corresponde al volumen de operaciones que se encuentra bajo análisis dentro del expediente.
Una de las hipótesis investiga si parte de esos fondos estaría vinculada con juego clandestino. La sospecha es que determinadas cuentas digitales pudieron utilizarse como escalones dentro de un circuito destinado a dificultar el seguimiento del dinero y otorgarle posteriormente apariencia legítima. Esa hipótesis todavía deberá ser demostrada judicialmente.
La investigación también tiene ramificaciones que son analizadas en relación con personas que aparecen vinculadas a la causa Sur Finanzas. Entre los detenidos figura Ignacio Leonel Marchioni, quien, según las publicaciones sobre el expediente, también aparece imputado en esa investigación.
Además de Mangini y Marchioni, fue detenido Mauro Perrota en Mar del Plata. Los procedimientos alcanzaron distintos domicilios y permitieron secuestrar documentación, dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y un vehículo BMW que ahora forman parte del material a peritar.
El dato clave sobre el cargo de Mangini
El caso provocó rápidamente una discusión política porque algunas publicaciones la presentaron como una “funcionaria de Kicillof”. Sin embargo, la información disponible requiere una precisión: Mangini es señalada como integrante del Ministerio Público Fiscal bonaerense y realizaba tareas relacionadas con una oficina de enlace o coordinación con el Patronato de Liberados.
El Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires tiene formalmente creadas Oficinas de Coordinación con el Patronato de Liberados. Por otra parte, el Patronato propiamente dicho integra la estructura provincial vinculada al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense. Son organismos diferentes que mantienen coordinación institucional.
Esa diferencia resulta importante porque una de las cuestiones que ahora deberá establecer la Justicia es si Mangini habría utilizado su posición laboral y el contacto con personas que habían pasado por el sistema penal para facilitar la supuesta captación de titulares para las cuentas digitales. Por el momento, se trata de una hipótesis de la acusación, no de una responsabilidad establecida por sentencia.
Precisamente por esa razón, los agravantes atribuidos en la investigación están vinculados, según los reportes judiciales, con la supuesta habitualidad de las operaciones y con su condición de funcionaria. La Fiscalía busca reconstruir ahora qué intervención habría tenido cada integrante de la presunta organización.
La Justicia busca saber de dónde salió el dinero
El gran interrogante que queda por resolver es de dónde provinieron exactamente los $27.000 millones que circularon por las cuentas investigadas. Para responderlo, los investigadores deberán reconstruir transferencias, destinatarios, dispositivos utilizados, direcciones digitales y posibles conexiones entre las distintas billeteras.
También deberán determinar cuántas personas permitieron conscientemente que fueran utilizadas sus identidades y cuántas pudieron desconocer el verdadero destino de las cuentas. Ese punto será fundamental para establecer quiénes fueron simples titulares utilizados como “mulas financieras” y quiénes tuvieron eventualmente una participación deliberada.
Para los vecinos de San Luis y Villa Mercedes, el caso deja además una advertencia que excede esta causa: entregar fotos del DNI, imágenes del rostro, verificaciones biométricas o permitir que otra persona abra una billetera virtual a nuestro nombre puede terminar vinculando nuestra identidad con movimientos financieros que después deberán explicarse ante las autoridades.
La investigación recién atraviesa una etapa clave y todavía no existe una sentencia sobre las responsabilidades de los acusados. Mangini y los demás imputados mantienen la presunción de inocencia mientras la Justicia de La Plata continúa reuniendo y analizando pruebas para determinar cómo funcionó el presunto circuito y quiénes manejaron finalmente los millones investigados.
Redacción InfoVidaSanLuis