Nación busca revertir la decisión judicial que validó el traslado de la sede de la AFA a Pilar y dejó sin efecto el control impulsado por la Inspección General de Justicia.
El Gobierno nacional confirmó que apelará el fallo de la Cámara Nacional en lo Civil que avaló el cambio de domicilio de la AFA a la provincia de Buenos Aires y anuló la veeduría que había sido establecida por el Ministerio de Justicia sobre la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia.
Desde la Casa Rosada expresaron su desacuerdo con la resolución de la Sala D y aseguraron que la decisión será cuestionada ante una instancia judicial superior. La medida representa un revés para la estrategia de fiscalización que el Ejecutivo venía impulsando sobre organismos vinculados al fútbol argentino.
Fuentes oficiales señalaron que la Inspección General de Justicia (IGJ) avanzará con las acciones necesarias para intentar revertir el fallo. Además, remarcaron que el organismo cuenta con nuevas autoridades y mantiene su postura respecto a la supervisión institucional de la asociación deportiva.
La controversia se originó tras la decisión judicial que consideró válido el traslado del domicilio legal de la Asociación del Fútbol Argentino al partido bonaerense de Pilar. A partir de esa determinación, el tribunal estableció que la entidad debe quedar bajo la órbita de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de Buenos Aires.
Como consecuencia de esa interpretación, la Justicia entendió que la IGJ dejó de tener competencia sobre la institución, motivo por el cual resolvió dejar sin efecto la veeduría que había sido implementada por el Ministerio de Justicia.
En el Gobierno sostienen que el fallo afecta las facultades de control que pretendían ejercer sobre la entidad madre del fútbol nacional. Por ello, consideran fundamental continuar la disputa judicial para intentar modificar la resolución.
La situación se enmarca en una serie de tensiones que se vienen registrando entre el Ejecutivo y la AFA, en medio de distintos debates sobre la administración, regulación y funcionamiento de las organizaciones deportivas del país.
Ahora, la presentación de la apelación abrirá una nueva etapa judicial que podría tener repercusiones sobre el esquema de fiscalización y control de una de las instituciones más importantes del deporte argentino.
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