El fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un requerimiento de justificación patrimonial con 20 puntos que deberán ser respondidos por el exjefe de Gabinete. La investigación por presunto enriquecimiento ilícito analiza operaciones realizadas entre diciembre de 2023 y junio de 2026.
La Justicia federal avanzó este lunes con una nueva medida en la causa que investiga el patrimonio de Manuel Adorni. El fiscal Gerardo Pollicita firmó un requerimiento mediante el cual intimó al exjefe de Gabinete a explicar una serie de movimientos económicos que, según la investigación, todavía presentan inconsistencias respecto de los ingresos acreditados.
El dictamen tiene 207 páginas y contiene 20 puntos concretos que deberán ser justificados. Adorni dispone de un plazo de 15 días para presentar documentación y explicar el origen de los fondos vinculados con distintos gastos, adquisiciones e incrementos patrimoniales.
La medida también alcanza operaciones vinculadas con su esposa, Bettina Angeletti. El período bajo análisis comienza el 14 de diciembre de 2023, cuando Adorni inició funciones en el Gobierno nacional, y llega hasta el 27 de junio de 2026, fecha de su salida de la función pública.
Entre las cuestiones que la fiscalía pretende aclarar aparecen fondos en dólares en efectivo, operaciones inmobiliarias, gastos familiares y otras erogaciones que fueron reconstruidas durante la investigación. El expediente está a cargo del juez federal Ariel Lijo.
Uno de los principales puntos señalados por la fiscalía es el origen de los dólares declarados y utilizados para distintas operaciones. Adorni deberá detallar fechas, montos y documentación bancaria o financiera que permita establecer la trazabilidad de esos fondos.
También se solicitaron explicaciones sobre la adquisición de una propiedad en el country Indio Cua, fondos destinados a refacciones y otras operaciones inmobiliarias. Según la información judicial difundida, la fiscalía busca determinar si esos desembolsos tienen respaldo suficiente en los ingresos declarados por el matrimonio.
Otro punto bajo estudio son los gastos relacionados con viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas, educación, inversiones y operaciones realizadas en efectivo. El requerimiento también analiza la intervención de terceras personas en algunas compras o pagos cuyos destinatarios habrían sido Adorni o su grupo familiar.
De acuerdo con la reconstrucción publicada sobre el expediente, los investigadores detectaron una diferencia superior a $43 millones entre determinados ingresos comprobados y gastos familiares, además de operaciones por alrededor de USD 402.000 cuya procedencia deberá ser explicada. Esas cifras forman parte de la hipótesis investigativa y deberán ser respondidas por la defensa.
La causa se encuentra abierta por presunto enriquecimiento ilícito, por lo que esta intimación no significa que exista una condena ni que se haya determinado responsabilidad penal. El requerimiento constituye una instancia en la que el investigado puede aportar documentación y justificar los movimientos señalados.
Si las explicaciones y pruebas presentadas dentro del plazo no resultan suficientes para la fiscalía, el expediente podría avanzar hacia un pedido de declaración indagatoria. Esa eventual medida deberá ser evaluada dentro del proceso judicial que conduce el juez Ariel Lijo.
La investigación se había iniciado meses atrás y durante ese período la fiscalía reunió declaraciones juradas patrimoniales, información financiera y documentación sobre bienes y operaciones. Un informe técnico especializado fue uno de los elementos utilizados para elaborar el requerimiento presentado ahora.
El caso abre ahora una etapa clave: Manuel Adorni tendrá 15 días para responder los 20 puntos planteados por la fiscalía y presentar los elementos que considere necesarios para explicar el origen de su patrimonio. Después de esa presentación, la Justicia deberá determinar cómo continúa la investigación.
Redacción InfoVidaSanLuis