Rockhopper y Navitas afirmaron que continuarán con el desarrollo petrolero al norte de las Islas Malvinas y sostuvieron que las medidas anunciadas por el Gobierno argentino no tendrán un impacto significativo. La Nación publicó este viernes el Decreto 868/2026 para acelerar los procedimientos contra empresas que operen sin autorización argentina.
Las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, responsables del proyecto petrolero Sea Lion, respondieron este viernes 4 de septiembre a las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei contra las empresas que desarrollen actividades hidrocarburíferas en la zona de las Islas Malvinas sin autorización de la República Argentina. Las firmas aseguraron que los recientes acontecimientos no modificarán de manera significativa el desarrollo ni los tiempos previstos para el proyecto.
En su comunicación, las empresas sostuvieron que operan bajo licencias otorgadas por las autoridades de las islas y que cuentan con el respaldo del Gobierno del Reino Unido. Desde la posición argentina, esas autorizaciones no son reconocidas, ya que el país mantiene su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
La respuesta empresarial llegó después de que Milei anunciara una serie de medidas frente al avance del proyecto Sea Lion. La Oficina del Presidente confirmó que el Gobierno dispuso un decreto reglamentario y anunció el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, argumentando que la explotación de hidrocarburos en el área se realiza sin autorización argentina.
Este viernes fue publicado en el Boletín Oficial el Decreto 868/2026, que designa a la Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659 y establece procedimientos más rápidos para investigar y eventualmente sancionar a personas o empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas no autorizadas por Argentina. Entre otros puntos, fija un plazo de diez días hábiles para que los presuntos infractores presenten su descargo.
El Gobierno nacional sostiene que estas actividades comprometen recursos naturales y objetivos estratégicos del país. El decreto también recuerda que la legislación argentina prohíbe desarrollar, financiar o prestar servicios a explotaciones hidrocarburíferas en la plataforma continental sin habilitación de las autoridades nacionales.
Por su parte, Rockhopper y Navitas ratificaron que seguirán adelante con Sea Lion y señalaron que no esperan consecuencias materiales sobre el calendario del proyecto. De esta manera, la explotación petrolera volvió a quedar en el centro de la histórica disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes.
Redacción InfoVidaSanLuis