El juez Enrique Alonso Regueira desestimó la medida urgente presentada por los diputados para frenar de inmediato la derogación de la Ley de Tierras Rurales. El Gobierno tendrá cinco días hábiles para responder antes de que se resuelva la cautelar de fondo.
La Justicia rechazó este lunes 5 de octubre el pedido urgente presentado por los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot para suspender inmediatamente los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras Rurales.
La decisión fue adoptada por el juez Enrique Alonso Regueira, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 1. El magistrado consideró que no se acreditaron circunstancias suficientemente graves e impostergables como para dictar una medida interina antes de escuchar al Estado Nacional.
La presentación de Pichetto y Massot buscaba frenar los efectos del artículo del decreto que eliminó la Ley 26.737, norma que establecía límites para la adquisición y posesión de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
El planteo judicial se produjo después de que la Corte Suprema revocara un fallo que había impedido la aplicación de ese artículo del DNU. La decisión del máximo tribunal estuvo vinculada a la falta de legitimación de quienes habían iniciado aquella causa y no implicó una definición sobre la constitucionalidad de fondo del decreto.
Tras rechazar la medida de urgencia, Alonso Regueira dispuso que el Poder Ejecutivo Nacional tenga cinco días hábiles para presentar un informe sobre el interés público involucrado en el expediente. Recién después de esa respuesta deberá resolver el pedido cautelar principal.
Pichetto solicitó que ese plazo sea reducido a dos días. El diputado argumentó que durante el tiempo que demande el trámite podrían concretarse operaciones inmobiliarias que luego resulten difíciles de revertir.
Mientras tanto, el artículo 154 del DNU 70/2023 continúa vigente, por lo que permanece derogada la Ley de Tierras Rurales mientras la Justicia analiza el planteo presentado por los legisladores.
El caso seguirá ahora su trámite judicial y el próximo paso será conocer la respuesta del Gobierno antes de que el juez decida si corresponde o no conceder la cautelar solicitada.
Redacción InfoVidaSanLuis