El juez de la Corte Suprema respaldó la decisión que frenó provisoriamente la venta sin restricciones de tierras rurales a extranjeros. Ricardo Lorenzetti sostuvo que el debate debe darse en el Congreso y explicó por qué el máximo tribunal volvió a poner en vigencia los límites establecidos por la ley.
El juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, defendió este viernes 9 de octubre la decisión del máximo tribunal de suspender provisoriamente los efectos del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, impulsado por el Gobierno de Javier Milei, que había eliminado las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
Tras conocerse la resolución, el magistrado explicó los fundamentos de la medida y consideró que el Congreso de la Nación es el ámbito adecuado para discutir una cuestión de tanta importancia para el país.
«En el Congreso es donde se debería tratar este tema», expresó Lorenzetti al referirse a la controversia por la Ley de Tierras.
La decisión judicial restablece temporalmente las limitaciones previstas en la Ley 26.737, sancionada en 2011, mientras continúa el proceso judicial para determinar si corresponde mantener o modificar la medida.
Qué resolvió la Corte Suprema
La Corte Suprema suspendió los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que había derogado la Ley de Tierras Rurales.
La resolución fue respaldada por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci.
Por su parte, Carlos Rosenkrantz votó en disidencia respecto de la decisión de otorgar la medida provisoria.
Con esta resolución, vuelven a aplicarse temporalmente las restricciones para que ciudadanos y empresas extranjeras adquieran tierras rurales en territorio argentino.
Sin embargo, el fallo no significa que la Corte haya declarado inconstitucional el decreto presidencial. Se trata de una medida preventiva mientras la Justicia analiza los planteos presentados.
Por qué Lorenzetti defendió la medida judicial
Lorenzetti explicó que la decisión del máximo tribunal se apoyó en tres aspectos centrales: los hechos que dieron origen al expediente, la protección del ambiente y la participación de la sociedad en las decisiones del Estado.
El magistrado remarcó que la protección de los recursos naturales es una cuestión que la Justicia viene abordando desde hace décadas.
También señaló que el tribunal debía atender los planteos relacionados con posibles daños ambientales, especialmente cuando existe el riesgo de que algunas consecuencias sean difíciles de revertir.
En ese sentido, defendió su postura y recordó que mantiene desde hace muchos años una línea de trabajo vinculada con la protección ambiental.
Qué establece la Ley de Tierras
La Ley 26.737, aprobada en 2011, establece límites para la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
Entre sus principales disposiciones se encuentran:
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Un límite general del 15% de tierras rurales en manos extranjeras, tanto a nivel nacional como provincial y municipal.
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Restricciones adicionales a la concentración de tierras por personas de una misma nacionalidad.
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Un máximo equivalente a 1.000 hectáreas en la zona núcleo agrícola para determinados propietarios extranjeros.
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Limitaciones para adquirir inmuebles rurales que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes.
Estas disposiciones habían sido derogadas por el DNU 70/2023, pero ahora vuelven a aplicarse provisoriamente como consecuencia de la resolución judicial.
La importancia de la decisión para San Luis
La discusión también tiene importancia para la provincia de San Luis, donde la actividad agropecuaria, la producción rural y la utilización de los recursos naturales representan sectores fundamentales de la economía.
Las restricciones sobre la compra de tierras por parte de extranjeros alcanzan a todo el territorio nacional, por lo que también se aplican a las operaciones rurales que puedan realizarse en San Luis.
La normativa busca establecer límites a la concentración de tierras y regular la participación extranjera en la propiedad rural.
Qué pasará ahora con la Ley de Tierras
El expediente deberá continuar su trámite ante el Juzgado Federal de Bariloche, que tendrá que analizar la legitimación de quienes presentaron la demanda y resolver el pedido cautelar.
Mientras tanto, las restricciones de la Ley de Tierras seguirán aplicándose por efecto de la medida interina dispuesta por la Corte Suprema.
La resolución deja abierto el debate sobre la validez de la derogación impulsada por el Gobierno nacional.
Lorenzetti consideró que una cuestión de estas características debería discutirse en el Congreso, donde los representantes de las provincias pueden debatir las reglas que regulan la propiedad de las tierras rurales argentinas.
Por ahora, la Corte no resolvió definitivamente la constitucionalidad del decreto, pero sí dispuso una protección provisoria que vuelve a limitar la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Redacción InfoVidaSanLuis