La Justicia lo declaró culpable de amenazas, coacción, incumplimiento de una orden judicial e instigación a cometer un delito. La investigación reveló más de 70 comunicaciones intimidatorias, unos 25 perfiles falsos y una oferta millonaria a un tercero para que atentara contra la mujer.
Un grave caso de hostigamiento y amenazas contra una mujer en San Luis terminó con una condena. Wilson Sánchez, de 41 años, recibió una pena de tres años de prisión en suspenso luego de reconocer los hechos durante un juicio abreviado.
La decisión fue tomada por la jueza de Garantía N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial, Agustina Dopazo Samper, quien homologó el acuerdo y declaró a Sánchez culpable de incumplimiento de una orden judicial, coacción, amenazas e instigación a cometer un delito, en concurso real. La víctima participó de la audiencia por videoconferencia y manifestó su conformidad con el acuerdo.
La investigación reconstruyó una extensa secuencia de violencia digital y hostigamiento. Según lo expuesto por la Fiscalía de Género N° 1, encabezada por Delia Bringas, Sánchez habría utilizado alrededor de 25 perfiles falsos para continuar comunicándose con la mujer pese a las restricciones judiciales que ya tenía vigentes.
Los investigadores contabilizaron más de 70 comunicaciones intimidatorias e incluso jornadas en las que se registraron hasta 40 mensajes. El contacto se producía mediante WhatsApp, redes sociales y billeteras virtuales, entre otras vías.
Transferencias de un peso y amenazas que también alcanzaron a sus hijas
Uno de los métodos que llamó la atención de los investigadores fueron las transferencias de apenas un peso a través de billeteras virtuales. Según la causa, el dinero era utilizado como una vía para aprovechar el espacio destinado al concepto de la transferencia y así continuar enviándole mensajes a la víctima.
La acusación también sostuvo que existieron amenazas relacionadas con la posible difusión de imágenes y videos íntimos si la mujer no retomaba el vínculo. El hostigamiento continuó a pesar de las diferentes medidas dispuestas por la Justicia para impedir cualquier contacto.
La situación se volvió aún más grave cuando las amenazas alcanzaron a las hijas de la mujer. De acuerdo con la investigación judicial difundida por medios provinciales, ellas también recibieron mensajes en los que se amenazaba con matar a su madre.
Los antecedentes del expediente muestran que Sánchez ya había sido detenido en septiembre de 2025. La Fiscalía Especializada en Género había solicitado su imputación y prisión preventiva debido a los reiterados incumplimientos y al nivel de riesgo advertido para la víctima y su familia. Entre las pruebas se incorporaron denuncias, capturas de mensajes, informes de Delitos Complejos y dispositivos electrónicos secuestrados.
El punto más grave: una oferta de $3 millones
El episodio que elevó todavía más la gravedad de la causa surgió cuando un tercero denunció que Sánchez le habría ofrecido $3 millones para que atentara contra la vida de la mujer. Ese hecho quedó incorporado a la investigación y derivó en la acusación por instigación a cometer un delito.
La causa había comenzado con las denuncias por hostigamiento y fue sumando elementos durante la investigación. Los peritajes informáticos permitieron vincular al acusado con cuentas, teléfonos y plataformas desde donde se habrían realizado distintas comunicaciones intimidatorias.
Durante el proceso, Sánchez estuvo primero privado de su libertad y posteriormente obtuvo prisión domiciliaria con dispositivo electrónico. En mayo de 2026, la jueza Dopazo Samper había autorizado esa modalidad con una prohibición absoluta de contacto con la denunciante y sus hijas, incluso por medios digitales o a través de terceras personas.
Finalmente, en el juicio abreviado, Sánchez reconoció los hechos y se declaró culpable. La Fiscalía tuvo en cuenta como atenuante que no registraba antecedentes penales, mientras que valoró como agravantes la utilización de mecanismos anónimos para intimidar, las amenazas dirigidas hacia las hijas, los incumplimientos de las restricciones y el riesgo generado al involucrar a una tercera persona.
Tres años en suspenso y fuertes restricciones
La pena impuesta es de tres años de prisión en suspenso, lo que significa que Sánchez no permanecerá en una cárcel mientras cumpla estrictamente las reglas establecidas por la Justicia. Sin embargo, quedará sometido a distintas medidas de control durante el período fijado en la sentencia.
Entre las condiciones, tendrá prohibido acercarse a menos de 500 metros de la mujer y de sus hijas, además de no poder comunicarse con ellas personalmente, por teléfono, redes sociales, mensajes ni por ninguna otra vía.
También deberá realizar tratamiento psicológico durante al menos un año y cumplir tareas comunitarias en una fundación de La Punta, con actividades de cocina, limpieza y mantenimiento durante un año. Además, la Justicia extendió por otros seis meses el sistema de dispositivo dual de control que ya se utilizaba en la causa.
La magistrada le dejó en claro que cualquier nuevo incumplimiento podría generar una nueva causa penal y complicar nuevamente su situación judicial. El caso, que tuvo fuerte repercusión en San Luis, expone además cómo las redes sociales, perfiles falsos y medios de pago digitales pueden convertirse en herramientas de hostigamiento cuando existen medidas judiciales que prohíben el contacto.
Redacción InfoVidaSanLuis