El nuevo decreto establece que los aportes sindicales se calcularán únicamente sobre el salario básico convencional y las remuneraciones habituales de pago mensual. La medida forma parte de la implementación de la Ley de Modernización Laboral y busca unificar criterios para la aplicación de la normativa vigente.
El Gobierno nacional oficializó este lunes el Decreto 612/2026, que reglamenta el mecanismo para calcular los aportes sindicales previstos en los convenios colectivos de trabajo. La norma fue publicada en el Boletín Oficial y fija con mayor precisión cuáles son los conceptos salariales que deberán tenerse en cuenta y cuáles quedarán excluidos de la base de cálculo.
De acuerdo con el texto oficial, la base estará integrada por el salario básico convencional correspondiente a la categoría del trabajador y por las sumas remunerativas normales, habituales y de percepción mensual. El Ejecutivo sostiene que esta definición busca brindar mayor seguridad jurídica y evitar interpretaciones que puedan incrementar los costos laborales durante la homologación de convenios colectivos.
Entre los conceptos que ya no formarán parte de esa base de cálculo figuran los premios, bonos, la participación en las ganancias, las horas extras, el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo), el plus vacacional, las sumas no remunerativas y cualquier otro pago que no sea habitual, normal y mensual. La reglamentación deja expresamente aclarado este criterio para evitar diferencias de interpretación entre empleadores, sindicatos y autoridades laborales.
Otro de los aspectos incorporados por el decreto establece que los aportes y contribuciones que los empleadores acuerden realizar en favor de las organizaciones sindicales deberán destinarse exclusivamente a fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales en beneficio de los trabajadores. Además, esos recursos deberán administrarse mediante cuentas y registros separados del resto del patrimonio sindical, con el objetivo de reforzar la transparencia en el manejo de los fondos.
Desde el Gobierno señalaron que la medida forma parte del proceso de implementación de la Ley de Modernización Laboral y pretende ofrecer reglas claras para futuras negociaciones colectivas. Al mismo tiempo, distintos sectores sindicales y especialistas en derecho laboral analizan el alcance práctico de la reglamentación y su impacto sobre los convenios vigentes, un debate que podría continuar en los próximos meses.
Redacción InfoVidaSanLuis