La Cámara de Diputados convirtió en ley el RIPEE por 27 votos a favor y 11 en contra. El régimen contempla beneficios impositivos, subsidios al empleo, financiamiento y herramientas para impulsar inversiones privadas en toda la provincia.
La Cámara de Diputados de San Luis dio sanción definitiva al Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo (RIPEE), una iniciativa impulsada por el gobernador Claudio Poggi que busca fortalecer la actividad privada, atraer nuevas inversiones y generar puestos de trabajo registrados. La votación terminó con 27 votos a favor y 11 en contra.
El proyecto ya había recibido media sanción del Senado provincial el 28 de julio y completó este miércoles su tratamiento legislativo. La normativa establece un marco de promoción económica para todo el territorio de San Luis, combinando herramientas fiscales, laborales, financieras y mecanismos vinculados con inmuebles fiscales.
El alcance del RIPEE es amplio. Incluye actividades agropecuarias, apícolas, frutihortícolas, mineras, industriales, de construcción, energía, logística, comercio, turismo, cultura, tecnología y servicios, además de otras actividades que ya se desarrollen o que puedan instalarse en la provincia.
Uno de los cambios destacados es la incorporación del sector comercial, que no había sido contemplado en regímenes de promoción anteriores. Además, podrán acceder personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, con o sin fines de lucro, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa.
Beneficios fiscales de hasta 15 años
Uno de los principales ejes de la nueva ley son los beneficios tributarios. Las nuevas inversiones podrán acceder a exenciones de hasta 15 años en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario y Automotores, Acoplados y Motocicletas. También se incorporan créditos fiscales y medidas de alivio y regularización tributaria.
La herramienta está pensada tanto para quienes quieran iniciar una nueva actividad como para empresas que busquen ampliar, modernizar o consolidar inversiones existentes. Desde el Gobierno provincial sostienen que el objetivo es generar mejores condiciones para que el capital privado pueda destinar más recursos a producción y empleo.
El régimen también prevé que determinadas inversiones realizadas bajo programas nacionales puedan complementarse con beneficios provinciales. Desde la presentación inicial del proyecto, el Ejecutivo planteó que el RIPEE debía funcionar como una herramienta capaz de acompañar inversiones de distinta escala y no solamente grandes proyectos.
Otro componente central es el acceso al financiamiento. La ley contempla líneas de crédito de fomento, bonificación de tasas, períodos de gracia, subsidios para capacitación y herramientas destinadas a facilitar la reconversión de empresas. También habilita la conformación de fondos de garantía, fideicomisos y otros instrumentos de respaldo financiero.
El Plan de Inclusión, una de las claves para generar empleo formal
La normativa incorpora un mecanismo especial para incentivar que empresas privadas contraten a beneficiarios del Plan de Inclusión Social. Cuando una empresa incorpore a una de estas personas y aumente efectivamente su planta laboral, podrá recibir un aporte estatal equivalente al beneficio que percibía el trabajador.
El subsidio tendrá una duración de dos años y será decreciente. Además, la ley establece que este mecanismo no podrá utilizarse para reemplazar trabajadores ya contratados, sino que deberá representar un crecimiento neto del personal de la empresa.
El propósito es que más personas puedan pasar de un programa social a un empleo formal registrado, con aportes y condiciones laborales correspondientes. El Gobierno provincial presentó este punto como uno de los pilares del RIPEE para favorecer la inserción laboral en el sector privado.
La ley también institucionaliza las mesas sectoriales, espacios de diálogo que reúnen al Gobierno provincial, cámaras empresariales, universidades y representantes del sector científico y tecnológico. Estos ámbitos pasarán a funcionar como espacios permanentes para analizar necesidades productivas y definir políticas de desarrollo.
Inmuebles fiscales también podrán destinarse a proyectos productivos
Otro de los puntos importantes del RIPEE permite que el Estado provincial destine determinados inmuebles fiscales a proyectos de inversión o actividades económicas capaces de generar empleo. La utilización deberá realizarse dentro de los mecanismos establecidos por la normativa.
Los recursos que se obtengan a partir de esos inmuebles deberán reinvertirse en infraestructura productiva o social, fondos de garantía y programas de financiamiento para el sector privado. La ley establece expresamente que ese dinero no podrá destinarse a gastos corrientes del Estado.
Durante la presentación del proyecto, Poggi explicó que el objetivo era aprovechar terrenos o bienes estatales que se encuentren sin utilización y orientarlos hacia proyectos capaces de producir, invertir y generar nuevas oportunidades laborales.
Con la sanción definitiva, el RIPEE ya es ley en San Luis y pasa a convertirse en una de las principales herramientas económicas de la gestión provincial. Su impacto dependerá ahora de la reglamentación, de la cantidad de empresas que adhieran y, principalmente, de cuántas inversiones y nuevos puestos de trabajo logre generar en los próximos años.
Redacción InfoVidaSanLuis