El Senado provincial aprobó por seis votos contra tres la declaración de necesidad de una reforma parcial de la Constitución de San Luis. El proyecto propone cambios en el sistema político, la Justicia, las reelecciones, el calendario electoral y nuevos derechos. Ahora deberá continuar su tratamiento en la Cámara de Diputados.
La reforma de la Constitución de San Luis avanzó este martes 18 de agosto con una votación decisiva en la Legislatura. El Senado provincial otorgó media sanción al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que declara la necesidad de modificar parcialmente la Carta Magna provincial. La iniciativa consiguió la mayoría especial exigida, con seis senadores a favor y tres en contra.
La aprobación no significa que la Constitución ya haya sido modificada. Lo que hicieron los senadores fue habilitar formalmente los puntos que, si todo el proceso legislativo avanza, podrán ser discutidos posteriormente por una Convención Constituyente. El propio debate parlamentario remarcó que los convencionales serán quienes tendrán finalmente la facultad de mantener o modificar cada uno de los temas autorizados.
El proyecto es amplio: contempla la modificación de 23 artículos, la incorporación de otros 23 nuevos artículos y la creación de cuatro capítulos dentro del texto constitucional. El Gobierno provincial sostiene que la propuesta pretende modernizar el funcionamiento institucional de San Luis y adaptar una Constitución cuya reforma integral vigente data de 1987.
Antes de llegar al recinto hubo ocho reuniones de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Labor Parlamentaria, con participación de legisladores, autoridades judiciales, especialistas y representantes de la Universidad Nacional de San Luis y de la Universidad Católica de Cuyo. En el último encuentro, el debate se prolongó durante más de tres horas.
Uno de los puntos centrales: limitar las reelecciones
Uno de los cambios de mayor impacto político está relacionado con la reelección del gobernador. El proyecto propone modificar el artículo 147 para impedir que una misma persona pueda regresar indefinidamente al cargo después de intervalos entre mandatos. La propuesta establece un máximo de dos períodos, sean consecutivos o alternados.
El texto también prevé que el mandato provincial correspondiente al período 2023-2027 sea considerado como el primer período a los efectos de esta nueva limitación. Se trata de uno de los aspectos más relevantes de la reforma porque modificaría directamente las posibilidades futuras de reelección para quien ocupe la Gobernación.
Otro cambio importante apunta al calendario electoral. Entre los puntos tratados durante los meses de debate aparece la posibilidad de eliminar las elecciones legislativas de medio término, haciendo coincidir la renovación de diputados y senadores provinciales con la elección de gobernador. La misma lógica se pretende aplicar a los concejos deliberantes municipales.
Para concretar esa unificación electoral, el proyecto analizado contempla cláusulas transitorias que podrían extender excepcionalmente determinados mandatos legislativos y municipales elegidos en 2025 hasta 2031, con el objetivo de sincronizar posteriormente las elecciones provinciales y municipales.
Cambios en la Legislatura y la Justicia
La reforma también propone ampliar el período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial. El esquema estudiado plantea que la actividad parlamentaria se desarrolle desde el 15 de marzo hasta el 31 de diciembre, reduciendo de esa manera el actual período de receso legislativo.
En materia judicial, la iniciativa incorpora modificaciones relacionadas con el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal de Cuentas y los mecanismos de control institucional. Estos puntos formaron parte de las distintas reuniones realizadas por las comisiones de ambas cámaras.
El vicegobernador Ricardo Endeiza, uno de los principales defensores de la iniciativa, sostuvo que el objetivo general es fortalecer las instituciones y reducir la concentración de poder. También indicó que se pretende actualizar normas que fueron redactadas hace casi cuatro décadas y que hoy deben convivir con cambios tecnológicos y sociales que entonces no existían.
Entre esos nuevos desafíos aparecen cuestiones vinculadas con la protección de datos personales, inteligencia artificial, algoritmos y nuevas tecnologías. El proyecto también propone incorporar expresamente el hábeas data, el acceso a la información pública y principios de gobierno abierto y transparencia.
Capitales alternas y una Constitución adaptada a los nuevos tiempos
Otro de los puntos incluidos en las discusiones es la creación de capitales alternas en diferentes localidades del interior provincial. La idea es que, mediante una ley especial, determinadas ciudades puedan recibir periódicamente al Poder Ejecutivo y a su gabinete para desarrollar allí actividades institucionales.
También se evaluó modificar la fecha límite para que el Ejecutivo presente cada año el proyecto de Presupuesto Provincial, llevando ese plazo hasta el 30 de septiembre. Son modificaciones que, según los impulsores de la reforma, buscan actualizar el funcionamiento administrativo y político del Estado.
La discusión, sin embargo, no estuvo exenta de cuestionamientos políticos. Durante los meses previos surgieron críticas de dirigentes opositores y también diferencias dentro de espacios aliados al oficialismo sobre algunos puntos, especialmente en torno a la oportunidad de la reforma y el régimen de reelecciones.
El Gobierno de Claudio Poggi viene impulsando el proyecto desde la apertura de sesiones ordinarias del 1° de abril. Allí el mandatario anunció que enviaría la iniciativa a la Legislatura para iniciar el procedimiento previsto constitucionalmente y sostuvo que buscaba fortalecer la institucionalidad de los tres poderes del Estado.
Qué falta para que San Luis llegue a una Convención Constituyente
La media sanción del Senado es solamente una etapa del proceso. Para que quede declarada definitivamente la necesidad de la reforma, la iniciativa también deberá conseguir en la Cámara de Diputados la mayoría especial prevista para este tipo de decisiones. El procedimiento exige los dos tercios del total de miembros de cada Cámara.
Si Diputados completa la aprobación, la ciudadanía tendrá posteriormente un papel determinante. El esquema proyectado contempla una Convención Constituyente integrada por 52 representantes, elegidos por voto popular en los distintos departamentos de la provincia.
La previsión oficial es que esos convencionales sean elegidos durante las elecciones provinciales de 2027. Una vez constituida la Convención, solamente podrá discutir los temas que hayan quedado expresamente habilitados por la ley. Incluso tendrá la posibilidad de decidir que alguno de ellos finalmente no sea modificado.
Con la votación de este martes, San Luis quedó un paso más cerca de abrir uno de los debates institucionales más importantes de las últimas décadas. El próximo capítulo se jugará en Diputados y, si el proyecto consigue allí la mayoría necesaria, serán finalmente los ciudadanos quienes elijan a los representantes encargados de discutir cómo será la Constitución provincial de los próximos años.
Redacción InfoVidaSanLuis