La Provincia promulgó una ley que permitirá cobrarle al conductor que haya consumido alcohol o drogas los costos de la atención médica pública generados por un siniestro vial, tanto propios como de terceros afectados. Ahora resta la reglamentación para definir cómo se aplicará.
En San Luis ya fue promulgada una nueva ley que apunta directamente contra quienes conducen bajo los efectos del alcohol o estupefacientes y terminan provocando un accidente de tránsito. La medida establece que, en esos casos, el Estado podrá reclamar el dinero utilizado por el sistema público para atender a las personas involucradas.
La norma fue sancionada por la Legislatura provincial y posteriormente promulgada por el Poder Ejecutivo. Se trata de la Ley III-1204-2026, que incorpora un mecanismo de recupero de gastos de salud cuando se compruebe que el responsable de un siniestro conducía alcoholizado o bajo los efectos de drogas.
El cambio es importante porque hasta ahora la atención médica en hospitales públicos era afrontada por el Estado, incluso en situaciones originadas por conductas prohibidas al volante. Con la nueva legislación, esos costos podrán ser reclamados posteriormente al responsable.
La ley alcanza tanto a los gastos médicos del propio conductor como a los de las demás personas que hayan resultado heridas como consecuencia del accidente, siempre que se establezca legalmente la responsabilidad y se compruebe el consumo de alcohol o sustancias.
No alcanza con dar positivo en un control
La aplicación de la norma no será automática. Para que el Estado pueda iniciar el recupero de los gastos deberá existir un siniestro vial, comprobarse el consumo de alcohol o estupefacientes y acreditarse que hubo atención dentro del sistema público de salud de San Luis.
Además, la responsabilidad del conductor deberá quedar determinada por las autoridades correspondientes. Esto significa que no cualquier persona involucrada en un accidente tendrá que pagar, sino aquella cuya conducta quede comprendida dentro de lo establecido por la nueva ley.
Una vez reunidos esos requisitos, el Ministerio de Salud podrá calcular cuánto dinero demandó la atención médica brindada. Allí podrán incluirse consultas, estudios, medicamentos, internaciones, intervenciones quirúrgicas, insumos y otras prestaciones.
El valor de cada prestación se determinará tomando como referencia el Nomenclador Provincial de Salud, lo que permitirá establecer de manera formal cuál fue el costo que tuvo para el Estado la atención de cada persona afectada.
El conductor podría terminar con una deuda con el Estado
Uno de los puntos más fuertes de la nueva legislación es que, si el responsable no abona los gastos reclamados, la Provincia podrá avanzar con mecanismos legales para cobrar esa deuda.
La autoridad sanitaria tendrá la posibilidad de emitir una certificación de deuda que podrá convertirse en un título ejecutivo, lo que habilitará al Estado provincial a reclamar judicialmente el pago correspondiente.
En términos simples, una persona que maneje alcoholizada, provoque un choque y genere gastos médicos podría no solamente enfrentar las consecuencias viales, administrativas o judiciales del hecho, sino también quedar obligada a devolver el dinero que el sistema público destinó a las víctimas.
La medida busca que esos costos no terminen siendo absorbidos completamente por el Estado cuando el accidente haya sido provocado por una conducta expresamente prohibida.
Los hospitales seguirán atendiendo las emergencias
La nueva ley no modifica el derecho a recibir atención médica inmediata. Frente a una emergencia, los hospitales y centros de salud públicos deberán asistir a las personas involucradas sin importar su situación económica.
El cobro, en caso de corresponder, se realizará posteriormente. Primero se atenderá al herido y después se analizarán las circunstancias del siniestro, los controles realizados y la responsabilidad de cada conductor.
Este punto es clave para evitar confusiones: ninguna persona quedará sin asistencia por no poder pagar en el momento del accidente. El objetivo de la normativa es recuperar posteriormente determinados costos y no limitar el acceso a la salud.
Desde el Gobierno provincial se plantea que este mecanismo también permitirá preservar recursos del sistema sanitario público, especialmente frente a accidentes que podrían haberse evitado si el conductor hubiera respetado las normas.
Una medida que busca golpear donde más duele: el bolsillo
La aprobación de la ley introduce una consecuencia económica concreta para quienes decidan conducir después de consumir alcohol o drogas. Además de las multas, inhabilitaciones y posibles responsabilidades penales, ahora se suma la posibilidad de tener que afrontar una cuenta médica considerable.
En accidentes graves, donde existen internaciones prolongadas, cirugías, estudios de alta complejidad o múltiples personas heridas, el costo para el sistema público puede ser elevado. Con esta norma, parte de ese gasto podrá ser reclamado al responsable.
Para los conductores de San Luis y Villa Mercedes, el mensaje de la nueva legislación es claro: manejar alcoholizado y provocar un accidente ya no solamente puede terminar en una sanción, sino también en una deuda económica importante con el Estado.
La ley ya fue promulgada y el próximo paso será su reglamentación, donde se establecerán en detalle los procedimientos que utilizará la Provincia para calcular, notificar y cobrar los gastos generados en cada caso.
Qué cambia a partir de esta nueva ley
Hasta ahora, gran parte del costo de atención de los accidentes viales terminaba siendo cubierto por el sistema público provincial. Con el nuevo esquema, cuando se compruebe alcohol o drogas y exista responsabilidad, esos gastos podrán ser recuperados.
La medida busca generar mayor responsabilidad al volante, reducir conductas peligrosas y proteger los recursos que sostienen a hospitales y centros sanitarios de toda la provincia.
También apunta a reforzar el concepto de que conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias no pone en riesgo solamente al propio conductor, sino también a acompañantes, peatones y otras personas que circulan por la vía pública.
Con la promulgación de esta ley, San Luis suma una herramienta que endurece las consecuencias para quienes provoquen accidentes manejando alcoholizados o drogados: además de responder por el hecho, podrán tener que pagar de su propio bolsillo los gastos médicos que generen.
Redacción InfoVidaSanLuis