El exfuncionario formalizó su salida de la petrolera estatal mediante una carta enviada a la Secretaría General de la Presidencia en momentos en que la Justicia avanza con peritajes sobre el patrimonio de su entorno.
Manuel Adorni oficializó su dimisión como miembro del directorio de YPF, un puesto clave en la estructura corporativa de la compañía que desempeñaba desde los primeros días de enero del presente año. Esta desvinculación se concreta de manera posterior a su salida de la Jefatura de Gabinete de la Nación, configurando un repliegue absoluto de los principales lugares de la escena pública nacional. La determinación fue comunicada de puño y letra a la Secretaria General de la Presidencia de la Nación, Karina Milei, quien se encargó de elevar el acta correspondiente a las máximas autoridades de la firma hidrocarburífera para habilitar su tratamiento administrativo y aceptación formal.
El apartamiento definitivo del ex vocero presidencial se produce en un escenario de alta tensión debido al avance de una causa judicial enfocada en determinar un presunto enriquecimiento ilícito. En los tribunales federales de Comodoro Py se investigan detalladamente las declaraciones juradas y los movimientos financieros de su círculo íntimo tras una serie de denuncias sobre inconsistencias en la adquisición de bienes. Los peritos contables ordenados por el juzgado interviniente han comenzado a cruzar datos con los registros de la Administración Federal de Ingresos Públicos y el Banco Central para reconstruir la evolución patrimonial de los últimos períodos.
Uno de los hitos procesales más significativos de este expediente radica en la declaración testimonial brindada por el contratista Matías Tabar, quien resolvió entregar voluntariamente su dispositivo de telefonía móvil inteligente a los instructores del caso. Este aporte tecnológico contiene registros de mensajería, llamadas y material audiovisual específicos que, según la hipótesis que manejan los investigadores judiciales, actuarían como prueba documental directa sobre los supuestos retornos o direccionamientos de fondos públicos. Las pericias informáticas sobre este artefacto resultarán determinantes para establecer o descartar nexos de responsabilidad penal.
Ante la vacancia generada en la cúpula de la petrolera de bandera, el Gobierno nacional evalúa por estas horas perfiles de especialistas técnicos del sector energético para proponer el reemplazo formal en la próxima asamblea de accionistas de la firma. Desde el plano institucional se intenta llevar tranquilidad a los inversores y al mercado de valores para evitar que las derivaciones penales impacten negativamente en la cotización de los activos de la empresa en la Bolsa de Nueva York. El curso de la investigación criminal continuará con la toma de nuevas declaraciones indagatorias durante las semanas venideras en toda la provincia de San Luis y el resto del país.